El senador popular por el distrito de Guayama, Albert Torres Berríos, encara mañana, martes, cargos criminales que le radicará la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (OPFEI) en el Tribunal de San Juan.

No está claro en qué consisten las denuncias, pero en agosto del año pasado al legislador se le asignó un fiscal especial independiente por un alegado patrón de acoso laboral y de solicitudes de dinero que le atribuyeron empleados de su oficina legislativa en 2021.

En 2022 el OPFEI acogió un referido del Departamento de Justicia y designó a la FEI, Zulma Fuster Troche, para conducir la investigación sobre posibles infracciones al Artículo 191 del Código Penal (extorsión) y el Artículo 3, de la Ley 115-1991, conocida como Ley de Represalias contra el Empleado por Ofrecer Testimonio.

Hoy, Torres Berríos no se presentó a sus labores en el Capitolio y se encontraba reunido con sus abogados, confirmó el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien no fue categórico en qué acción, si alguna, tomaría contra el senador, si se le encuentra causa para el arresto.

Dalmau Santiago reconoció, sin embargo, que la Regla 243 del Reglamento del PPD establece que cuando se determinase causa probable para arresto o citación contra algún miembro de la colectividad por algún delito grave o menos grave que implique depravación moral el Presidente puede suspenderlo temporeramente de su cargo hasta que el caso sea resuelto por los tribunales. Recordó también, el líder senatorial, que son los senadores, en última instancia, los jueces de sus pares.

El líder legislativo sostuvo que Torres Berríos, motu propio, no le ha planteado la posibilidad de renunciar ni él tampoco se la ha pedido. “La información que me ha dado todo el tiempo es que basado en los hechos que han sucedido, sus abogados están muy tranquilos en el sentido que le han indicado que el proceso ellos lo van a trabajar de forma en que todo se sepa y que él pueda salir bien”, sostuvo Dalmau a preguntas de periodistas en las oficinas senatoriales.

“El siente una tranquilidad por lo que le han dicho sus abogados y yo no tengo porque dudarlo”, añadió el presidente del Senado y también presidente del Partido Popular Democrático (PPD).

En diciembre de 2021, la Comisión de Ética del Senado recomendó castigar con un voto de censura y reprimenda pública al senador Torres Berríos, de 32 años, luego de investigar una querella de empleados del legislador que alegaron ser objeto de un patrón de maltrato verbal y de solicitudes de dinero.

También se rindió un informe de minoría que recomendó castigar también al legislador con una multa de $5 mil, que se le separara de forma permanente de la presidencia de comisiones legislativas, se ordenara a la oficina de Recursos Humanos que continúe la investigación y que el expediente fuera referido al Departamento de Justicia, pero ninguno de los dos informes fueron acogido por el pleno del Senado.

El Departamento de Justicia, sin embargo, inició una investigación contra Torres Berríos.

Tras la investigación, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli informó al OPFEI que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor entrevistó a empleados del legislador, así como, examinó la prueba documental y testifical sobre una querella levantada ante la Comisión senatorial de Ética, donde se alegó que el legislador había solicitado dinero al esposo de una empleada y que había intentado impedir el testimonio de ciertos testigos ante esa comisión.

“La empleada –Alba González Rivera– se encontraba en destaque en el Senado desde febrero de 2021. La funcionaria había planteado ante la Oficina de Recursos Humanos del Senado que el senador Torres Berríos había requerido a su esposo la entrega de dinero bajo apercibimiento de que negarse a ello resultaría en la pérdida de empleo de la señora González Rivera”, indicó el OPFEI.

Dalmau Santiago indicó que la radicación de cargos contra el legislador fue tema hoy en el caucus del PPD. “Me preguntaron los compañeros qué iba a pasar y les dije que hasta que no pasara la vista en el tribunal no podíamos tomar ninguna posición”, sostuvo al tiempo que reclamó que fue él quien refirió a la Comisión de Ética del Senado en 2021 la querella de las alegaciones que hacían empleados contra Torres Berríos.

“La Comisión de Ética evaluó el caso, hizo un informe con unas recomendaciones que cuando bajó al floor por los propios compañeros de todos los partidos, en votación dividida se derrotó. Ya, bajo esos hechos, el Senado actuó”, reclamó Dalmau Santiago.

Dijo que “hay que ver qué pasa en la citación de mañana y después, uno puede tomar decisiones basadas en qué pasó allí, antes de eso, no tengo decisión que tomar porque ya lo relevamos de las comisiones, lo referí a Ética y Ética rindió un informe donde tiene que ser, en el hemiciclo”. Agregó que los senadores, que son los jueces de sus propios compañeros según la Constitución “derrotaron las recomendaciones del informe y quedó ahí”.

Sostuvo que la posibilidad de pedirle a Torres Berríos la renuncia al escaño o la desafiliación del caucus, “no se habló en el caucus, ni fuera del caucus, ni en los pasillos ni en ningún sitio de esta oficina”.

Dalmau Santiago aludió a casos pasados como el del fenecido senador novoprogresista Nicolás Nogueras, quien fue expulsado del Senado en un juicio de residenciamiento y a Jorge de Castro Font y Abel Nazario, quienes dijo que “hasta que no terminaron su proceso (judicial), permanecieron en sus cargos.

Torres Berríos estuvo involucrado en otra controversia por una querella de maltrato a menores radicada en julio pasado, que fue archivada por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente a recomendación dell Secretario de Justicia.