Cayey. A dos meses de las elecciones generales, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) está lejos de estar preparada para enfrentar estos comicios del 5 de noviembre.

Todavía no se ha aprobado el Reglamento de las Elecciones; el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) están próximo a presentar pugnas en los tribunales, no han llegado las 13 máquinas que se alquilaron a Dominion Voting Systems para el conteo rápido de votos, hay diferencias sobre la cantidad de centros de votación que se deben abrir, se registran problemas en la inscripción de nuevos electores, no se han removido a todos los fallecidos de las listas electorales, mientras se recrudece la controversia sobre cómo se están movilizando los políticos para conseguir el voto adelantado de los adultos mayores.

Entretanto, la CEE tuvo que retrasar por casi un día la impresión de 10 millones de papeletas que se usarán en esta elección general, debido a que se decidió a última hora que el proceso que realizará la imprenta Printech debía contar con maquinarias para contabilizar las papeletas.

Estas complicaciones se dieron a conocer este jueves, en una conferencia de prensa que citó la CEE en la imprenta, localizada en Cayey.

Este proceso de impresión de papeletas, que debía haber empezado este jueves, a las 2:00 p.m., no enfrentó mayores controversias entre los comisionados electorales del PNP, Aníbal Vega Borges; del PPD, Karla Angleró González; del Movimiento Victoria Cuidadana (MVC), Lillian Aponte Dones; del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte y de Proyecto Dignidad (PD), Juan Manuel Frontera Suau. Sin embargo, estos dieron a conocer el listado de las “preocupaciones” ante el cercano proceso democrático.

“Siempre está la preocupación de que la elección corra con las menores intervenciones o lo menos atropelladamente posible, y ese es el trabajo de todos nosotros, lograr que estas elecciones corran. Cuando nosotros traemos la preocupación de algunas circunstancias o situaciones que hay, lo traemos con la convicción de que el país tiene que conocer dónde estamos para nosotros tomar como Comisión, dentro de lo que nos toca a los partidos, tomar las determinaciones que tomamos, y fiscalizar de la manera que tengamos que fiscalizar”, explicó Frontera Suau a modo de justificar los señalamientos que se dieron a conocer sobre los preparativos de las elecciones.

Fue la propia presidenta de la CEE, Jessika Padilla Rivera, quien informó que la pieza más importante de las elecciones, el reglamento en el que se regirán para orquestar todo este evento, no está listo.

No obstante, la funcionaria indicó a preguntas de Primera Hora que el hecho de que no haya un reglamento aprobado, supuestamente, no ha retrasado los trabajos que se realizan en pro de estas elecciones.

“El reglamento del voto ausente y voto adelantado está aprobado. Estamos trabajando con el desacuerdo que hubo en el reglamento de elecciones generales. He informado que hay asuntos que inciden directamente con los trabajos que se están haciendo ahora y eso lo hemos solventado con instrucciones puntuales y directas para que no se atrasen los trabajos”, señaló.

De inmediato, la presidente no informó para cuándo estará aprobado el reglamento que se utilizará para estas elecciones.

Mientras se atiende los desacuerdos que han retrasado esta aprobación, los comisionados del PNP y el PPD señalaron malestar con decisiones tomadas por mayoría en la Comisión. Anunciaron que esperan radicar pleitos en los tribunales lo antes posible. La dirección a la que se enviarán las papeletas para el voto adelantado son el eje principal de la controversia.

En las posturas presentadas, Vega Borges busca que las papeletas del voto adelantado lleguen a la dirección que el elector especifique sin tener que alterar su registro electoral, mientras la comisionada del PPD busca que se le permita a los envejecientes que están en una égida recibir la papeleta a esta dirección y no a la que se alude en el registre como su domicilio.

Ante la controversia, la presidente de la CEE dejó claro que “la resolución (que atiende el asunto de las direcciones) no es ambigua. La resolución, la primera que se emitió tenía unas instrucciones que se prestaron a distintas interpretaciones. Yo enmiendo la resolución para clarificar que el elector que solicite el voto adelantado o ausente que tenga la expectativa que la solicitud de ese voto está colocando una dirección postal distinta a la que hay en el registro general de electores, tiene que hacer la corrección primero, bien sea en el registro general de electores, bien sea a través de una junta de inscripción permanente o a través de la plataforma eRE (Registro Electrónico de Electores)”.

Sobre las 13 máquinas que se alquilaron a Dominion para el conteo rápido de voto, conocidas como ICC, Padilla Rivera aludió que estas llegarían a la Isla en o antes del 4 de octubre. Pero, alegó que el no contar con ellas no afectan, por ejemplo, la impresión de papeletas, ya que tendrán la misma programación de otras dos con las que ya cuenta la CEE y que se utilizarán para contabilizarlas una vez sean impresas.

