El caucus novoprogresista pospuso esta tarde la aprobación del nuevo Código Civil a petición de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo que la Fortaleza tiene hasta el miércoles entrante para someter sus recomendaciones, pero advirtió que no darán paso a ninguna propuesta que cambie “disposiciones que se redactaron conforme a los casos resueltos por tribunales federales y de Puerto Rico”.

“El Código no le quita derechos a nadie, no transgrede ninguna determinación que le haya reconocido derechos a los diversos sectores de Puerto Rico. Está preparado de manera responsable y profunda y completamente consistente con toda la casuística federal y estatal”, sostuvo Rivera Schatz en declaraciones a periodistas. No precisó cuáles son estos casos y dijo que el que no esté acuerdo puede acudir al tribunal.

El líder legislativo no dijo cuándo bajarán el proyecto de ley a votación, sí aseguró que tal y como está redactado tiene los votos de su delegación y que sólo el senador de la Palma, Miguel Romero votaría en contra.

Rechazó que la medida sea contraria a la decisión federal de hace dos años que permite que personas transgénero hagan cambios en sus certificados de nacimiento a través del Departamento de Salud, sin necesidad de acudir a un tribunal. Rivera Schatz se amparó en que “alguna gente está interpretando que género y sexo es lo mismo y no lo es”.

La medida, última versión del proyecto de la Cámara 1654, que reformula el Código Civil de Puerto Rico con un lenguaje más conservador, acercándose al que tenía la medida original, había sido incluida en el calendario del Senado de hoy.

El polémico proyecto de ley –que tiene 589 páginas– es objetado por más de 70 organizaciones de la sociedad civil y la minoría popular radicó un informe en el que recomienda que la medida no sea aprobada y que sea devuelta a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas, ente que evaluó la pieza legislativa mediante memoriales y comentarios enviados a través del portal del Senado sin abrir el proceso a vistas públicas.

La medida fue aprobada en la Cámara en abril de 2019 y en noviembre de 2019 el Senado trabajó una versión enmendada que fue dejada entonces sobre la mesa.

Las objeciones mayores al proyecto de ley se centran en el libro de relaciones de familia, entre ellas, el lenguaje de la figura jurídica del “concebido no nacido”.

La delegación popular planteó en su informe que la primera controversia que presenta el libro de familia se centra en la inclusión de la frase: “el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables”, pues la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) la describió como una agresión al derecho fundamental de la mujer al aborto en etapas tempranas, a su libertad reproductiva y a su salud.

También, recordó la minoría del PPD en el informe, que en las vistas públicas de la Cámara el pasado año, el Departamento de Justicia, dirigido entonces por Vázquez Garced, advirtió que ese lenguaje era contrario al caso normativo de Roe versus Wade, pues incidiría en el derecho a la intimidad de la mujer, criminalizando lo que el Tribunal Supremo federal reconoció.

El informe de minoría también indica que la medida sustitutiva trastoca el procedimiento vigente para autorizar enmiendas en el certificado de nacimiento de personas transgénero, pues hace el proceso oneroso porque obliga a las personas a acudir a un tribunal y el cambio se limita a una marca, en vez de la emisión de un nuevo certificado con el género que se identifica la persona, lo que también abriría la puerta al discrimen.

La delegación popular sostiene además, que la medida guarda silencio sobre las uniones de hecho y obvia toda recomendación para proteger a las personas que han optado por esta modalidad de convivencia. Únicamente se reconoce esta unión para fines de adopción de un menor de edad.

La minoría expusó también que en la nueva versión prevalece un lenguaje confuso para reconocer el parentesco por procreación asistida y eliminó toda referencia a la eutanasia.

En el proyecto se mantiene la prohibición de la clonación reproductiva, pero con unas excepciones.

La medida también elimina la prestación compensatoria en casos de divorcio que permitiría que el cónyuge desventajado económicamente por causa de la disolución del matrimonio pueda reclamarle al otro una compensación económica.

“No es una medida que exclusivamente compete a la comunidad jurídica. Nos encontramos ante una ley que inevitablemente impactará a las presentes y futuras generaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los efectos que posteriormente genere su fallecimiento”, dice el informe de la delegación popular, suscrito por el senador José Nadal Power.