El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado, Cirilo Tirado, dijo hoy, martes, que estará pendiente a lo que surja del proceso criminal federal contra el desarrollador Juan Ramón Zalduondo Viera, para determinar posibles nexos con la investigación legislativa sobre la adquisición de terrenos del Corredor Ecológico del Noreste (CEN).

“Vamos a mirar a ver si tiene algo que ver con la adquisición de terrenos… tenemos que ver si hay algo relacionado a la investigación que estamos haciendo, al día de hoy no sé”, dijo Tirado.

La semana pasada la comisión celebró vistas públicas sobre la compra de terrenos, según surgía de la resolución 177 del Senado. Allí el subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Julio Méndez, indicó que para septiembre de 2012 “antes de que se consumara el traspaso del remanente de los terrenos en San Miguel fase III, los activos y propiedades del dueño de los terrenos fueron confiscados por las autoridades federales en relación a cargos criminales por lavado de dinero”.

Los terrenos de la finca San Miguel pertenecen a Zalduondo Viera y, según se dijo en la vista pública, el Gobierno pagó el mismo precio por cuerdas en humedales que en tierra firme.

“Algo tiene que haber ocurrido ahí… ahí Zalduondo salió beneficiado”, dijo Tirado.

El autor de la medida de investigación es Larry Seilhamer, quien dijo que referirá al Departamento de Justicia de Estados Unidos los hallazgos de la pesquisa legislativa.

“La investigación toma mayor peso con las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero, y con lo que trascendió en las vistas públicas con el informe del tasador (de DRNA) de que se pagó en exceso de $50,000 más por cuerda. Y eso es en la última tasación (finca Dos Mares, no relacionada a Zalduondo Viera). En las primeras, que es en las propiedades donde Zalduondo Viera era propietario, se pagó mucho más”, sostuvo Seilhamer.

Mientras, Luis Jorge Rivera Herrera, planificador ambiental que colabora en la protección del CEN, dijo que esa entidad nunca tuvo conocimiento de vínculos de Zalduondo Viera con lavado de dinero y narcotráfico, más allá de lo publicado en la prensa.

“Realmente no tenemos posición alguna más allá de lo que se aplica a todos los ciudadanos: que si se actúa de forma ilegal que hay que pagar por las consecuencias. Le corresponde a las autoridades federales probar su caso”, indicó Rivera Herrera.

Asimismo, el planificador declinó comentar si la pesquisa federal relacionada a San Miguel aún no ha concluido, esto porque los arrestos de hoy fueron ejecutados por el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) y Rivera Herrera dijo la semana pasada -y reiteró hoy- que a él lo entrevistó el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en relación a los terrenos.