¿Cojos de centros para votar?

Vega Borges sacó a relucir su inconformidad con la decisión de la Comisión de, presuntamente, no abrir todos los centros de votación necesarios para recibir los 1.4 millones de electores que promedió acudirán este próximo 5 de noviembre a las urnas. Alertó de que se podrían generar largas filas para acudir a votar.

“A mí me preocupa la cantidad de colegios que se ha determinado, porque yo entiendo que 3,500 colegios no son suficientes y eso va a crear unas largas filas. Para mí, el número ideal debe ser de 4,300 a 4,500″, sentenció.

De inmediato, surgió la duda de si los partidos de minoría podrían contar con la cantidad de funcionarios necesarios para trabajar en todos estos colegios. Vega Borges despachó la preocupación al establecer que “no van a tener problemas si están las máquinas, y las máquinas son prácticamente las que están contando”.

Mientras, la comisionada del MVC estableció que si el pueblo quería unas elecciones democráticas debía participar de las mismas y hacerse disponibles como funcionarios de colegio.

“Para que este proceso se lleve a cabo de una manera transparente y viable, es que los electores y las electoras se deben hacer cargo de su proceso electoral”, afirmó Aponte Dones.

Entretanto, el comisionado del PIP tronó contra la CEE por comenzar un proceso tardío de inscripción de jóvenes en escuelas y universidad. Fue más lejos al denunciar que han rechazo los pedidos de universidades de hacer segundas rondas de inscripciones, como por ejemplo del Recinto de Mayagüez (RUM) y el Recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico.

La presidenta de la CEE se limitó a rechazar que se estén estableciendo límites de horas para atender a los ciudadanos en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP). Mientras, dijo que buscan solución a los problemas que han enfrentado con el sistema eRE para las nuevas inscripciones. Señaló que han dado instrucciones para añadir más números electorales una vez se terminen los 5,000 números que se tienen disponible en este sistema electrónico y que buscan la manera en programación de aceptar ciertas fotografías que el sistema rechaza. Pero, hizo la salvedad que las personas deben cooperar al evitar, por ejemplo, subir fotografías mientras están en los baños o acompañados de un grupo de personas, como alegó ocurre.

Aponte, sin embargo, tronó con muchas de las reglas y problemas que se han impuesto en este proceso de inscripción, que culmina el próximo 21 de septiembre.

“Esto es un servicio a una persona que cumple 18 años, un derecho constitucional a que se le inscriba. Y aquí están hablando de las fotos, la prioridad es que ese ser humano de 18 años se inscriba. Bregamos con las fotos después, y hemos presentado propuestas, varios de nosotros, de una alternativa para bregar con las fotos después”, indicó.

Sin depurar las listas

En cuanto a la remoción de las listas electorales de los fallecidos, la comisionada del PPD informó que fue un proceso que se inició en marzo pasado y que no ha culminado aún. Está en manos de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS).

El comisionado del PD indicó que se ha registrado un avance, pues de 30,000 fenecidos que se creía que había en el sistema, faltan de verificar unos 15,520 adicionales.

“Es un número, verdad, sustancial y con el corto tiempo que hay, pues es preocupante y se le está poniendo el esfuerzo”, indicó Frontera Suau.

Por último, como parte de la conferencia de prensa salió a relucir una denuncia que realizó el MVC contra el alcalde novoprogresista de San Juan, Miguel Romero, debido a que su grupo político se ha movilizado a los hogares de adultos mayores para promover el voto adelantado.

La denuncia principal alude a que a los envejecientes se le solicita tanto su correo electrónico como su clave o password. Padilla Rivera desautorizó estos esfuerzos.

“Nuestros oficiales de inscripción no visitan ningún lugar, ni égida, ni hogares de envejecientes, ni casas de ningún residente particular para entregar una solicitud y requerirle mucho menos información confidencial. El correo electrónico es confidencial. El password o esa contraseña de igual manera es confidencial. No avalamos ni apoyamos ninguna conducta o práctica dirigida a esa solicitud sin la autorización del elector y mucho menos sin su consentimiento. El voto adelantado y el voto ausente es derecho del elector. Él es quien lo solicita. No es derecho de ningún partido ni de ningún candidato el voto ausente y adelantado”, precisó.

La comisionada del MVC aludió a que estas alegadas acciones representan un delito federal y que podrían tomar acciones para detener la práctica. Mientras, Vega Borges llamó a que presenten evidencias de las presuntas irregularidades, pues a su juicio Romero “no es una persona que incita a la violación de ley ninguna y mucho menos a la violencia”.