La mala utilización de fondos públicos ha sido la constante detrás de los más de 380 carretones que compró el gobierno desde 2010 para impulsar proyectos de microempresarismo, autogestión e incrementar la actividad económica de la isla, pero que han caído en un desmadre de deficiencias, despilfarro de dinero y múltiples interrogantes que una década después han provocado una nueva investigación hacia el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), en esta ocasión por parte del senador novoprogresista Nelson Cruz Santiago.

Desde hace tres años Primera Hora ha realizado diversas denuncias que evidencian que los carretones del programa “Pa’ mi gente” – una iniciativa presentada por el entonces gobernador Luis Fortuño y la cual contaba con una asignación de $5 millones provenientes del Plan de Estímulo Económico Criollo- ha caído en un sinnúmero de irregularidades que han sido señaladas, incluso, por tres pesquisas realizadas entre 2012 y 2018 por la Oficina del Contralor.

Desde un principio el programa Pa’mi gente – y, posteriormente, en el 2019 impulsado como un nuevo proyecto llamado “Puerto Rico Emprende Conmigo”- estuvo enfocado en otorgar un carretón a personas desempleadas para que montaran sus propios negocios de venta de artesanías, flores, frutas, vegetales y comidas ligeras, entre otros servicios. Los carritos constaban de cinco modelos de quioscos que tenían cisterna de agua y tecnología ecoamigable que incluía placas solares que proveían energía hasta por cinco días, aunque no calentara el sol. Cabe señalar que, según pudo constatar Primera Hora hace un tiempo a través de un contrato que realizó el Departamento del Trabajo con el último manufacturero (Trailerlogic LLC.) que confeccionó los carritos, el costo de cada unidad, dependiendo el modelo, fluctuó entre los $5,750 y $6,514.

Este diario hizo un recorrido en 2018 por inmediaciones regionales del DTRH encontrando decenas de quioscos rodantes a la intemperie y exponiéndose al deterioro progresivo por la falta de mantenimiento. Recientemente, Lorenzo Delgado, apodado como “El León Fiscalizador” (reconocido por ser el hombre que originalmente divulgó en enero de 2020 la existencia de un almacén en Ponce lleno de suministros que no se estaban repartiendo a los damnificados de los terremotos en el área sur), publicó en redes sociales unas fotos que, nuevamente, puso en evidencia que decenas de carretones continúan en desuso en instalaciones del DTRH en Ponce, Dorado, Arecibo y Aguadilla.

Primera Hora visitó la semana pasada las facilidades de Ponce, donde ubica una fábrica de muebles adscrita a la agencia, y corroboró lo expuesto por Delgado. Al menos 90 carretones están ubicados a las afueras del edificio. La condición de los vagones varía pues mientras hay algunos que se ven en buenas condiciones, hay otros que han sido vandalizados.

Este nuevo capítulo con el detrimento de muchos de los carritos que se crearon con el propósito de provocar empleos directos y como una inyección a la actividad económica de Puerto Rico, ocurre en medio de una crisis fiscal que tiene a las arcas gubernamentales agonizando y cuando las tasas de desempleo se han elevado a cifras históricas a causa de la pandemia del COVID-19. En Puerto Rico, la crisis suscitada por el coronavirus lanzó a la fila del desempleo a unas 500,000 personas y de estos más de 185,,000 son cuentapropistas.

Ante lo publicado por Delgado, el senador Cruz Santiago hizo una petición de requerimiento de información el 16 de junio al actual secretario del DTRH, Carlos Rivera Santiago, conforme a la Regla 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico. La petición, que debía ser contestada en cinco días calendarios, solicitaba información precisa sobre el programa “Puerto Rico Emprende Conmigo”, el cual fue impulsado por el exgobernador Ricardo Rosselló en febrero de 2019 como una medida alterna para utilizar algunos carretones abandonados que fueron rehabilitados por la agencia y entregados a unos ciudadanos que buscaban desarrollar microempresas. En aquel entonces se dijo que había 50 negocios móviles hábiles para entregas, pero que el proceso comenzarían con 26 carretones otorgados a empresarios en pueblos como Rincón, Barceloneta, Canóvanas, Barceloneta, Isabela, Río Grande, Ceiba, Aguada, Caguas, Guaynabo, Gurabo, Mayaguez, Naguabo, Ponce, San Juan y Utuado.

El legislador pidió al Secretario del Trabajo una descripción del proyecto -que se realizó tras un acuerdo con la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), donde se encargarían de capacitar a las personas elegibles mediantes unos talleres-, así como los requisitos de cualificación y un inventario que incluyera la cantidad de carretones en poder de la agencia, así como su localización.

