Antes de la pandemia, unas 750,000 personas en Puerto Rico utilizaban mensualmente el Tren Urbano, a través de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), o las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (ATM), para movilizarse a realizar diligencias, llegar a sus centros de trabajo o estudio y buscar servicios esenciales.

Son cientos de miles de puertorriqueños -particularmente los que viven bajo un nivel de pobreza- que han perdido los servicios de lo que podría ser su único medio de transporte, tras decretarse por orden ejecutiva que deben permanecer inoperantes como parte de las medidas de control contra el COVID-19 que estableció el gobierno.

“El COVID vino para agravar un problema que había en la isla con un modelo débil de transportación pública en el que se debió invertir para que fuera extensivo a toda la isla y del que dependen los sectores pobres en Puerto Rico”, expuso la catedrática y expresidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Palmira Ríos.

Indicó que las acciones gubernamentales para hacer frente a la pandemia han exacerbado los riesgos de las poblaciones vulnerables, y la falta de acceso a medios de transporte es uno de esos factores que no han sido considerados al momento de aplicar políticas públicas al tomar decisiones respecto al control de virus.

Según datos provistos recientemente a Primera Hora por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), se estima que solo en el tren se reciben mensualmente 500 mil clientes, mientras que los autobuses de la AMA ofrecen el servicio a unas 250 mil personas en este mismo periodo. Cabe destacar que la AMA y el tren son sistemas limitados a pueblos de la zona metropolitana entre Bayamón y San Juan.

Estos medios de transporte colectivo no fueron incluidos -ni siquiera mencionados- para reiniciar operaciones en las fases de reapertura económica hasta el pasado 1 de julio cuando se dio paso a la séptima orden ejecutiva firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Para esa misma fecha -y después de tres meses de inactividad por la pandemia- también se dio luz verde para operar a los cerca de 1,000 porteadores públicos (choferes de guaguas).

Se estima que las “pisicorres” son utilizadas diariamente por unas 45,000 personas, según datos provistos por el Negociado de Transporte, ente que regula la industria.

En cambio, el servicio del tren y la AMA -los que se brindaron de forma limitada- fueron cancelados nuevamente a partir de la octava orden ejecutiva que entró en vigor el 23 de julio.

Desde entonces, la necesidad continúa imperante y afectando a las poblaciones más indefensas de la sociedad, explica Ríos.

“Estamos hablando de una población alta. Gente que ha quedado desprotegida de unos medios de transporte que ya eran frágiles y que utilizaban para acceder a servicios básicos, como lo es ir al supermercado, al médico, a un laboratorio o al trabajo. Nadie ha pensado en estas personas dentro de la emergencia”, reiteró.

Como en otras instancias criticó que el manejo de emergencias en Puerto Rico sea una reactiva en lugar de activa y preventiva.

“No sabemos cuántas personas han dejado de asistir a sus citas médicas o han optado por abandonar sus trabajos por esta razón. Es una barrera que no se ha hecho visible en la discusión y que sirve de recordatorio al país para que se le preste más atención. Ya es hora de que se considere la inversión para construir un sistema de transportación pública como el que tenemos en ciudades de Estados Unidos o Europa. Esto debe ser tema cuando se habla de desarrollo económico y se debe hacer pensando en infraestructuras que sean sostenibles para el medioambiente”, sostuvo quien hace unos años participó de un estudio en el que se analizó el tema del transporte sustentable en Puerto Rico y se estimó que un 45.4% de los puertorriqueños vivía bajo un nivel de pobreza y que el gobierno debía considerar el transporte colectivo como un derecho para cerrar las brechas de la desigualdad.

La actual orden ejecutiva OE-2020-066 -la cual está en vigor hasta mañana, 2 de octubre- autoriza los servicios de transportación de taxistas, porteadores públicos y privados siempre y cuando cumplan con las medidas cautelares para COVID-19 conforme a las regulaciones del Negociado de Transporte.

“Sólo continuará funcionando el programa ‘Llame y Viaje’ bajo el Departamento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico”, agrega el documento.

“Estamos hablando que el gobierno mantiene activos los modelos de autobuses pequeños como alternativa. Esto, irónicamente, aumenta el riesgo de contagios porque son espacios más pequeños. Honestamente, me preocupa. Sobre todo, por la población adulta que son los más vulnerables a complicaciones con el virus”, opinó Ríos.