La denominada reforma contributiva sería llevada hoy a aprobación final, con la legalización en su fase inicial de unas 25,000 máquinas tragamonedas, aseguró ayer el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos.

Sin embargo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) insistió en que los datos que les suministró el Gobierno sobre el impacto de las máquinas de entretenimiento para adultos no garantizan un efecto neutro sobre los ingresos. 

“Lamentablemente, a pesar de varios intentos, la Junta aún no ha recibido datos que apoyen la perspectiva de que la disposición relacionada a los terminales de video lotería en el proyecto de ley tiene un efecto neutro sobre los ingresos y que no canibalizará otras fuentes de ingreso presentes en el Plan Fiscal”, indicó la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, en una carta a los líderes legislativos. 

Jaresko agregó que “también es importante que el texto de la medida tome en cuenta los costos de implementación, operaciones y regulación provenientes de la propuesta” y añadió que para asegurar la neutralidad en los ingresos, “los operadores de video lotería, y no el gobierno, deberán ser responsables de pagar estos costos”.

Ríos, del Partido Nuevo Progresista (PNP), indicó que anoche estarían listas las últimas enmiendas a la reforma contributiva, trabajadas en el comité de conferencias del Senado y de la Cámara de Representantes.

Ríos reconoció las objeciones de la JSF sobre el impacto que podrían tener las tragamonedas en los recaudos del Gobierno. 

“Eso es lo que nos está atrasando… Ellos lo que están mirando es recaudos. Aquí hay un grupo que dice que van a recoger una cantidad bien grande y otros dicen que no”, sostuvo el portavoz de la mayoría.

Insistió en que las tragamonedas son parte del acuerdo entre los cuerpos legislativos y el gobernador Ricardo Rosselló, presidente del PNP.

Las que se quedan

Ayer, mientras unas medidas se referían a comités de conferencia en busca de acuerdos entre Cámara y Senado, otras iban camino a La Fortaleza para la firma del gobernador, entre ellas el controvertible proyecto que da paso al acuerdo de reestructuración de la deuda entre los acreedores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el gobierno de Puerto Rico y el que elimina el requisito de certificación de los cars seats.

Algunas de las piezas legislativas serían ratificadas hoy al expirar la sesión y otras aunque siguen “vivas” en comités de conferencia, se quedarán para la próxima sesión ordinaria que inicia la segunda semana de enero de 2019.

Entre las medidas que se quedan sobre la mesa están el Proyecto del Senado 773, que crea la política pública del cambio climático y el Proyecto 1133 de Senado, que dispone que el sucesor de un alcalde sea elegido en un término de 15 días mediante una asamblea de delegado municipal.

También estaba guindando en la Cámara el proyecto que autoriza la siembra del cáñamo comercial. 

Igualmente, se enviaron a comités de conferencias el proyecto que enmienda la Ley para la Fiscalización de las Campañas Políticas; el que crearía una nueva ley de Educación Especial; otro que crea una Secretaría Montessori; y la medida que enmienda la Ley de Farmacias para incluir disposiciones de cómo tratar las repeticiones o reabastecimiento de medicamentos en situaciones de emergencia.