La Fortaleza y la Cámara de Representantes continuaron este martes las negociaciones para lograr la aprobación del proyecto de ley que penalizaría el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo, y en otras gestiones públicas y privadas, mientras los grupos que respaldan la medida cabildearon en el Capitolio para lograr su pronta ratificación.

El Proyecto del Senado 238, que forma parte de los compromisos programáticos contraídos por el Partido Popular Democrático (PPD) durante la pasada campaña electoral, no fue considerado durante la sesión de la Cámara de Representantes este lunes, pues no cuenta con los 26 votos que necesita para su aprobación.

Durante los trabajos legislativos del lunes, se avistaron asesores de La Fortaleza en el hemiciclo cameral, y los esfuerzos por lograr la aprobación de la pieza siguieron este martes.

"Hay conversaciones continuas e intensas por que se cumpla con lo que es el compromiso programático", dijo una fuente de La Fortaleza que no quiso ser identificada públicamente.

En su página 36, el programa de gobierno de Alejandro García Padilla dispone que se actúe "para erradicar el discrimen por orientación sexual".

"Prohibiremos mediante legislación el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo, haciéndole justicia a la comunidad LGBTT", reza el documento.

El proyecto de ley bajo discusión, aprobado la semana pasada en el Senado, prohíbe, además, que se discrimine contra la comunidad gay, lésbica, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT) en lugares públicos, en negocios, en los medios de transporte y en transacciones de compra-venta o arrendamiento de viviendas.

Como parte de las conversaciones entre el Ejecutivo y la Cámara, uno de los puntos que se está "mirando" es la posibilidad de restringir el alcance de la medida, y limitar la prohibición de discrimen al ámbito laboral, como perseguía el Proyecto de la Cámara 1725 que fue avalado por ese cuerpo con 43 votos a favor y seis en contra. En el 2009, esa legislación no prosperó en el Senado.

Algunos de los representantes que ahora se oponen al proyecto, como los populares Brenda López y Roberto Rivera Ruiz de Porras, y los novoprogresistas Waldemar Quiles y Lourdes Ramos, le votaron a favor en aquel entonces.

Sin embargo, la posibilidad de menguar la efectividad de la legislación fue rechazada el lunes por quienes buscan su aprobación, como el activista gay por los derechos humanos Pedro Julio Serrano Burgos.

Las gestiones de los favorecedores del proyecto para intentar convencer a aquellos legisladores que se oponen se avivaron este martes, e incluso en algún momento subieron de tono, a juzgar por las denuncias que hizo Serrano Burgos al asegurar que el representante Quiles le profirió a él y a otros militantes palabras soeces cuando intentaron persuadirlo de que cambiara de parecer respecto a la medida.

“Él (Quiles) no quiere que se utilice lenguaje soez, pero él está utilizando, en persona, lenguaje soez en contra de tres personas que respetuosamente nos acercamos a él, en el proceso legislativo de cabildeo, para hacerle una petición de que cumpla con el mismo compromiso que tuvo cuando votó a favor del 1725, y ahora viene con esta falta de respeto, entrando al Salón de Audiencias 1 de la Cámara de Representantes”, dijo Serrano Burgos.

“Esto es inaceptable”, expresó. “Esta es la conducta precisamente que nosotros tenemos que evitar de parte de los legisladores. Yo voy a investigar si esto tiene alguna violación de ética, el que se comporte de esa manera”, puntualizó el activista.

La Cámara de Representantes vuelve a sesionar el jueves, y aún se desconoce si el proyecto será llevado a votación ese día.