A dos meses de que se radicara una demanda de desahucio contra el Departamento de Educación por parte del propietario de dos edificios en los que alquilan varias oficinas en la zona de Hato Rey, la disputa no ha podido ser resuelta por el gobierno.

Según explicó este jueves el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, el problema que se enfrenta en la actualidad es que el Departamento de Justicia ha establecido ciertos criterios en la negociación que se realiza con el ingeniero Luis Rivera Siaca para evitar el desahucio que han trancado la búsqueda de una solución.

Más, sin embargo, la parte demandante emitió un comunicado de prensa en la que no hizo referencia a los señalamientos realizados por los funcionarios. Aluden a que se había fijado un compromiso ante el tribunal para pagar parte de la deuda al 30 de mayo y el mismo fue incumplido.

En sus expresiones públicas, realizadas durante una visita a la escuela Manuel Elzaburu y Vizcarrondo de Santurce, Ramos Parés detalló que no se ha tranzado la demanda, debido a que existen unas alegadas “reservas dentro de ese acuerdo, por si hay reclamaciones futuras por parte del estado (para el recobro de dinero pagado de manera indebida). Son unas condiciones que son legítimas. Esto es lo que no es aceptado por el dueño del edificio y provoca que recientemente ellos nos contesten y nos digan ‘no estamos de acuerdo con el lenguaje de la transacción, vamos a proceder con la solicitud de deshaucio’”.

De inmediato, el mandatario dijo que, “como pueden ver, eso es un asunto bien complejo y eso está en los tribunales y serán los tribunales los que tienen la última palabra. Siempre se puede tratar de llegar a un acuerdo. Es extrajudicial. Pero, la Junta de Supervisión (Fiscal) tendría que aprobarlos. Estos son asuntos que no se resuelven de un día a otro. Lo importante es que el Departamento continúa operando y puede haber cualquier reclamo de la parte del arrendador, pero es el tribunal, el que tendría la última”.

La solicitud de desahucio contra Educación fue presentada a finales de marzo, ya que la agencia le adeudaba a Rivera Siaca desde junio de 2021 hasta esa fecha unos $4,658,457.70 por el alquiler de varias oficinas del edificio que fue la antigua sede de la agencia y que en la actualidad es la sede del Departamento de Corrección y Rehabilitación, así como por un anexo. Ambos edificios están ubicados en la Urbanización Industrial Tres Monjita, en Hato Rey.

En estas oficinas, Educación tiene el Centro de Informática y la Oficina Central de Recursos Humanos, así como la región educativa de San Juan.

Ramos Parés informó que, pese a que Rivera Siaca ha insistido en los tribunales que se ejecute el desahucio al no haberse logrado un acuerdo, la agencia busca la manera de proseguir con un pacto en el que se le pague lo adeudado.

“Todavía, verdad, las puertas y la comunicación están abiertas. Ya yo di instrucciones para trabajar sobre el lenguaje de la estipulación para ver si podemos tener algo que preserve los derechos del dueño del edificio e igualmente del Estado a través del Departamento de Justicia, en caso de que surja la oportunidad de reclamar aquellos pagos que fueron indebidos”, dijo.

Asimismo, el secretario informó que han buscado opciones para mover las oficinas que están en la propiedad del demandante, si finalmente son desahuciados. Pero, aludió a que insistirán de lograr una transacción que les permita permanecer allí.

Mientras, el comunicado remitido por Rivera Siaca expone que el pasado 15 de mayo hubo una vista en la que Educación reconoció una deuda de $3,031,789.96 por concepto de renta atrasada, que debía pagarse en o antes del pasado martes.

“A pesar de haber informado al tribunal que estarían realizando el pago en o antes del término dispuesto, el DE volvió a incumplir con su responsabilidad fiscal, esta vez con sus propios actos y con el Tribunal, quedando demostrado y al descubierto el problema grave de administración que arropa a la agencia”, se informó.

Añade que “mediante moción presentada el 30 de mayo al Tribunal, la parte demandante le informó al foro judicial del incumplimiento y solicitó a la honorable juez ordenar el desahucio del departamento de las instalaciones donde laboran cientos de empleados públicos. La honorable juez atendió de forma expedita la moción radicada y le concedió al DE un término de cinco días para expresar y exponer su posición”.

La disputa del uso de estas oficinas por parte de Educación va más allá de que desde junio de 2021 no se ha emitido ningún pago. Se trata de una investigación criminal que encabeza el Panel Fiscal Especial Independiente contra el exsecretario de Educación, Eligio Hernández, y varios exfuncionarios de la agencia por haber realizados unos supestos pagos de arrendamiento a Rivera Siaca cuando el contrato estaba vencido.

La investigación de Justicia apuntó a que en el periodo que comprende de junio de 2019 a enero de 2021, el Departamento de Educación efectuó pagos ascendentes a $4,754,014.81 a favor del ingeniero Rivera Siaca, a pesar de que había vencido el contrato de arrendamiento de dos propiedades, conocidas como la Vieja Sede y el Anexo.

Se puede presumir que es el recobro de este dinero el que Justicia busca salvaguardar en medio de la negociación que se realiza con Rivera Siaca para evitar el desahucio.