Sin delinear Salud cómo lograrán cobrar la multa de $300 a viajeros que no presenten prueba del COVID-19
En miras está hasta la aprobación de una legislación para gravar el crédito de la persona que no la pague.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 3 años.
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El Departamento de Salud comenzará mañana, miércoles, a imponer multas de $300 a los viajeros que lleguen a la Isla sin un resultado negativo a COVID-19, en un periodo de tres días o 72 horas previo a su arribo, sin haber completado la logística de cómo se cobrará la multa.
Así lo aceptó hoy, martes, el propio designado secretario de Salud, Carlos Mellado, al establecer que todavía se encuentran en el proceso de análisis con el Departamento Hacienda sobre qué se hará para cobrar el dinero, además de que se está en proceso de someter una legislación para poder gravar el crédito de la persona que no la pague.
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El titular estableció, durante su vista de confirmación en el Senado, que todo el proceso para poner en vigor la orden administrativa 2021-499, la cual busca “reforzar aún más las medidas para controlar y reducir la propagación del COVID-19”, es uno técnico.
Explicó que toda persona que pretenda entrar por un puerto a la Isla, tiene que firmar una declaración del viajero en su celular o en una de las computadoras ubicadas en los terminales. En este proceso, la persona puede suministrar sus resultados de la prueba. Si no lo adjunta, automáticamente le saldrá una forma de pago para que suministre una tarjeta de débito o crédito.
Cuando Primera Hora le preguntó, durante un aparte con la prensa, cómo se cobraría esa multa, Mellado expuso que “lo que pasa es que estamos analizándolo con Hacienda y todavía no te tengo la data clave si se va a hacer el hold en la tarjeta o si en las 48 horas se impone la multa directamente. Eso es lo que estamos trabajando”.
Se le indicó qué se hará en casos de que una persona alegue no tener información bancaria disponible. A lo que respondió que “tiene que tener alguna forma de pago, porque tiene que pagar la multa”.
También se le planteó que, si a la persona que no presente la prueba negativa y no suministre una alternativa de pago, se le podría prohibir entrar a la Isla. La respuesta fue que no.
“Yo no puedo restringir el movimiento de una persona. Ciertamente, esa persona se le va a estar dando una alerta de que tiene que pagar la multa y, si esa persona está en la calle y no está guardando la cuarentena, se expone a un arresto y a $5,000 de multa”, manifestó el designado secretario.
Al requerirle una explicación más certera de lo que hará el estado para lograr poner en vigor esta imposición de la multa, el secretario expuso que están en proceso de impulsar una legislación para que la persona que no cumpla se le dañe el crédito. Pero, este proceso requiere la aprobación de una medida en la Cámara de Representantes y el Senado, así como la firma del gobernador Pedro Pierluisi.
“Nosotros estamos evaluando, por eso le dije a los señores legisladores que habría que crear un proyecto de ley y ellos están trabajando el proyecto de ley, para gravarle el crédito a esa persona”, comentó.
Mellado dijo que la aprobación de esta legislación no es necesaria, pero que “le daría más fuerza” a lograr poner en vigor esta orden administrativa.
Cabe destacar que el secretario insistió en que, aun cuando la persona no cumpla con su prueba negativa o el pago de la multa, se expone a ser detenido en la calle si no cumple con la cuarentena. Cuando se le expuso que ese tipo de fiscalización no había rendido frutos hasta el momento, insistió que por ello es que impulsan gravarle el crédito a la persona.
“No hay ningún método para pagar ninguna multa en Puerto Rico. Ahora mismo, ¿qué mecanismo hay para obligar a pagar una multa en Puerto Rico? Ninguno. La persona decide pagarla”, puntualizó.
Ante los legisladores, Mellado aceptó que el control en los puertos ha sido “bien complicado”, “ya que no lo podemos cerrar o tomar una medida más restrictiva”.
Del mismo modo, recordó que han reforzado la División de Investigación de Salud y han buscado la manera para que los agentes de la Policía “tengan más garras” para poder hacer cumplir las órdenes ejecutivas que buscan controlar los contagios con COVID-19 en la Isla.