El Senado derrotó hoy un paquete de ocho medidas de la Cámara que buscaban otorgar discreción a la contralora, Yesmín Valdivieso en la frecuencia para realizar auditorías de las cuentas y operaciones de diversas dependencias del gobierno, entre ellas, la Administración de Servicios Generales (ASG), Administración de Terrenos (AT), Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Oficina del Procurador del Ciudadano y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

Otras dependencias públicas incluidas en el paquete de proyectos colgados lo eran: Junta de Licenciamiento Médico, Colegio de Productores de Espectáculos y Programa Federal de Donaciones de Propiedades Excedente.

Las medidas legislativas, de la autoría del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, recibieron 13 votos a favor y 13 en contra. Para prevalecer necesitaban obtener un mínimo de 14 votos.

En un turno en contra, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón arremetió contra los proyectos de ley.

“Una de las agencias incluidas en este paquete de medidas es la Administración de Servicios Generales, esa es la entidad que controla las compras del gobierno de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa va a quitar la única mirada fiscalizadora que tenemos para que (la auditoría) sea cuando la contralora quiera, recordando que la Oficina de la Contralor es parte de la Asamblea Legislativa, es una entidad adscrita a la Asamblea Legislativa”, cuestionó Santiago Negrón.

“Me parece que con la proliferación de casos de corrupción, con la cantidad de señalamientos que estamos viendo es muy mala práctica el rendir facultades fiscalizadoras sobre los fondos públicos”, sostuvo.

La legisladora dijo que las intervenciones de la Oficina del Contralor “son tristemente” la única ventana que tiene el país para conocer las operaciones fiscales y administrativas de las agencias del gobierno de Puerto Rico. “Es la única manera que tenemos de saber cómo están funcionando diversidad de entidades gubernamentales”, indicó Santiago Negrón y citó como ejemplo que “los cientos de casos de malpractice almacenados de la Junta de Licenciamiento Médico no hubieran salido a la luz pública sino es por un informe de la Contralora”.

Sostuvo que aunque en algunas ocasiones se trata de “una fiscalización mínima, pero es efectivo hasta cierto punto”.

Dijo que son los informes de la Oficina del Contralor los que llevan a los planes de acción correctiva que permiten que las entidades públicas enmienden algunas de sus malas prácticas y permiten adjudicar responsabilidad sobre los recursos públicos.

“Lo que propone el conjunto de medidas es que esas intervenciones se den únicamente cuando la contralora quiera, pueda y le parezca. Muchas de las entidades tienen un plazo dispuesto en ley para ser auditadas y eso es saludable”, agregó.

El senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe Riefkhol también tomó un turno en contra de las piezas legislativas. “Es inapropiado plantear que en lugar de hacer esas auditorias más rigurosas, se flexibilicen”, expresó Bernabe Riefkhol.

En la exposición de motivos de las medidas, Hernández Montañez argumentó que en los últimos años, Ia Oficina del Contralor ha enfrentado una reducción de personal, en su gran mayoría auditores, por retiro de empleados, la emigración y recortes presupuestarios “que han afectado la cantidad de las auditorías exigidas por ley”.

Según el legislador “el flexibilizar Ia frecuencia de las auditorías estratégicamente, permitirá a la OCPR planificar las auditorías basadas en normas operacionales y las necesidades particulares de cada agencia” y “de esta forma, se podrán programar las auditorias tomando en consideración varios criterios como: el tiempo que lleva la unidad sin auditarse, la cantidad del presupuesto asignado a la entidad, los asuntos que se puedan estar discutiendo en la prensa, las querellas recibidas, entre otras”.