El 11 de abril de 2024, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) dio a conocer uno de los proyectos de mayor envergadura que acogerían: el cambio de los contadores mecánicos al contador ultrasónicos con infraestructura de medición avanzada.

Casi un año ha pasado y el progreso de este proyecto, que sería pagado con fondos federales, es desconocido.

Primera Hora solicitó en dos ocasiones entrevista sobre el tema, pero ha sido negada.

Funcionarios de prensa del nuevo gobierno de Jenniffer González Colón han estipulado que esperan por la nueva designación del presidente de la corporación pública, pues la actual titular, Doriel Pagán, se retirará del cargo el próximo 28 de febrero.

Para indagar en el progreso alcanzado, este diario se comunicó con el presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA), que cobija a los empleados de la AAA, José Maldonado. Su respuesta fue que los contadores y todos los demás procedimientos de la corporación están detenidos desde el periodo eleccionario.

“Está detenido todo y, desde las elecciones para acá, ni se diga. No se mueve nada”, denunció Maldonado.

“Lo que está detenido, por orden de la gobernadora, son transacciones, endeudamiento. Está detenido desde las elecciones para acá por orden de la gobernadora”, añadió.

A la lista incluyó que no se están realizando desde noviembre pasado transacciones internas, reclutamientos o pagos a la unión de casos que han ganado.

La situación es tal, según denunció el líder del gremio, que paralizaron hasta el trabajo en la imprenta.

“El impreso de los documentos lo mandaron a detener porque, aparentemente, van a cambiar el logo (de la AAA). Así está todo aquí y, aparentemente, estará así hasta el 28 de febrero, que es hasta cuando estará la presidenta. Es lo que se ha escuchado. Y el personal, aparentemente, va a ser removido todo directivo a nivel Isla”, alegó.

Maldonado señaló que la falta de movimiento los tiene preocupados.

“No es beneficioso tener el estancamiento que tenemos desde las elecciones para acá”, sostuvo.

Señaló que se comunicó con Oscar Ramos, quien era legislador y está a cargo de ser el contacto entre las uniones obreras y La Fortaleza. Alegó que este le dijo que pronto habría un nombramiento.

“Esperamos que en marzo la cosa se empiece a mover”, fue lo que auguró el líder sindical.

En cuanto a los contadores inteligentes, Maldonado no cree que haya la urgencia que se alegó había en abril pasado para realizar el proyecto. Dijo que esto se demostró cuando se dejó pasar el tiempo desde abril a noviembre sin realizarse ningún progreso y, luego, al paralizarse todo el proceso.

Explicó que los contadores mecánicos funcionan bien si se cambian con regularidad. No obstante, aceptó que los tres contadores ultrasónicos que se ponen a prueba desde mediados del pasado año en varias zonas de Guaynabo han demostrado que son “bastantes certeros” en determinar el consumo de agua potable.

Lo más que destacó es que el cambio no llevaría a la Autoridad a despedir a los “levanta tapas”, como les llamó a los empleados unionados que se dedican a hacer la medición del consumo casa a casa. Informó que existe un acuerdo para reubicar a estos trabajos en nuevas funciones.

El cambio de contadores de la AAA se daría gracias a una asignación de $711 millones de la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) le dará a la AAA para modernizar su operación.

Al anunciar el proyecto, los beneficios que se destacaron que traerían a los clientes serían los siguientes: lectura más precisa y confiable, datos precisos de consumo en tiempo real, reducción de pérdidas, monitoreo continuo del agua para identificar irregularidades en flujo y presiones, entre otros.

Pero, durante las vistas de transición entre el gobierno de Pedro Pierluisi y el de González Colón, el equipo de la gobernadora levantó bandera sobre el proyecto, pues alegaron que aumentaría el cobro a los abonados. Aludieron a que el impacto en el bolsillo de los consumidores sería de entre $92 a $97 millones anuales.

“En el plan fiscal de la Autoridad, por ejemplo, se establece que anualmente va a ser $95 millones el impacto en los ingresos de la corporación, que van a terminar saliendo del bolsillo de los consumidores. Es importante que esa información sea divulgada para que todos los consumidores sepan eso y tengamos el conocimiento de que estos contadores tienen sus cosas positivas, pero va a representar un aumento”, manifestó en diciembre pasado el abogado Oriol Campos.

El pasado secretario de Estado, Omar Marrero, aclaró que ese aumento en la captación económica se debe a que los viejos contadores no reflejan el uso real de los galones de agua y que con los nuevos contadores se evitaría el hurto del líquido.