El senador popular Javier Aponte Dalmau quiere acabar con las dinastías en las alcaldías del país y para ello radicó un proyecto con el que busca eliminar esa práctica que ha sucedo en múltiples ocasiones.

“La Ley de Municipios Autónomos reconocía originalmente un proceso de asamblea cuando surgía una vacante de alcalde. Posteriormente, la ley se enmendó para que se establecieran procesos de primarias con ciertas limitaciones. Sin embargo, esa disposición fue derogada por la pasada administración para atornillar a algunos alcaldes cuya filosofía ha sido dejar a sus hijos para supuestamente continuar su legado perpetuando la hegemonía y el control que tienen sobre los destinos de sus municipios”, explicó Aponte Dalmau en declaraciones escritas.

El portavoz senatorial explicó que luego de la aprobación del Código Municipal, se pretendió corregir esta situación al estipular que si la vacante en el cargo de alcalde ocurre en años donde no se celebren elecciones generales, siempre tendrá que celebrarse una primaria de pueblo entre los afiliados del partido en el que surge la vacante.

No obstante, Aponte Dalmau señaló que la referida ley no impulsó un esquema similar cuando la vacante en el cargo ocurre en un año electoral o que el alcalde electo tome posesión y abandone el cargo, dejando así la puerta abierta para que se continúen con estas dinastías.

“El estado de derecho actual es antidemocrático y completamente anacrónico en los momentos que vivimos. No tenemos problemas en que un familiar, allegado o quienquiera pretenda ocupar la poltrona municipal una vez surja la vacante, pero tiene que ser respetando el ejercicio del derecho al voto que es la base fundamental de nuestro sistema democrático y es a través del cual se expresa la verdadera voluntad del pueblo”, añadió el senador.

Por otro lado, Aponte Dalmau también presentó otra medida para realizar enmiendas al Código Municipal en torno a la delegación de funciones a las Asambleas Municipales para que puedan aprobar e imponer sanciones penales por violación a las ordenanzas y resoluciones del municipio.

“El hecho de que las Asambleas Municipales puedan aprobar sanciones penales en sus ordenanzas es transferir erróneamente una competencia de la Asamblea Legislativa estatal. La delegación de poderes a los municipios debe tomar en consideración la uniformidad, velar por la economía procesal y evitar la duplicidad de mecanismos fiscalizadores. Por eso estoy promoviendo estas enmiendas para que las legislaturas municipales puedan legislar sanciones administrativas y no sanciones penales que nos corresponde legislar a nosotros”, precisó.