No fue hasta el 30 de junio que el secretario del Trabajo respondió a la petición del legislador, pero sus respuestas fueron parciales. Ese mismo día, Primera Hora hizo un requerimiento de entrevista con el funcionario, pero no fue hasta ayer que se envío a este medio una declaración escrita que sigue dejando un sinnúmero de interrogantes sobre el tapete.

“El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos está trabajando con diligencia los detalles para la otorgación de los “Foods trucks” a varios empresarios – que hayan cumplido en su totalidad con los requerimientos, documentos y permisos para la obtención de los carretones. A su vez, se hicieron consultas legales para la agilización de los procesos. Durante este mes comenzará la entrega en varios municipios de la isla”, expresó por escrito el secretario quien, luego de las denuncias públicas aceleró la entrega de carretones para esta semana a pequeños empresarios de Ponce. El anuncio debería pronunciarse en estos días, supo Primera Hora.

En cambio, Rivera Santiago continúa dejando en el limbo algunos asuntos relacionados al tema y debe responder, por ejemplo, las siguientes preguntas: ¿dónde están ubicados y a qué empresarios se les entregaron los 50 carretones disponibles para comenzar el programa en 2019?, ¿dónde están específicamente los 330 carretones adicionales que se compraron en años anteriores?, ¿cantidad de personas por municipios que solicitaron participar del programa y cuántos de estos fueron elegibles?, ¿cuál es el resumen detallado del proceso de seguimiento a los participantes que ya recibieron los carretones a través de los diversos programas impulsados en la agencia?, ¿cuáles han sido las dificultades que han dilatado el trámite de solicitudes y entrega de carretones?, ¿qué ocurrió con los 30 vagones completamente nuevos que yacían en una fábrica en Canóvanas y por la que el gobierno debe más de $2 millones por concepto de almacenaje y adeuda $49,306 por un balance pendiente de su construcción?

En entrevista con este diario el senador Cruz Santiago dijo que analizó la información brindada por la agencia -incluyendo anejos con los reglamentos que fundamentaron la entrega de carretones- y concluyó que la iniciativa “aunque buena” resulta “inalcanzable” para las personas humildes que se disponen a crear sus propios negocios.

“Analizando el andamiaje debo decir que cuando se trata de una persona humilde que tiene una idea brutal de negocio, le va a resultar bien difícil porque los requisitos son inalcanzables… el ciudadano que, por lo general, quiere meterse en este tipo de negocio con carretones no tiene, por ejemplo, para costear todas las cosas que se están solicitando y que incluyen una póliza para asegurar el carrito y salvaguardar al Departamento de Trabajo de cualquier daño… además eso de alquilar los carretones por dos años, sin garantías de que después se le pueda vender esa unidad a la persona, es algo que hay que evaluar. Si el negocio demuestra ser próspero se debe llegar a otro tipo de acuerdo… honestamente, pienso que este programa no ha sido ni un 50% efectivo”, expresó.

El legislador alude a que la contratación entre los participantes y el DTRH indica que los quioscos serán otorgados mediante usufructo por el precio nominal de $1 por dos años. Previo a la expiración del usufructo, los participantes pueden solicitar a la agencia la extensión por periodos de hasta cinco años. Esto significa que siempre el carretón queda como propiedad del gobierno y no de los microempresarios. “Eso no les permite evolucionar como deberían. Hay que reevaluar eso en el reglamento”, dictó el senador.

Destacó también que se debe conocer los criterios de elegibilidad pues ha llegado a su conocimiento que hay personas que llevan años tratando de que le den la oportunidad de negocio y han quedado en el olvido o en listas de espera. Mientras, decenas de carretones continúan a viento, sol y sereno en las facilidades de la agencia. “Me han dicho, por ejemplo, que los de Ponce están allí porque van a ser reparados. Mi pregunta es: ¿cuánto tiempo tarda esa reparación? Porque esos carretones de Ponce yo los veo siempre en el mismo lugar y están allí hace más de un año… Y esto da pena porque ahora mismo hay jovencitos emprendedores vendiendo hasta mascarillas de protección personal desde las marquesinas de sus casas y esto sería una gran oportunidad. Las agencias tienen que reinventarse a los tiempos. Y ahora el tiempo que estamos viviendo es uno de emergencia y si hay que cambiar protocolos que se cambien. Pero no debemos seguir dilatando este tipo de ayuda a los ciudadanos”, sostuvo Cruz Santiago.

