Luego que Cámara de Representantes y el Senado no alcanzaron un acuerdo, el Senado derrotó esta noche -en votación final- la medida legislativa que daba paso al aumento salarial a los jueces del país.

“Ante la consideración del cuerpo el Proyecto del Senado 1292. Aquellos senadores y senadoras que estén a favor, dirán que sí. Los que estén en contra, dirán que no”, dijo la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, cerca de las 10:00 p.m. De inmediato se escuchó a coro un fuerte no.

“Derrotado”, anunció González.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite D. Oronoz, reaccionó a la determinación de la Asamblea Legislativa, la cual, dijo, es recibida por la judicatura con “frustración y una desilusión enorme”. Sostuvo, además, que, con su actuación, la Legislatura “desaprovechó una oportunidad histórica para fortalecer la independencia judicial”.

“Valorar un sistema democrático de gobierno obliga reconocer el imperativo de una judicatura fortalecida. Esto no ocurrió hoy. En vez, y por intereses económicos propios, la Asamblea Legislativa rechazó aprobar la medida de justicia salarial a favor de la judicatura puertorriqueña, a pesar de que había reservado los fondos necesarios en la resolución presupuestaria vigente”, dijo en declaraciones escritas.

“Su incapacidad para articular el consenso necesario para aprobar el proyecto de ley que permitiría desembolsar los fondos reservados para ese propósito es impactante y despreciativa del trabajo que se realiza a diario en los tribunales del país”, estipuló.

¿Qué pasó?

Aunque el informe del comité de conferencia mantuvo los incrementos contemplados en la versión inicial del Proyecto del Senado 1292, que oscilaban entre los $22,164 y $29,556 anuales, se incluyó lenguaje para conceder una “compensación uniforme, justa y competitiva” a los funcionarios de las tres ramas constitucionales.

Por ejemplo, en el caso de los secretarios del gabinete constitucional y otros departamentos, la medida proponía uniformar sus salarios al de un juez superior del Tribunal de Primera Instancia que, de haberse aprobado la medida, hubiera sido de $118,133. “Esta equiparación ayudará al gobierno a ofrecer una remuneración competitiva para atraer al mejor talento disponible que actualmente no se ve incentivado a entrar al servicio público”, leía parte de las enmiendas incluidas, según el entirillado del informe del comité de conferencia.

Para el secretario de Estado proponía un salario de $144,480.

En el caso del Ejecutivo, que actualmente recibe una paga de $70,000 anuales, proponía aumentar su salario a $154,556 anuales, que es la compensación que hubiera recibido la jueza presidenta del Tribunal Supremo de haberse aprobado la legislación. Mientras, buscaba equiparar la compensación base de los legisladores con la de un juez superior del Tribunal de Primera Instancia que, en ese caso, hubiera alcanzado los $118,133.

El entirillado del comité de conferencia estipulaba, además, que los fondos necesarios para la otorgación de las alzas salariales provendrían del Fondo General.

Desde el inicio de la sesión ordinaria, en agosto, los jueces y juezas reclamaron la aprobación del alza salarial al sostener que no han recibido un ajuste por las pasadas dos décadas.

La semana pasada, el pleno del Tribunal Supremo de Puerto Rico, así como su presidenta, emitieron declaraciones -por separado- en las que le solicitaron a la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto de ley que concedería un alza salarial a los jueces.

Mientras, el pasado viernes el juez del Tribunal de Apelaciones, Ricardo Marrero Guerrero, presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en el que solicitó la puesta en vigor del alza salarial de los jueces. Hoy, más temprano, la Cámara de Representantes radicó una moción en la que pidió la desestimación de la demanda presentada por el togado.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, había advertido que la propuesta no contaba con los votos necesarios en dicho cuerpo legislativo para su aprobación. Legisladores populares se oponían a las alzas salariales y habían condicionado su voto a favor de la medida que haya uniformidad –en términos salariales– entre las ramas de gobierno.