A pesar de que su presupuesto operacional aumentaría el año próximo, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) todavía requeriría una asignación de casi $1.5 millones adicionales para cubrir gastos que le permitan funcionar efectivamente.

Solo así podría agilizarse la preparación de informes forenses y atenderse otras áreas relacionadas con la investigación de casos criminales a cargo del ICF, señaló este jueves la doctora Edda Rodríguez Morales, directora ejecutiva de la entidad pública.

Durante las vistas de la Comisión senatorial de Hacienda y Finanzas Públicas, Rodríguez Morales indicó que solicitó el reclutamiento de 56 puestos periciales adicionales, de los cuales cuentan hoy con 24. Para cubrir el remanente, según dijo, necesitarían identificar alrededor de $1.3 millones más de los recomendados para el año fiscal 2014-2015.

"(Si no se consiguen los fondos), tendríamos que seguir utilizando los peritos para que generen los informes, y eso es lo que les está consumiendo tiempo en estos momentos, aparte de las visitas a los tribunales. Si no tengo suficiente personal para análisis, y lo utilizo para generar informes que tienen, por ley, que ir a los tribunales, el tiempo de trabajo disminuye", comentó la titular del ICF en un aparte con este medio.

Explicó que la preparación de los informes corresponde a los empleados administrativos, y también necesitan reclutar 22 funcionarios en esos puestos. Esos casos se trabajan mediante propuestas ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) a través de la Ley 52-1991, que creó el Fondo para el Fomento de Oportunidades de Trabajo.

El presupuesto consolidado del ICF para el próximo año fiscal asciende a $20.9 millones, de los cuales cerca de $17.2 millones provienen de la Resolución Conjunta del Fondo General. Esa partida contiene $938,000 más que el presupuesto vigente, y Rodríguez Morales precisó que se trata de recursos relacionados con el reclutamiento del nuevo personal.

"El reclutamiento de este personal técnico y pericial es uno muy complejo, además, requiere de diversos adiestramientos, de manera que dichos profesionales sean adecuadamente capacitados", afirmó Rodríguez Morales.

"Para poder tener un ritmo de resultados cónsono con las exigencias del sistema de justicia criminal y de nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico, es necesario darle continuidad a estos empleos", subrayó.

De igual modo, la directora ejecutiva del ICF indicó que durante el presente año fiscal recibieron una asignación de $1.5 millones para la compra de equipo, que casi en su totalidad fueron destinados al laboratorio de criminalística para las áreas de ADN, evidencia digital y análisis de armas de fuego.

Sin embargo, el equipo adquirido emplea unos gases especiales, y Rodríguez Morales advirtió que la partida para materiales y suministros, de la que provendrían esos dineros, sufrió una reducción de $71,000.

"Necesitaríamos que revisen esa partida porque, a mayor cantidad de equipo, más cantidad de materiales y suministros para la evaluación de evidencia", dijo a preguntas del senador popular José Nadal Power, presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas.

Víctor Dekony, director auxiliar de administración del ICF, estimó que haría falta identificar $140,000 más el próximo año fiscal para suministros y materiales.

La directora ejecutiva del ICF compareció junto al superintendente de la Policía, coronel José Caldero López, y el renunciante rector del Colegio Universitario de Justicia Criminal, Guillermo Torruella, quienes al igual que hicieron la semana pasada en las vistas de la Cámara de Representantes, advirtieron sobre los gastos adicionales recurrentes que conllevará la implementación de los acuerdos que forman parte de la Reforma de la Policía.

En el caso de la Policía, el costo de la reforma se estima en unos $20 millones anuales más a lo largo de una década, y aunque Torruella no especificó el monto que correspondería en el colegio universitario, dijo que el presupuesto recomendado contiene $565,000 para servicios profesionales y consultivos relacionados con el personal contratado que trabaja en los planes de reforma.

El presupuesto consolidado de la Policía para el año fiscal 2014-2015 totaliza $848.9 millones, y el del Colegio Universitario de Justicia Criminal, $4.1 millones.