Explicó que están en planes de visitar las facilidades donde ubican los diversos carretones, así como ultimando detalles de entrevistas con beneficiarios, solicitantes y funcionarios de gobierno para render un informe de hallazgos. “Aunque no estamos en funciones -porque la sesión ordinaria culminó- el legislador tiene facultad de seguir investigando y hacer recomendaciones al Ejecutivo para mejorar la calidad de trabajo en las áreas que creamos pertinentes. Eso que quede claro… que tengo investigaciones abiertas que continuarán”, acotó.

Según la información provista por el DTRH al senador, el total de quioscos adquiridos en el 2011 fue de 357 (no están contando los 30 carros ubicados en una fábrica de Canóvanas). De estos, 190 están bajo la custodia de los participantes (sin precisar nombre de negocios, ubicación y estatus del contrato) y 167 distribuidos en facilidades de la agencia en Ponce, Dorado, Arecibo, Aguadilla y Gurabo.

Sostuvo, además, que de los 167 en poder de la agencia, hay 70 pendientes de entregar, 50 que sufrieron daños por el huracán María y 47 pendientes por reparar.

“Los 70 quioscos pendientes de entregar no pudieron ser entregados ya que el proceso de recogido y movilización de los mismos fue detenido desde el 15 de marzo de 2020 por la pandemia. Actualmente, nos encontramos en la espera de la normalización de las operaciones para comenzar a entregar los mismos”, señaló el secretario al legislador en un informe escrito.

Mientras, Mari Batista, portavoz de prensa del CCE, indicó a Primera Hora que la participación de esa agencia en el programa “Puerto Rico Emprende Conmigo” culminó en 2019 y se limitó a realizar los talleres y evaluar unas 50 propuestas entregadas por personas interesadas en formar parte de la iniciativa.

“Los empleados de Comercio y Exportación escogieron las mejores 50 propuestas y hasta ahí llegó la función. El detalle de los contratos y el seguimiento a las personas que se les otorgó el carretón es función del Departamento del Trabajo”, precisó.

Los señalamientos de la Contraloría

Un primer informe de auditoría revelado en julio de 2017 por la Oficina del Contralor hizo graves señalamientos al programa Pa’ mi gente, incluyendo falta de controles en el cuidado y protección de los quioscos, así como deficiencias relacionadas con los contratos otorgados para la adquisición de los carretones.

Según la pesquisa, del 2 de abril de 2012 al 9 de agosto de 2013, la agencia compró 387 quioscos por $2,743,560.

De estos, se entregaron sólo 353 pues la investigación reveló que unos 34 remolques (por los que se pagaron $248,737) permanecían en un taller “listos para entrega” desde el 1 de noviembre de 2012.

Lo peor del escenario es que hasta hace un año los costos de almacenamiento de esas 34 unidades sumaban más de $2 millones, una cifra que continuaba aumentando a razón de $45,000 mensuales, según el contrato pactado.

¿Qué pasó con esos carretones y a cuánto finalmente ascendió la deuda que deberá ser pagada con fondos públicos de un país en quiebra?

Esa es una pregunta a responder por el secretario del Trabajo.

Otros señalamientos de la auditoría fueron la falta de cláusulas e información en un contrato de consultoría otorgado a una firma auditores externos y la ausencia de certificaciones en expedientes de contratos por servicios profesionales y consultivos.

A esto se añade que la agencia no incluyó en el Registro de la Propiedad unos 353 quioscos, ni mantenía un inventario actualizado de los vagones entregados.

Mientras, en diciembre de 2019 un último informe de la agencia fiscalizadora reiteró un “mal manejo y falta de controles” en la administración del programa.

Las pruebas efectuadas y la evidencia, "revelaron que las operaciones en la administración y manejo del programa, no se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables", indica el reporte.

El informe revela que 151 participantes del programa no operaban los carretones que les fueron asignados entre el 2012 y 2016.

Además, unos 23 participantes que habían cumplido con los requisitos, tuvieron que esperar más de cuatro años para recibir el quiosco.

La auditoría apunta además que el Departamento no le quitó los carretones a 67 participantes que no cumplían con los requisitos del programa, no contaba con una póliza de seguros que protegiera los que tenía bajo su custodia, y en el 48 por ciento de los expedientes, no había evidencia de la renovación de los contratos a pesar de que llevaban más de tres años vencidos.

El examen realizado halló también que en los expedientes no había evidencia del registro y remisión de los contratos otorgados a los participantes, en el Registro de Contratos de la Contraloría de Puerto Rico.

Tampoco se incluyeron en el Registro de Contratos del Departamento.