Los individuos o corporaciones que brinden servicios para los que requieran algún tipo de licencia tendrán que ofrecer a su clientela más de un método de pago si se convierte en ley una medida que fue aprobada este jueves por el Senado.

El Proyecto de la Cámara 948, de la autoría del representante popular José Torres Ramírez, aplicaría a ciertos profesionales que necesitan una autorización legal para ejercer -como abogados, médicos, ingenieros y quienes ofrecen ciertos servicios técnicos-, y los obligaría a ofrecer, al menos, dos alternativas de pago, como efectivo, tarjetas de crédito o débito y cheques. 

La medida fue avalada con 19 votos a favor y ocho en contra de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La exposición de motivos del proyecto hace referencia a la práctica de cobrar exclusivamente en efectivo como un mecanismo utilizado por algunos profesionales para no pagar impuestos. 

La intención de la pieza es atajar la evasión contributiva y aumentar los recaudos del fisco.

“Hay que buscar la forma de seguir dándole herramientas al país para acabar con la situación actual donde, en una economía tan grande, hoy la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (Melba Acosta) dijo que existe una economía de $20,000 millones donde no se captura nada por todas las artimañas que se llevan a cabo para evadir las contribuciones. Eso no está bien, y hay que buscar los mecanismos para eliminarlo”, señaló el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, al tomar un turno a favor de la medida.

“El país entero va a tener una oportunidad de tener un récord para fiscalizar los ingresos de todas las personas. ¿Cómo podemos estar en contra de eso? No sé”, añadió el líder senatorial.

Al discutir el proyecto durante el debate, algunos legisladores de la minoría del PNP, como la senadora Itzamar Peña, aludieron a las expresiones recientes que emitió el gobernador Alejandro García Padilla, quien al defender su propuesta de reforma contributiva, utilizó como ejemplo de evasores a los médicos y abogados.

Bhatia se alió este jueves a las declaraciones del primer ejecutivo. 

“Entiendo cómo puede haber gente ofendida allá afuera, pero es gente ofendida que están acostumbrados a violar la ley, y nosotros estamos haciendo algo que a alguna gente no le gusta, que es decirle: ‘usted lleva violando la ley mucho tiempo’”, sostuvo Bhatia.

La delegación del PNP se opuso a la medida principalmente por entender que no se discutió suficiente, y porque no resolvería el problema de evasión que impera en la Isla. Los senadores azules plantearon que, para atender esa situación, hay que dotar al Departamento de Hacienda (DH) de la tecnología y los recursos necesarios para fortalecer la fiscalización. 

“El que crea que esto atiende la evasión vive en Ivalandia, que se autofiscaliza. Por favor. La intención no se cumple con este proyecto… Se reconoce el problema, pero este no es el mecanismo adecuado para atenderlo”, subrayó el senador Larry Seilhamer, portavoz de los novoprogresistas. 

La pieza legislativa dispone que el DH elaborará las guías y reglamentos para la implementación de la medida, y que quienes violenten sus disposiciones cometerán delito menos grave, y se exponen a una primera infracción de entre $500 y $3,000. Si comete violaciones subsiguientes, la sanción sería de entre $5,000 y $10,000.

El proyecto de ley no fue discutido en vistas públicas, pero organizaciones del sector privado como la Cámara de Comercio y el Centro Unido de Detallistas sometieron memoriales escritos para oponerse con el argumento de que muchos servicios profesionales solo cobran en efectivo por lo oneroso que resulta establecer sistemas de transacciones electrónicas.

De otra parte, el Alto Cuerpo le dio paso en votación unánime a una medida que enmienda el Código de Rentas Internas para eliminar restricciones relacionadas con el volumen de producción en las definiciones de los productos clasificados como “vinos de frutas tropicales” y “vino subnormal” con el objetivo de ajustar los impuestos que aplican a esas bebidas alcohólicas. 

La pieza revierte las disposiciones de la Ley 238-2014, pues los cambios que sufrió el segmento de vinos locales con las nuevas definiciones contenidas en ese estatuto provocaron que aumentara su tasa contributiva. La medida tendrá vigencia retroactiva al 22 de diciembre de 2014, cuando se aprobó la referida ley.