La falta de consenso entre los cinco partidos políticos inscritos en el país para aprobar cambios al Código Electoral de 2020 dominó hoy el escenario en una vista pública que se prolongó durante todo el día ante la Comisión de Gobierno del Senado.

Po un lado, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) expresó reparos a varios artículos del proyecto sustitutivo de la Cámara de enmiendas al Código Electoral al amparo de que les restan poderes administrativos a la presidencia frente a los comisionados electorales.

Mientras, los comisionados del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Proyecto Dignidad arremetieron contra el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), al tiempo que apuntaron a la falta de balance de poderes entre la presidencia y el pleno de la CEE como cuerpo colegiado, en la toma de decisiones.

Los comisionados del PNP y del PPD acusaron a su vez, a los partidos “minoritarios” de la falta de consenso para enmendar el Código Electoral, de manera que la legislación sea avalada por La Fortaleza.

“Es un tema que nos preocupa y es la injerencia que tendrían los comisionados electorales en la administración de la CEE. Son asuntos que son de pura injerencia del Presidente y ante la necesidad de tener que pasarlos directo a los comisionados para que sean ellos los que lo aprueban, ciertamente limitan la agilidad y la rapidez que pueda tener el presidente en la implementación de sus planes administrativos”, argumentó la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera.

La también jueza superior declaró sola en horas de la mañana y los comisionados electorales, declararon de forma separada en horas de la tarde, ante la Comisión de Gobierno del Senado, que evalúa un proyecto de ley que busca sustituir los proyectos de la Cámara 4 y 114 y el Proyecto del Senado 909 de enmiendas al Código Electoral de 2020. El proyecto sustitutivo fue aprobado en la Cámara en noviembre pasado con el voto de los representantes del PPD y el Proyecto Dignidad. Votaron en contra, la delegación del PNP, el MVC y PIP.

La Presidenta alterna de la CEE indicó que, el artículo 3.10 de la pieza legislativa sobre comisionados electorales, interfiere en “asuntos estrictamente administrativos”.

“Un ejemplo de ello es la nómina de empleados y el tema de almacenes, donde cabe pregntarse si se van a tener más almacenes para cada uno de los partidos. A su vez, tomando en cuenta que el componente de recursos humanos es un tema administrativo, debe definirse adecuadamente quién va a reclutar, es decir, si le corresponderá al presidente o a los comisionados”, dijo Padilla Rivera.

Cuestionó también el artículo 3.8 sobre las facultades del presidente. “Bajo dicha disposición en su inciso 3, debe decidirse si la facultad allí contemplada, debe ser o no del presidente o de los comisionados. Lo que se determine puede significar o tener como consecuencia que el presidente pierda de facto la capacidad de administrar la agencia”, reclamó.

Por otro lado, en cuanto al término “Nominación directa”, la Presidenta alterna de la CEE dijo que la medida solo lo define, pero “no dispone nada”.

El senador Ramón Ruiz Nieves, presidente de la Comisión de Gobierno, preguntó a la Presidenta alterna por el cierre de Juntas de Inscripción, los reglamentos de la Junta Administrativa del Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) y por el número de electores de 60 años que podrían solicitar voto adelantado o voto ausente para los comicios de 2024.

De más de un centenar de Juntas de Inscripción Permanenten (JIP), al momento, solo quedan abiertas unas 34.

Rivera Padilla dijo sin embargo, a preguntas del senador Ruiz Nieves que de cara a las elecciones generales de 2024, “si fuera necesario se abrirían 78 temporeras”. La presidenta alterna indicó que al 28 de febrero pasado estaban registrados unos 746,939 electores hábiles de 60 años o más de un universo de 1 millón, 921,900 votantes.

Se reparten culpas los comisionados electorales

La comisionada del MVC, Lillian Aponte Dones indicó que en el proyecto sustitutivo “fueron contados los asuntos que encontramos podrían llevar un efecto positivo al proceso electoral”.

“En el 2020 fue el PNP y ahora, como buenos confabuladores en esa alianza de facto, es el PPD quien pretende servirse con la cuchara grande, imponiendo las reglas de juego a su conveniencia”, expresó Aponte Dones.

“La historia es implacable y los resultados de las pasadas elecciones son una muestra evidente. Dichos resultados históricos reflejan el contundente mensaje del pueblo puertorriqueño a favor de exigir la inclusión de una pluralidad de voces en la toma de decisiones en las esferas gubernamentales de nuestro país y la CEE no está exento de ello”, afirmó por su parte, el comisionado del PIP, Roberto Iván Aponte.

Reclamó una nueva ley electoral con participación en igualdad de condiciones “sin distinción ni clasificación alguna”; balance electoral en todas las oficinas “neurálgicas”, un registro electoral “confiable”, reestructurar la JAVAA; restituir la candidaturas coaligadas y que las campañas electorales se limiten al año electoral.

“El tratamiento preferencial que se adjudican el PPD/PPD por ley es ventaja indebida que les facilita organizar su ejército de candidatos y voluntarios, recopilar y manejar la información de los electores y la información geo electoral. Esas ventajas indebidas les permiten organizarse y tener más tiempo e información para su estrategia político electoral”, reclamó a su vez, el comisionado del Proyecto Dignidad, Nelson Rosario.

Los comisionados del PPD y del PNP insistieron en el Proyecto del Senado 909, que se aprobó en ese cuerpo legislativo con el voto de ambas colectividades y que en la Cámara no se consideró.

“Las aseveraciones difundidas por los partidos de minoría en relación a que los partidos mayoritarios pretenden excluir los partidos de minorías, carecen de veracidad toda vez que la única razón para que a estos partidos no se les reconozcan ciertos derechos es por su propia dejadez”, apuntó el comisionado del PPD, Ramón Torres Cruz.

Sostuvo que para lograr enmiendas al Código vigente, es necesario que el gobernador Pedro Pierluisi firme la medida. “Si cada uno de nosotros se atrinchera a su posición y no busca espacios mínimos de consenso, jamás lograremos avanzar en un cuatrienio donde los electores ordenaron un gobierno compartido y una legislatura multisectorial, donde ningún partido tiene mayoría absoluta”, dijo Torres Cruz.

La comisionada electoral del PNP, Vanesa Santo Domingo Cruz cuestionó varios artículos del Proyecto Sustitutivo de la Cámara, entre ellos, los cambios propuestos al voto adelantado, al domicilio electoral y al proceso de selección del Presidente de la CEE.

“La tendencia moderna es liberalizar las categorías de voto adelantado”, dijo la comisionada al rechazar el nuevo lenguaje que busca establecer que 90 días antes de un evento electoral, si no hay unanimidad de los comisionados, no se podrá añadir nuevas categorías mediante reglamentos, manuales o memorandos.

La comisionada objetó que se elimine el requisito de que la presidencia sea ocupada por jueces y que la elección del presidente sea por unanimidad de los comisionados y si no se logra consenso, recaería en el gobernador sujeto a confirmación por dos terceras partes de la ambas cámaras legislativas.