La Admimistración de Servicios Generales (ASG) no pudo precisar hoy cuándo el gobierno reemplazará la flota de vehículos de motor por una de carros híbridos o eléctricos a tenor con las disposiciones de la Ley 33 de 2019, del cambio climático.

La administradora de la ASG, Karla G. Mercado Rivera, dijo en una vista pública en la Cámara de Representantes que en este momento no hay inventario suficiente de carros híbridos y eléctricos en los concesionarios en Puerto Rico y que tampoco se cuenta con la infraestructura necesaria para hacer el reemplazo.

Sostuvo que hasta el momento sólo se han comprado 18 vehículos híbridos para el gobierno. “Han surgido variables incontrolables que han impactado e impactarán los procesos de adquisición vehicular en cumplimiento con la Ley 33-2019. Por ejemplo, la pandemia creada por el COVID-19 contribuyó negativamente a crear un grave disloque en la cadena de suministros”, indicó Mercado Rivera.

Dijo, además, que como resultado de ese disloque se han elevado los precios de las unidades nuevas. Estimó en unos $400 mil el costo de reemplazar la flota en su totalidad.

También dijo que se debe realizar un análisis de la generación de electricidad y si se cuenta con la infraestructura necesaria “para soportar la demanda producida”.

“Entendemos que resulta necesario, ante los cambios imprevistos, flexibilizar las condiciones de manera que podamos proveer alternativas reales a los concesionarios, sin dejar de cumplir con los cambios trazados en atención al cambio climático”, indicó la funcionaria. Detalló que, actualmente, la flota vehicular del gobierno es de 11,656 unidades asignadas a 76 agencias, de las cuales, 9,508 están activas.

A preguntas del representante independentista Denis Márquez Lebrón, Mercado Rivera reconoció que no se han creado las guías que establece la Ley 33 y dijo que corresponde al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) hacer la interpretación del estatuto titulado Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico.

“Me parece que es absurdo. Mi interpretación de la ley, que es una cosa sencilla, es que eso le corresponde al Comité de Cambio Climático, que son los expertos y el comité está adscrito al Departamento de Recursos Naturales. Deben ser ellos, quienes los asesoren”, indicó el legislador.

La vista pública, por la plataforma Zoom, fue presidida por el representante, Edgardo Feliciano Sánchez y también participaron, la senadora independentista María de Lourdes Santiago y la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli.

En otra vista pública sobre el Proyecto del Senado 665 que busca crear la Ley de Política Pública para la Infraestructura de Puerto Rico en el Senado, el ingeniero Héctor Colón de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE, en inglés), planteó, entre varias recomendaciones, que el plan de infraestructura que realizará un grupo multisectorial tiene que tomar en consideración los efectos del cambio climático, la continua evolución de la tecnología en todos sus aspectos, y cambios socioeconómicos que Puerto Rico podría experimentar, como la relocalización de comunidades debido al aumento en el nivel del mar.

“El plan de infraestructura tiene que ser fundamentado en datos científicos de buena calidad y debe tener métricas intermediarias. Esto ayudará a que la visión y propósito del plan sea una continua mejoría de la infraestructura, con logros tangibles y alcanzables”, sostuvo Colón.

La ASCE indicó que el P. del S. 665 “es oportuno para comenzar la formulación de una visión integral de la infraestructura y será instrumento importante posterior a la inyección de fondos federales y permitirá brindar sostenibilidad a dichas inversiones”.