El agresor sexual de al menos siete casos ocurridos entre 2006 y 2007, al que especialistas forenses bautizaron en sus informes internos como “el violador playa”, sigue sin poder ser identificado, dijo hoy la directora del Laboratorio Forense de ADN del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), Mireya Hernández.

“Yo no he tenido una llamada de la Policía como tal, pero sí me consta que hasta donde ellos habían trabajado el caso habían hecho los esfuerzos con todos los bocetos que tenían de poder identificar a ese agresor y no se había podido identificar”, sostuvo Hernández a preguntas de periodistas en el Capitolio, luego de participar en una vista pública.

“Tenemos la base de datos siempre activa para, si esa persona llega a la base de datos, poder tener un acierto con él”, agregó la funcionaria.

Los ataques atribuidos al agresor, ocurridos en Isla Verde y otras playas de Carolina, llegaron para análisis al NCF a través de la Policía y los investigadores no han dado con el victimario al que se le radicaron cargos en ausencia a través de “un John Doe Ward” para que los delitos no prescriban.

Al ser preguntada si han aumentado los casos de agresión sexual, Hernández dijo que no tenía números, pero sostuvo que “todas las semanas se reciben solicitudes (de evaluación de casos)”.

El perfil del “violador playa” se dio a conocer en el NCF en una vista ocular el pasado mes de octubre en la que la administradora del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico, Mariel Candelario, detalló que se trata de un agresor sexual que -normalmente en las mañanas o en las tardes- ataca a las víctimas que corren por la playa.

“Él tiene como una manera de operar y a pesar de que las víctimas han ofrecido bocetos de cómo puede ser ese agresor y la Policía ha hecho los esfuerzos para traernos las muestras de referencia para comparar, las personas que se han identificado, no han sido. No tenemos a quien atribuir todavía ese perfil genético”, dijo Candelario.

La funcionaria indicó que en este caso se analizaron los rape kits de siete querellas.

Candelario explicó que bajo una legislación del 2010 se le hizo una radicación de cargos al perfil genético del agresor no identificado para que no prescriba el caso.