Un proyecto del Senado pide la eliminación de la Oficina del Procurador del Ciudadano bajo el alegato de que la dependencia ha perdido su utilidad durante los últimos años, aun cuando los planes de la administración de Alejandro García Padilla es consolidar las procuradurías bajo una “Defensoría de los Derechos Humanos del Estado Libre Asociado”.

La medida, radicada por el presidente de la Comisión senatorial del Gobierno, el senador Ángel Rosa Rodríguez, junto a otros cinco de sus correligionarios, transfiere a los empleados de carrera del Ombudsman a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) con el fin de que sean eventualmente asignados a otras dependencias del Gobierno, mientras también le asigna otras funciones de la Procuraduría a la Compañía de Comercio y Exportación.

“La Oficina del Procurador del Ciudadano no tiene ninguna justificación y su utilidad es cada vez menor. Es un ejemplo de la inefectividad gubernamental”, indicó el senador Rosa Rodríguez.

Aunque algunos detractores de la medida aseguran que el proyecto senatorial representa un ataque político que intenta eliminar una agencia que ha sido dominada durante varias administraciones gubernamentales por empleados de confianza del Partido Nuevo Progresista (PNP), la Procuradora del Ciudadano, Iris Miriam Ruiz Class, no entró en la controversia partidista al solicitar un trato de respeto y deferencia para la Legislatura.

"Tengo que guardar respeto por el legislador y quiero que este asunto se discuta", sostuvo la exrepresentante en una entrevista telefónica.

"El Ombudsman es un ente fiscalizador. Es una figura muy importante a nivel mundial y el proyecto de ley adolece de unas exactitudes numéricas", añadió.

La agencia también reclama logros significativos en sus esfuerzos para proteger a los ciudadanos contra los atropellos de otras agencias públicas. Por ejemplo, durante el año fiscal 2011-2012, la Oficina del Procurador del Ciudadano radicó más de 5,000 querellas a favor de ciudadanos y, en muchos otros casos, la agencia actuó como un intermediario entre el Gobierno y el público.

"No estamos opuestos a la consolidación de las agencias. Nosotros hemos hecho muchísimo con poco presupuesto", añadió la funcionaria.

La oficina cuenta con unos 90 empleados distribuidos en varias regiones, y cerca de 19 de ellos son inspectores que atienden las querellas.

Ruiz Class aseguró, de hecho, que la agencia ha  facilitado compensaciones para abonados sin tener que recurrir a los tribunales y que, entre otras gestiones, ha socorrido a ciudadanos en necesidad de trasplantes y otros tratamientos médicos especializados.

"El Ombudsman ha crecido en torno a los servicios que ofrece y tiene una función en Puerto Rico", dijo la funcionaria.