El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) no pudo precisar este viernes a una comisión legislativa el estado en que se encuentran las colecciones históricas del Archivo General de Puerto Rico y la Biblioteca Nacional, tras la crisis de mantenimiento, falta de energía eléctrica y climatización que sufrió el edificio por las lluvias del pasado 27 de octubre y que todavía mantiene cerradas las instalaciones públicas.

En una vista pública ante la Comisión de Educación, Arte y Cultura y de la Cámara de Representantes, la archivera general de Puerto Rico, Hilda Ayala González dijo que en los días en que hubo altas temperaturas no hubo un daño “extraordinario” a las colecciones, pero reconoció que en este momento la institución no tiene los elementos de juicio y de peritaje para determinar si las colecciones fueron afectadas o no.

“Nosotros hemos pasado por una diversidad de situaciones previas a las que nos encontramos en este momento en donde las colecciones pudieron haber sufrido muchos daños. Nosotros no tenemos una documentación previa a este incidente que nos deje saber cuál era el estado de todas las colecciones de nuestro edificio para conocer si hay una comparativa antes y después de la emergencia”, sostuvo Ayala González a preguntas del portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón.

“Una de las primeras tareas que vamos a realizar cuando se reintegre el personal es que vamos a levantar esos datos sobre el estado de la colección. Para mí es bien importante yo poder documentar cómo se encuentran las colecciones en estos momentos”, sostuvo Ayala González, quien dirige el Archivo General desde julio de 2020.

Sostuvo que aunque tienen inventarios de las colecciones, no todos “están procesados por la falta de personal”. Recordó en 2017 el ICP sufrió una fuerte reducción presupuestaria.

La funcionaria no precisó tampoco cuándo el edificio reabrirá al público y dijo que los empleados regresarán próximamente, pero no anticipó fecha.

Ayala González detalló que el pasado 3 de enero iniciaron los trabajos de limpieza y asperjación para eliminar “la mayoría” de las esporas de hongo en el ambiente. Dijo que las colecciones serán limpiadas sin utilizar químicos y solo aspiración con filtro HEPA o alcohol isopropílico, de ser necesario. En cuanto al edificio principal, los trabajos de limpieza y asperjación finalizaron el 15 de enero y se encuentran en espera de culminar la limpieza de los depósitos de colecciones documentales.

Según la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el ICP recibió el 30 de noviembre de 2023 una reprogramación de fondos por la cantidad de $419,864 para atender los daños recibidos. El ICP solicitó durante el mes de enero otra reprogramación de $212,000 para continuar atendiendo la emergencia, los cuales fueron autorizados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) mientras transcurría la vista pública.

Ayala González afirmó que esta última partida de fondos será utilizada, específicamente, para extender el uso del transformador alquilado por el Archivo General, que alcanza $42,000 mensuales. La archivera estimó que el dinero será suficiente para alquilar el transformador por cinco meses, por lo que necesitarán hacer una nueva solicitud de fondos, mientras que la compra de un nuevo transformador podrá demorar más de un año. Sostuvo que la solicitud de fondos aún no ha sido emitida debido a que aún se encuentran recogiendo información pericial de distintas compañías para obtener una descripción y cotización del equipo.

Ángel Figueroa Jaramillo, coordinador del Programa de Solidaridad Utier (Prosol Utier), que reúne a los trabajadores del ICP, dijo por su parte, que el ICP no les ha proporcionado información sobre el estado de las colecciones, procesos de limpieza, “ni puede asegurarnos una fecha próxima para el regreso de los trabajadores”.

“Se ha negado hasta que el Comité de Salud y Seguridad compuesto por ambas partes (el ICP y ProSol) realice una visita e inspección ocular de las condiciones del lugar para poder analizar si están aptas o si los procedimientos que se llevan a cabo cumplen con las condiciones seguras para la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras”, dijo el líder sindical.

Figueroa Jaramillo sostuvo que los esfuerzos de rehabilitación en el Archivo General y la Biblioteca Nacional no resolverán los graves problemas estructurales que afectan al edificio. Indicó que los trabajos actuales son un “parcho temporero” y que la inversión previa de $56 millones en un edificio que no está diseñado para ser un archivo “no es sostenible” para realizar las labores programáticas necesarias para proteger los documentos en sus diversos soportes.

“El orden de los trabajos es crucial porque sabemos que aún no se han reparado las torres de enfriamiento, y el uso del ‘chiller’ (enfriador) rentado no es suficiente para la climatización necesaria para proteger el esfuerzo de limpieza que se está llevando a cabo en estos momentos”, dijo.

Por su parte, la empresa LUMA Energy, representada por el licenciado José Pérez Vélez, dijo que la subestación interna que brinda energía eléctrica al Archivo General carecía de mantenimiento, razón por la cual el servicio no se pudo restablecer en el edificio el día de la emergencia, mientras que al resto del área sí regresó.