Como una paloma encerrada en una pequeña caja de cristal, el plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) anda dando cantazos a las paredes en medio de lo que aparenta ser un caos que, al momento, nadie logra descifrar.

Ayer la presidenta interina Nivia Fernández Hernández llegó con las manos vacías a la fecha límite para entregar el plan, puesto que la Junta de Gobierno (JG) rechazó las recomendaciones que incluían una reducción presupuestaria de $241 millones en los próximos cinco años.  

El asunto es que los recortes van y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) informó que para el próximo año fiscal, la UPR tendrá $149 millones menos. No queda de otra.

Pero, ¿quién estará a cargo de gestionar los recortes?

El representante estudiantil subgraduado ante la JG, Pedro Rodríguez, afirmó en entrevista con este medio que pese a sus intentos para que el mencionado cuerpo se reuniera a discutir cuál ruta seguirán, la respuesta ha sido que “lo que se va a seguir es lo que (el presidente de la JG) Carlos Pérez dijo a la prensa, que es que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) está encargada”. 

Así, sin más, la papa caliente comenzó a rodar. 

En respuesta, Aafaf se lavó las manos con el discurso de que respeta la autonomía universitaria y que es entonces a la JSF al que le corresponde decir qué sucederá.

Sin embargo, el portavoz de la JSF, José Luis Cedeño, insistió ayer en entrevista con Primera Hora que “le corresponde a Aafaf y a la JSF elaborar el plan que va a utilizarse para la universidad”, pero hasta el momento tampoco hay una ruta trazada, si se considerarán los planes preparados (y rechazados) por la misma universidad, si se le encargará a un tercero o qué sucederá a partir de este momento. 

“No te puedo adelantar nada,  porque no hemos llegado ahí”, contestó Cedeño.

A esto se suma que la JG sigue incompleta y a la espera de los nombramientos por parte del gobernador Ricardo Rosselló, y que la UPR se encuentra en proceso de seleccionar un presidente en propiedad.

Para la doctora Silvia Álvarez Curbelo, coordinadora claustral de los representantes ante la Junta Universitaria (JU), que reúne a rectores, profesores y estudiantes de los 11 recintos, probablemente utilicen el modelo que trabajó Fernández Hernández inicialmente con los recortes sugeridos de $450 millones.

“El peor de los males”

Fueron los representantes claustrales ante la JU quienes impulsaron una contrapropuesta al requerimiento de la JSF y el plan fiscal de Rosselló: en lugar de un recorte de $450 o $512 millones, sugirieron que fueran $241 millones, pero eso no prosperó en la JG.

“Para mí es muy triste, muy decepcionante porque creíamos que podíamos, al menos que constara, que la universidad decía no a los $450 (millones), tampoco nos agradan los $241 (millones), pero con $241 (millones) y nosotros manejándolo, podríamos detener o frenar o evitar el colapso que se nos avecina”, dijo Álvarez Curbelo.

Inicialmente, los profesores plantearon que el primer año fiscal se redujeran $100 millones, pero no se acogió la propuesta en el Comité de Finanzas de la JG, que terminó sugiriendo que fueran $150 millones, los mismos que ahora pide OGP y que a Álvarez Curbelo le parece “el peor de los males”.

“Gerenciar esto tan terrible, yo no sé a quién le va a tocar”, concluyó.