Ante los nuevos retos ambientales que enfrenta el país resultado del cambio climático y múltiples factores, como el mal manejo de los recursos naturales, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, anunció el desarrollo de múltiples esfuerzos dirigidos a la creación de un “Código Ambiental” que garantice, entre otros aspectos, la preservación de la zona marítimo terrestre, el acceso a las playas y la delimitación de los cuerpos de agua.

“Estos asuntos constituyen un tema prioritario que requiere de una acción legislativa clara y efectiva. A esos efectos, este Senado -el más diverso de la historia- asumirá su responsabilidad de cara al futuro”, indicó Dalmau durante una conferencia en la que se acompañó de miembros de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Nitza Morán.

Otras áreas importantes son la designación de la zona de protección de las cuencas hidrográficas, el desarrollo de una política pública coherente sobre estructuras existentes en el litoral costero y bienes de dominio público, la restauración paulatina de zonas de alto valor ecológico impactadas por edificaciones y la inclusión del tema de protección ambiental en los currículos académicos.

Como primer paso, explicó el líder senatorial, un grupo de trabajo -que estará integrado por asesores y expertos en el área ambiental y de planificación-, realizará un inventario de la legislación radicada sobre estos temas e identificará aquellas medidas donde haya puntos de encuentro o propuestas que puedan ser armonizadas.

Una vez completado el análisis, lo que estimó en un mes, se integrarán al esfuerzo las agencias gubernamentales, la academia y organizaciones profesionales y comunitarias que puedan aportar a la discusión. Este intercambio dará paso, entonces, a la redacción de medidas que puedan integrar la intención legislativa de cada uno de los senadores.

“Los trabajos legislativos comenzarán por la regulación de la zona costera, la realización de deslinde estatutario de la zona marítimo terrestre y los cuerpos de agua ante la importancia estos recursos para la isla”, anticipó.

Según datos provistos por el líder senatorial, Puerto Rico cuenta con 66,762 cuerdas de mangle y humedales que se supone sean áreas protegidas, así como con 668 millas lineales de costas.

En los 44 municipios costeros de la isla, residen un total de 1.8 millones de personas o el 61% de la población.

“A pesar de esas impresionantes cifras, todavía es la hora que el deslinde de la zona marítimo terrestre no está establecida por ley y las definiciones que se usan como guías de desarrollo, provienen de la antigua Ley de Puertos de España implantada en el año 1866. Esto es insólito y es hora de corregirlo”, afirmó.

Dalmau señaló en varias instancias que la agenda anunciada no tiene el propósito de detener el desarrollo económico, sino que, por el contrario, “busca acabar con la tirantez y polarización que existe entre diversos sectores”.

Adelantó que, para la redacción del Código Ambiental, el Senado promoverá acuerdos de colaboración con la Universidad de Puerto Rico (UPR) y otras instituciones académicas. Agregó que, de un análisis inicial, su equipo de asesores ha detectado 117 leyes ambientales que cobijan temas similares (regulación sobre humedales, zonas pesqueras y las servidumbres de conservación de ríos y quebradas), pero que están dispersas en diferentes estatutos.

Dijo que los portavoces del Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y el Partido Independentista Puertorriqueño, así como el senador independiente José Vargas Vidot, fueron informados sobre la iniciativa e invitados a la conferencia de prensa, pero no pudieron asistir por compromisos previos. Aseguró que se manifestaron “optimistas” sobre la iniciativa.

“Confío en que todas las delegaciones actuarán con el desprendimiento y sentido de responsabilidad que requieren temas tan importantes como estos, porque de lo que se trata esta iniciativa es de dejarles un país habitable y sostenible a las próximas generaciones”, señaló Dalmau.

Abordado sobre si el “Código Ambiental” garantizaría los fondos estatales necesarios para la aplicación de lo que disponga el futuro estatuto, Dalmau señaló que -a tales efectos- las agencias fiscalizadoras tienen el deber de acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de sus leyes y reglamentos y solicitar -cada año fiscal- el presupuesto necesario.

Confrontado con el hecho de que en algunas instancias a las agencias no se les concede el presupuesto peticionado, como ocurrió este año con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Dalmau indicó que “si alguna vez en la historia el gobierno de Puerto Rico está bien económicamente, es ahora”.

“Lo que voy a decir no es parte de la conferencia de prensa, pero el gobierno de Puerto Rio tiene bastante dinero a punto de perderlo y no lo usa, y no lo digo yo. Vino el presidente (de Estados Unidos, Joe) Biden y lo dijo, la secretaria de Energía (federal, Jennifer Granholm) lo dijo, el secretario de Educación (federal, Miguel Cardona) lo dijo...”, puntualizó Dalmau.