Aunque  se reconoce que las ventas por Internet libres de impuestos sobre ventas y usos (IVU) representan una competencia desleal para el comercio local, se anticipa que los esfuerzos para captar este impuesto propuesto en un proyecto legislativo  aprobado por la Cámara de Representantes, serán cuesta arriba, si no imposible.

Esta medida, radicada por el representante Rafael “Tatito” Hernández, que pasará a la consideración del Senado, obliga a todo comercio o comerciante que haga negocios en y con Puerto Rico a retener y remitir al Departamento de Hacienda el IVU.

“Ellos están tratando de amarrar a las empresas que exportan productos  a Puerto Rico para obligarlos a retener el impuesto sobre las ventas”, explicó el economista, Lerroy López.

“En el pasado, no ha sido efectivo y no se ha podido obligar a los  transportistas o empresas de correo que transportan, a los que hacen la entrega de los productos, que ellos retengan ese impuesto. Esto fue producto de un pleito en contra del Departamento de Hacienda, que no ha tenido un instrumento para lograr eso”, dijo.

Aprueban cobro de IVU a compras por Internet

Para la gente, que hasta el momento no paga el arbitrio, agregó el economista,  sería una carga adicional, pero es una competencia desigual para las empresas que venden productos aquí versus productos importados.

Comentó que para tener una idea de la importancia de esta competición, en términos de precios,  una tienda como Best Buy logró aumentar sus ventas cuando ofreció que igualaría sus precios a los de Amazon.

“(La medida) le aumentó mucho las ventas porque logró competir con esas ofertas más baratas de parte de Amazon”, relató.

Se desconoce a cuánto se eleva el monto en Puerto Rico de las compras por Internet. Ni aún en el censo del Departamento de Comercio, según López, se  ha podido precisar la cantidad real.

“En el censo aparece un concepto  de ‘orden por correo’ de $15,000,000. Pero eso me parece una cantidad ridícula”, acotó.

López aludió a una jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de 1992, que establece que los estados no pueden requerirle  a  los detallistas, no los pueden obligar a cobrar los impuestos de las órdenes  de venta por Internet,  a menos que tengan una presencia física en el Estado.

“Sería interesante ver a través de las tarjetas de crédito si las transacciones que se hagan, si se puede exigir a las compañías de crédito que cobren el impuesto”, comentó.

“Sería importante si Puerto Rico puede lograr algún acuerdo con esas empresas. Hay una medida que se está considerando para obligar a nivel federal a las empresas retener los impuestos estatales, independientemente de que tengan presencia en un estado”, señaló el economista.

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