En un giro de última hora, el Senado dejó en pausa durante la noche de ayer, martes, la aprobación del proyecto para crear la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), anunció el presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago.

La maratónica jornada arrancó, temprano en la mañana, con una única vista pública en la Comisión de Hacienda, en la que se discutió la medida por espacio de siete horas.

“Es un proyecto importante y altamente técnico. Hemos trabajado las enmienda y diez puntos específicos y todo eso tiene que ser traducido al inglés”, dijo Dalmau Santiago a la prensa en su oficina legislativa.

Relacionadas

La medida sería circulada anoche entre los senadores para retomar hoy la discusión a partir de la 1:00 p.m.

El líder senatorial aseguró que el Proyecto de la Cámara 1003 tiene los votos para ser aprobado en el Senado y que los cambios a incluirse fueron discutidos con la Cámara de Representantes. Igualmente, señaló que el lunes habló de las enmiendas con el gobernador Pedro Pierluisi y tampoco presentó objeción.

“Creíamos que íbamos a tomar un documento para discutir a las 4:30 p.m. o 5:00 p.m. y no fue posible”, dijo el también líder del Partido Popular Democrático.

El funcionario explicó que gran parte de los miembros de su caucus quisieron aclarar dudas sobre la medida, como el lenguaje y su ubicación.

“Hay los votos para aprobar el proyecto”, insistió.

La intención es aprobar hoy la medida en el Senado y que la Cámara de Representantes concurra con los cambios el viernes.

Los cambios

Según Dalmau Santiago, algunos de los cambios en la medida es que se incluyó un lenguaje para detener los recortes al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que están contemplados en su plan fiscal.

“Se trata de una asignación fija de $500 millones por un periodo de cinco años congelando los recortes programados”, detalló el senador.

También, crea un Fondo Fiduciario de becas para la UPR, se incluye lenguaje prohibiendo el recorte propuesto en el plan fiscal de 50% correspondiente a la aportación patronal de los empleados públicos a su plan médico, se consigna la liberalización de $62 millones para reciclaje y recogido de basura en los municipios, se crea un fondo especial para combatir la pobreza y se crea un Fondo de Inversión de Desarrollo Económico, valorado en $300 millones a ser repartidos en cinco años.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no se ha expresado sobre este lenguaje.

También, incluyeron un lenguaje que abriría la puerta a que el gobierno, luego del décimo año de pago de la deuda nueva, pueda refinanciar la misma o adelantar pagos para saldarla. Además, asignarían $1 millón para que una entidad que no ha sido identificada realice un estudio sobre la viabilidad de establecer en Puerto Rico un plan de salud universal.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza, anticipó temprano a periodistas que se incluirían múltiples enmiendas dirigidas a neutralizar los recortes dispuestos en el plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico y a crear un fondo especial de inversión para pequeñas y medianas empresas.

Igualmente, se incluiría lenguaje adicional para supuestamente garantizar que el fin primordial de la medida, que básicamente es autorizar el intercambio de nuevos bonos, solo se lograría si la JSF enmienda el séptimo plan fiscal y desiste de su intención de recortar las pensiones de los empleados públicos.

Zaragoza proclamó horas antes que la Legislatura tenía “el sartén agarrado por la mano” y que, fundamentado en esa realidad, defendería las propuestas del Senado.

“La lógica es que lo que está ante la consideración de la jueza (Laura Taylor Swain) es el PAD. Para que ese PAD se operacionalice, hay que emitir deuda, y estamos diciendo que estamos autorizando la emisión de deuda siempre y cuando se den unas cosas”, dijo el senador.

Preguntado si las enmiendas en el proyecto podrían provocar que se ponga en riesgo la negociación del PAD, Zaragoza argumentó que “en las negociaciones uno se las tiene que jugar así”.

“Desde el principio, sabíamos que nosotros teníamos el sartén agarrado por la mano y ese sartén no lo vamos a soltar así de fácil. Como en toda negociación, uno aprieta asumiendo ciertos riesgos y haciendo una lectura de quién está al otro lado de la mesa. Hay el riesgo de que se tranque el bolo, pero si se tranca no es que la jueza desestimará el caso, tal vez nos tardemos más y sigamos negociando. Es como toda negociación, no puedes ir con miedo y tienes que jugarte la baraja”, señaló.

“Es momento de entrar a la ofensiva”, sostuvo, al referirse a cómo los cuerpos legislativos han sido deferentes con el ente fiscal, particularmente al consultar el contenido de proyectos de ley con impacto fiscal.

Detractores

El debate de anoche se llevaría a cabo frente a decenas de pensionados que tuvieron acceso a las gradas del Senado.

Detractores de la legislación han indicado que los propios números de la JSF señalan que el gobierno regresará a déficit en el 2036 y el pago de la deuda, ya garantizada, se tendría que honrar a expensas del pago a servicios esenciales.

Daniel Santamaría Ots, analista de la organización Espacios Abiertos, acusó a la JSF de no ser lo suficientemente clara en lo que se refiere a los números. Por ejemplo, dijo que el “pronto pago” a los bonistas, en efectivo, sería de $10,000 millones y no $7,000 como se ha dicho. También, señaló que, con la medida, se impediría que se aprueben futuros ajustes por inflación para los retirados.

“Aunque aprobemos una medida que diga cero recortes, los pensionados van a recibir un recorte del 39% acumulado”, dijo Santamaría Ots, al referirse al elemento de la inflación, entiéndase el incremento en los costos mientras el pago mensual de los retirados se mantendría igual.

Al ilustrar su postura en números, indicó que un pensionado que reciba $1,500 mensuales tendría un valor real cercano a los $915 mensuales para el 2037, aplicando el efecto de la inflación.

Santamaría Ots también cuestionó la viabilidad del pago de deuda pactado. “Ahora, Puerto Rico resulta que puede pagar $1,150 millones (anuales) y $405 millones anuales si se exceden los ingreso del IVU y los recaudos del ron”, sostuvo. Se refirió al pago de la deuda de los nuevos bonos viabilizados a través de la creación de un nuevo Instrumento de Valor Contingente (IVC) y recordando el pronóstico de déficit al 2036.