El Senado bajará por descargue esta tarde dos medidas legislativas para que en medio de la crisis energética se deje sin efecto el contrato de exclusividad que tiene LUMA Energy de manera que los municipios puedan subcontratar personal para atender las averías en líneas eléctricas y el desganche de árboles.

La legislación también busca que los celadores y podadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que laboran en agencias públicas sean activados durante la emergencia.

La sesión senatorial está citada para la 1:00 de la tarde de hoy martes.

El portavoz de la mayoría popular en el Senado y también presidente de la Comisión de Asuntos Energéticos del cuerpo legislativo, Javier Aponte Dalmau, anticipó que los informes de ambas medidas contienen enmiendas.

“El gobernador (Pedro Pierluisi) mediante una orden administrativa pudiese establecer la política pública, pero en la tarde hoy el Senado se apresta a bajar por descargue dos medidas que tienen que ver con la energía”, adelantó Aponte Dalmau en conferencia de prensa en el Capitolio.

“No podemos salir del operador (LUMA Energy) porque ahora mismo el contrato está hecho entre el operador y FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Desastres), que es el que paga”, sostuvo el senador del Partido Popular Democrático (PPD).

Indicó que una de las enmiendas busca que sean los alcaldes los que preparen los informes directamente a FEMA, de manera que reciban los fondos para las labores de reconstrucción del sistema eléctrico. “La enmienda es para que los alcaldes vengan obligados a rendir estos informes y que sean parte de los $10 millones que se asignan”, sostuvo el senador.

Aponte Dalmau dijo que otra enmienda es para que los empleados que se asignen a los municipios para realizar estas tareas, sean empleados municipales o subcontratados, tengan una póliza de seguros para garantizar su desempeño laboral.

El legislador indicó que en un informe requerido por FEMA en torno al proceso de reconstrucción del sistema eléctrico del país, “el propio LUMA reconoce que si tiene que estar cumpliendo con la sección 4 del reglamento de FEMA la reconstrucción del sistema tardará 10 años”.

“La pregunta es para qué queremos estar recibiendo fondos de FEMA si al final día nos los impiden gastar”, dijo Aponte Dalmau.

“El llamado al gobernador es a no tan solo lo que la prensa de hoy recoge, de que han hecho (alcaldes) un llamado a celadores, a que se le adelanten fondos de Medicare y Medicaid, a que se le adelanten fondos de FEMA en un 90 %, a que se tomen consideración los fondos de inflación. Si aquí no hay un lenguaje al unísono, del poder ejecutivo y legislativo, de exigirle al Presidente y al Congreso de Estados Unidos de que le quiten la bota de encima al pueblo puertorriqueño y se agilice todo este proceso y se comience un proceso de revisión judicial, no vamos a salir del atolladero que ha creado esta crisis energética en el país”, sostuvo.

Dijo que las circunstancias en este momento (tras el paso del huracán Fiona) “son totalmente distintas para exigir ese proceso de revisión judicial y determinar, si LUMA se quedará con un contrato que originalmente se estableció para que fuese para el sistema de transmisión y distribución y que después enmendaron para incluir una parte de operación y mantenimiento y si esa parte de operación y mantenimiento tendríamos que modificarla y eliminarla o que este contrato se cancele”.

El legislador indicó que los argumentos están recogidos en un memorial que envió al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien solicitó información a las agencias del gobierno en el caso de que se cancele el contrato de LUMA, que vence el 30 de noviembre próximo.