El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y el representante independiente, Luis Raúl Torres Cruz, intercambiaron acusaciones hoy por el encaminado proceso que busca la privatización total de la energía eléctrica en el país.

Entre tanto, los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Cámara y Senado, Denis Márquez Lebrón y María de Lourdes Santiago Negrón, acusaron a los presidentes de las cámaras legislativas de entregar “lo que quedaba en manos públicas” de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al tiempo que alertaron de más aumentos tarifarios con el proceso que busca poner en manos privadas la generación.

También auguró más alzas en las facturas de la luz, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo.

“Don Tatito Hernández: Aquí el único que cambió posturas fue usted. Y mi diferencia en esos asuntos los conoce claramente usted y el País. El que dijo que no había transparencia y que no se debía aprobar la APP (Alianza Público Privada) de generación en agosto del 2022 fue usted y se lo hizo creer a la Alianza de las Comunidades”, sostuvo el representante Torres Cruz.

Acusó al líder cameral y al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, de actuar en contra de la Asamblea de Reglamento del Partido Popular Democrático (PPD) de no aprobar más privatizaciones de servicios esenciales.

“No puedo entender a los que cambian de posturas constantemente”, sentenció Torres Cruz, quien luego que se dio a conocer el domingo la votación unánime a favor de la privatización de la electricidad en la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, con el voto de los representantes del interés público, acusó a los líderes legislativos de haberle dado la espalda al pueblo.

“Su reclamo filosófico es para las gradas, dado a que usted ni ningún otro compañero del PPD en Cámara y Senado ha radicado legislación para eliminar la participación y evaluación de los representantes del interés público en la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP). Por el contrario, solo ha radicado legislación para mantener la política pública vigente”, ripostó Hernández Montañez.

“Usted tiene que aprender a respetar la diversidad de ideas, pero no hacia un solo lado. Tampoco es responsable su costumbre, a través de toda su carrera política, de levantarse e irse cada vez que difieren de una postura suya. Ya lo conocemos”, dijo en alusión a la desafiliación de Torres Cruz del PPD en mayo de 2022.

Hernández Montañez reclamó que favorece que “cualquier ahorro alcanzado represente o se refleje, a su vez, en una reducción de la tarifa en las facturas de energía eléctrica, que ninguna APP que viabilice la generación de energía eléctrica a través de operadores privados debe representar o arriesgar los empleos ni beneficios de empleados públicos y que ningún contrato resultante podrá servir de subterfugio para la contratación de socios, aliados, subsidiarias ni entidades ligadas a la compañía operadora.

“La rendición de cuentas, el acceso a la información y métricas relacionadas al desempeño del contrato deben garantizársele a la Asamblea Legislativa de manera transparente. Las extensiones y acuerdos posteriores deberán contar con la aprobación del interés público, según lo requiere la Ley”, alegó el líder cameral.

Mientras tanto, los legisladores del PIP condenaron el voto a favor en la Junta de las APP de los representantes del liderato legislativo, Eduardo Ferrer Ríos y Liza Ortiz Camacho, y cuestionaron si representa el parecer de la mayoría de las legisladores en ambas cámaras.

“Tras la nefasta experiencia con LUMA, el país no puede seguir pagando el precio de la imposición del neoliberalismo rojo y azul. LUMA ni siquiera existía: es un engendro de la agenda privatizadora de dos partidos políticos, los mismos que llevaron a la AEE a la quiebra y la contaminaron con su incompetencia y politiquería. Con el historial de quienes estarán dirigiendo el proceso, no hay razón para pensar que la empresa que asuma la fase de generación resulte menos desastrosa”, denunciaron en una declaración conjunta los legisladores pipiolos.

Indicaron también que la privatización aprobada es contraria a la posibilidad de que en el futuro previsible Puerto Rico pueda experimentar la transformación a fuentes energéticas renovables. Dijeron que “Puerto Rico estaría condenado a continuar quemando gas -además de petróleo y carbón- por mucho más tiempo, con las consecuencias negativas que ello acarrea”.

“Según hemos sido testigos de ese 120% de incremento en nuestras facturas de electricidad con LUMA, es anticipable que el privatizador de la generación solicitará que le aprueben más y más fondos, porque con lo que le asignaron en principio ‘no podrán operar’. Será el pueblo quién a través de aumentos en el costo de la energía, cargará con ese costo”, expresaron.

Figueroa Jaramillo, por su parte, indicó que se prevén aumentos tarifarios como ha ocurrido con LUMA Energy, que ha solicitado siete alzas desde que entró a encargarse de la transmisión y distribución de la energía eléctrica.

“Estas compañías privadas hacen negocios para ganar. Cuando vean que están perdiendo dinero harán como ha hecho LUMA ya en siete ocasiones, pedir aumentos en la factura”, sostuvo el líder sindical, quien también tronó contra los líderes legislativos, a quiénes llamó “traidores y cómplices del desastre”.