El gobernador Pedro Pierluisi afirmó que no tiene intención de solicitar a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reconsiderar la orden de que la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) se desligue de toda la logística de almacenaje y distribución de vacunas contra el COVID-19, aun cuando el Departamento de Salud no ha explicado categóricamente cómo se cubrirán las 58 rutas diarias para llevar el producto a cerca de 1,000 proveedores alrededor de la isla y cómo se salvaguardará la refrigeración adecuada de las dosis que requieren temperaturas ultrafrías.

“No tengo intención de hacer eso porque, otra vez, esa función que llevaba a cabo la Guardia Nacional cesó hace un tiempo atrás y no afecta el manejo de la pandemia que estamos llevando a cabo. No he conversado sobre ese punto particular con la Guardia Nacional... desde mi punto de vista no es necesaria esa petición de revisión”, expresó.

El Primer Ejecutivo insistió en que el contrato renovación de la GNPR con los CDC para almacenar y distribuir las miles de vacunas que llegan semanalmente a la isla culmina el 9 de diciembre. Además, pareció confundirse pues interpretó que el mandato del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se limita exclusivamente a que el cuerpo militar no pueda inocular a ningún ciudadano, una gestión que había disminuido hace unos meses y que se concentraba en inmunizar a personas encamadas y empleados del gobierno federal. Se estima que los soldados estaban vacunando unas 300 personas semanalmente, una cifra muy distante a las miles de inoculaciones que hacían en el mismo periodo en las primeras fases del proceso.

Primera Hora insistió en conocer cuál es el plan del gobierno para garantizar que la logística de almacenaje y entrega de miles de vacunas continúe llevándose a cabo de la manera en la que lo hacían cientos de soldados a través de 58 rutas establecidas alrededor de la isla. Además, la mayoría de las vacunas que llegan a Puerto Rico se conservan en unos refrigeradores especiales que la GNPR adquirió exclusivamente para apoyar a la isla en el proceso de vacunación. Al momento, no se conoce alguna falla de la GNPR respecto al manejo y distribución de las vacunas. Proveedores privados contratados directamente por el gobierno federal -incluyendo a una cadena de farmacia- sí han tenido varios tropiezos incluyendo inoculación errónea a menores de edad. En cambio sus contratos continúan vigentes.

Lo que trascendió ayer fue que efectivo al 6 de diciembre los CDC retiraron la autorización a la GNPR como proveedor de las vacunas conra el COVID-19 por haber violado disposiciones del acuerdo al inocular a menores de 12 años, cuando aun este grupo poblacional no estaba autorizado por las entidades pertinentes.

“Esta acción viola, como mínimo, las disposiciones de acuerdo entre proveedores de los CDC”, se advierte en la carta en la que se indica que se proveerán instrucciones para que se entreguen las dosis que queden bajo posesión de la Guardia Nacional. Además, se le orienta a la Guardia Nacional y al Departamento de Salud a que tiene 14 días para responder a la acción remediativa de los CDC. Una vez recibida cualquier alegación o explicación de lo acontecido, la autoridad federal emitirá un informe final en 30 días.

“La información que me h allegado es que ha cambiado el periodo de refrigeración de estos medicamentos... es más corto para la mayoría de las vacunas y ya Salud tiene suficientes recursos para atender la situación y no tengo porque dudar esa afirmación”, dijo Pierluisi.

Sostuvo que si en el futuro surgiera la necesidad de recurrir nuevamente a la Guardia Nacional, solicitaría el apoyo.

De hecho, el mandatario elogió la labor del ayudante general de la GNPR, José Reyes, y reconoció que gracias al esfuerzo de los soldados se “salvaron cientos de vida”,

“Tengo que felicitar a la Guardia Nacional por su rol al combatir esta pandemia. La realidad es que vacunaron a más de 600 mil personas por todo Puerto Rico y salvaron cientos de vida”, acotó.

Agregó que en las operaciones de emergencia “siempre ocurren errores” y atribuyó los hechos como unos “aislados”.

La iformación que tengo es que la Guardia Nacional actuó de buena fe, pero sí se malinterpretaron las guías aplicables... y estamos hablando de alrededor de 70 niños que fueron inoculados, vamos a decir, antes de tiempo”, mencionó al destacar que el Ayudante General “asumió responsabilidad desde el primer día”.

Desde que comenzó el proceso de vacunación contra el COVID en Puerto Rico, en diciembre de 2020, la Guardia Nacional jugó un papel protagónico vacunando a unas 650,000 personas e instalando 14 centros de inoculación entre estos, unos de inoculación masiva en San Juan, Bayamón, Ponce, Mayagüez y Arecibo.

El personal de la organización militar tuvo a su cargo, entre otras tareas, de inmunizar a más de 56,500 personas del Departamento de Educación. Asimismo, desde la Guardia Nacional lideraron esfuerzos de inoculación en hogares de personas de edad avazanda a través de más de 30 municipios. También tuvieron la responsabilidad de vacunar en las primeras etapas a personas mayores de 65 años, primeros respondedores y profesionales de la salud de toda la isla. En la actualidad, solo tenían la asignación de poner el refuerzo de vacunas a encamados, policías y empleados del gobierno federal.

La Guardia Nacional también participó en operaciones de cernimientos de COVID-19 y rastreo a los viajeros que arriban al aeropuerto Luis Muñoz Marín y otros puertos y aeropuertos de la isla. En una entrevista reciente con Primera Hora, el ayudante general José Reyes, dijo que a través de la Guardia Nacional se llegaron a realizar sobre 200,000 pruebas de detección del virus.

Pierluisi destacó que la Guardia Nacional continuará con la misión en el aeropuerto.