Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, sindicato que representa a los empleados del sistema correccional y la Sociedad para la Asistencia Legal, se opuso hoy en el Senado, al plan de reorganización que consolida cinco agencias de seguridad al Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Plantearon que el plan trastoca las agencias que se pretende consolidar, no generará economías al erario y no propicia el derecho constitucional a la rehabilitación.

El presidente del Consejo de Modernización de la Rama Ejecutiva y secretario de Estado, Keneth McClintock, defendió la propuesta y dijo que no habrá despidos, reducirán gastos, y que proyectan economías millonarias.

"En realidad, es este plan el que decreta la burocracia del sistema correccional convirtiéndolo en un monstruo difícil de manejar, que no cumpliría con sus responsabilidades en ley y que pondría en peligro la seguridad de todos los puertorriqueños", dijo la presidenta de Servidores Públicos Unidos, Annette González, en una vista pública ante la Comisión de Gobierno del Senado.

El plan de reorganización número 8 propone consolidar, bajo la sombrilla del Departamento de Corrección, a la Administración de Corrección (AC), la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) y la Administración de Instituciones Juveniles (AIJ) y la Junta de Libertad bajo Palabra (JLBP), que será sustituida por un denominado Panel Adjudicativo para la Rehabilitación.