La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) decidió ayer mantener la moratoria sobre el controversial Programa de Becas Presidenciales mientras se corrigen las deficiencias encontradas en los procesos de otorgación.

El espinoso asunto de las becas, que ascendieron a un monto total presupuestado de $350,000 para el año fiscal 2015-2016, ha salpicado a varios funcionarios del principal centro docente del país al costarle los puestos que ostentaban, entre ellos el del expresidente de la UPR, Uroyoán Walker Ramos.

“El programa es una oportunidad para que el personal docente mejore su aprovechamiento académico”, indicó la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández.

Los dos entes universitarios que estarían a cargo de hacer los cambios en el reglamento de las becas son la vicepresidencia académica y el comité de la Junta Universitaria. 

 Durante el encuentro anoche en las oficinas de la Administración Central, en Río Piedras, votaron a favor de mantener la moratoria sobre el programa Carlos Pérez, presidente de la Junta; Gloria Butrón, Frank Catalá, Alejandro Camporreale, Carlos del Río y Julia Keleher, secretaria de Educación; mientras que el profesor José Martínez Cruzado votó en contra. Hubo dos abstenciones, correspondientes a los representantes estudiantiles Pedro Rodríguez y Gilberto Domínguez. 

El programa está en moratoria desde febrero de 2016. 

La votación surgió luego de que la Junta discutiera el segundo informe sobre las becas presidenciales sometido, esta vez, por la investigadora Mercedes M. Bauermeister en el que se analizaron los trámites y procesos para el otorgamiento de cada ayuda económica concedida durante ese periodo, así como los procesos en la etapa de desembolsos de los fondos y el cumplimiento de los acuerdos suscritos por los becarios.

En conclusión, el informe Bauermeister plantea en repetidas ocasiones que las becas no tenían parámetros procesales para su trámite y que no había una directriz uniforme procesal para el trámite de recomendación de candidatos a beca presidencial.

También recomendó la inactivación permanente del Programa de Beca Presidencial, así como la derogación de la Certificación Número 72 (2006-2007), entiéndase el reglamento de la Política para la Concesión de Becas Presidenciales para Estudios Doctorales y Post Doctorales de la UPR, y concluyó que “no hay base para acción disciplinaria ulterior” con los funcionarios involucrados. 

Las personas señaladas en el llamado escándalo de las becas presidenciales incluyen a los becados Mónica Sánchez, sobrina del expresidente de la Junta de Gobierno Jorge Sánchez; Arturo Ríos Escribano, exasesor del entonces gobernador Alejandro García Padilla, y Carlos Pagán, pasado ayudante del hermano del gobernador y expresidente de la UPR, Antonio García Padilla. Los candidatos recibieron aportaciones cercanas a los $25,000. Ríos escribano ya devolvió el dinero y Sánchez solicitó un plan de pago, se indicó.

De otro lado, el informe Bauermeister es el segundo sobre este tema porque el primero, por el que se facturó $158,175, se presentó en julio pasado por otro grupo de investigadores, que fueron el abogado Samuel Céspedes Soto, la abogada Dora Monserrate Peñagarícano y el ex juez Juan A. Casillas Fernández -también se subcontrató a la licenciada Ana Matilde Nin Torregrosa. Fue este informe el que sí imputaba violaciones de ley y terminó con la destitución de Walker Ramos, el rector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino, y con las renuncias de figuras como Palmira Ríos, decana de Asuntos Académicos en la UPR Río Piedras, entre otros. Este segundo informe, además, surgió en respuesta a los cuestionamientos de al menos Walker Ramos al primer documento en los que argumentaba que no tuvo el debido proceso; entonces, la Junta le encomendó el nuevo informe a la expresidenta interina Celeste Freytes. 

Durante el 2016, además, el asunto fue referido al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y a la Oficina del Contralor, y desde entonces se ha colaborado con sus investigaciones y se han atendido múltiples requerimientos de información. En el caso de Justicia, la secretaria Wanda Vázquez Garced dijo ayer que “acabamos de recibir el informe, es voluminoso y el mismo se unirá como parte de la investigación que está haciendo el Departamento”.

La Junta está compuesta actualmente por nueve miembros, aunque Catalá no está confirmado por el Senado. Hay cinco vacantes, y es al gobernador Ricardo Rosselló a quien corresponde hacer los debidos nombramientos.

No a medidas disciplinarias

La expresidenta interina de la UPR, Celeste Freytes, defendió su recomendación de que no se tomen medidas disciplinarias contra los directivos que otorgaron las últimas becas presidenciales.

Freytes aseguró ayer que luego de evaluar los resultados de las pesquisas comprobó que no hubo aprovechamiento de fondos públicos. “(Los fondos) se usaron para el propósito que se asignaron… hubo instancias en que hubo unas conductas administrativas un poquito impulsivas pero no ilegales”, afirmó durante las vistas públicas de la comisión cameral de Asuntos Internos que investiga las finanzas de la UPR.