La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes reanudó esta mañana las vistas investigativas que buscan establecer quién en el Departamento de Salud autorizó el millonario contrato a una compañía vinculada al Partido Nuevo Progresista (PNP), sin experiencia en asuntos médicos, para la compra de pruebas rápidas del COVID-19 y que finalmente tuvo que ser cancelado.

La vista ejecutiva, que se transmite por la página cibernética de la Cámara, comenzó con el testimonio bajo juramento de Graciela Malavé, gerente de evaluación del área de bioseguridad bajo contrato de servicios profesionales en el Departamento de Salud.

El pasado 26 de marzo en horas de tarde cuando ya había renunciado la exsecretaria interina de la agencia, Concepción Quiñones de Longo, Malavé recibió un correo electrónico de la analista de compras de Salud, Mariel Rivera, para que verificara una cotización a nombre de la firma APEX para la compra de un millón de pruebas rápidas del coronavirus a un costo de $42 millones.

Malavé, quien no fue categórica en algunas de sus respuestas, admitió a preguntas del presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, que ella autorizó la orden de compra, pero se amparó en que lo hizo a través del formulario 113, de órdenes de compra de emergencia, siguiendo instrucciones de la agencia.

“Yo no apruebo la compra”, reclamó Malavé y señaló a Adil Rosa, secretaria auxiliar del Departamento de Salud como la responsable de la compra. Rosa declarará esta tarde en las vistas investigativas.

Malavé dijo que el formulario 113 “es un documento complementario que no sustituye la orden de compra”. Sin embargo, luego reconoció que autorizó que se iniciara la millonaria compra. La funcionaria sostuvo que vio la cotización, pero alegó que no le consta que el contrato “ya estuviera firmado”.

¿No le trajo dudas que esa compra fuera por $42 millones?, le preguntó Morales a la funcionaria.

“En términos de precio, yo no evalúo, no sé de suplidores…, yo no tenía el criterio para hacer comparaciones… Si están pidiendo un millón de kits entiendo que el precio va a ser sustacialmente alto”, respondió la mujer que es tecnóloga médica de profesión y labora en el NMEAD con un contrato de servicios profesionales.

El representante Morales le cuestionó sin embargo, haber dado el visto bueno a la compra después que “que alguien en Salud se había encargado de firmar el contrato”.

“Juan Maldonado envió ese contrato el 26 de marzo a las 2:49 de la tarde. Ni tan siquiera le habían enviado el email a usted y ya estaba todo listo”, sostuvo el legislador novoprogresista. Surge de los correos electrónicos que Malavé evaluó y autorizó la orden de compra a las 3:32 pm del 26 de marzo pasado.

El controvertible contrato fue enmendado y finalmente cancelado por el actual secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, cuando asumió el mando de la agencia.

La comisión legislativa también investiga el contrato de $14 millones para la compra de 713 respiradores y que la exsecretaria interina, Quiñones de Longo denunció que fue presionada la pasada semana cuando declaró en la primera vista a puertas ceradas, que fue presionada por Marisol Blasco, ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, para que en 20 minutos firmara el laudo.