La gobernadora Wanda Vázquez Garced le notificó hoy al Senado que vetó nueve medidas legislativas, varias de ellas relacionadas con la emergencia del COVID-19 y otra que ordena a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico a no alterar el plan de retiro de beneficios definidos de los empleados del sistema universitario.

Al propio tiempo, el Senado aprobó hoy dos proyectos, con los mismos fines de conceder inmunidad contra demandas a los profesionales de la salud que están al frente de la pandemia; uno del senador Miguel Romero y otro de administración, que sometió hoy mismo, La Fortaleza. Ambas medidas fueron enmendadas para limitar la inmunidad al tiempo que dure la emergencia.

De hecho, la medida de Romero surgió ante críticas a la determinación de la gobernadora de conceder la inmunidad a los profesionales de la medicina que trabajan en la emergencia mediante orden ejecutiva, acción que fue cuestionada por sectores políticos y miembros de la comunidad jurídica por entender que representa un exceso de sus poderes constitucionales.

El senador independentista, Juan Dalmau, se opuso a la legislación que calificó como “un regalito” a las aseguradoras.

“Con esta medida la familia de un joven de 29 años que murió y al que no le hicieron las pruebas del coronavirus no tendrían a quien reclamar, el hospital no tendrá que responder. Hay que proteger al paciente, al pobre que cuando va a un hospital de alto copete no le permiten entrar para que no ensucie el piso. Esta es la respuesta legislativa a una orden ejecutiva nefasta de la gobernadora”, sostuvo Dalmau en su turno en contra.

“Mediante orden ejecutiva no es el mecanismo correcto”, dijo por su parte, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz en un turno previo.

Durante la discusión de una veintena de medidas aprobadas por descargue, sin vistas públicas y sin informes, el líder senatorial dispuso que los vetos de la gobernadora se dejaran fuera de la votación final ante la posibilidad de ir por encima de la determinación de la mandataria.

Entre las medidas que la gobernadora le impartió un veto expreso figura la Resolución Conjunta del Senado 493 que establecía una distribución distinta de los $500 millones identificados en el plan económico del gobierno para atender la emergencia a la que ordenó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Esta medida limita las facultades de la gobernadora para solicitar reprogramaciones de fondos a la JSF para atender la emergencia”, dijo la mandataria en la justificación del veto.

Otra medida vetada lo fue la resolución (RCC 582) que ordena al Secretario de Hacienda a permitir que mientras dure la emergencia, los residentes de Puerto Rico puedan retirar ahorros de sus planes de retiro y cuentas de retiro individual a tasas contributivas preferenciales y libres de penalidades, para atender “toda amenaza a la vida, y a los daños causados a la infraestructura y propiedad, por la actividad sísmica reciente”. La gobernadora entiende que la medida es innecesaria.

Vázquez tampoco dio paso a otra resolución que buscaba que los mercados agrícolas o familiares del Departamento la Familia se establecieran en coordinación con los municipios mediante servicarros para evitar la propagación del COVID-19, así como otras dos medidas, que buscaban paralizar el pago de peajes en las autopistas durante la emergencia. La gobernadora adujo que obligar a paralizar “indefinidamente” el pago de peajes afectaría los ingresos de la Autoridad de Carreteras y de las Alianzas Público-Privadas.

Por otra parte, el paquete legislativo aprobado hoy en el Senado incluyó otra medida controvertible que autoriza ejercer la notaría no de manera presencial sino, mediante videoconferencia.

“No se puede utilizar la excusa de una emergencia para legislar a la ligera, para las gradas y sin análisis pericial sobre las medidas que se están aprobando”, reclamó el senador popular, Cirilo Tirado.

Se aprobó, además, la Resolución 523 para que el Puerto Rico Innovative and Technology Services establezca una carta circular para que las agencias del gobierno pueden presentar facturas y contratos de bienes y servicios de manera electrónica. Esta medida es del senador Héctor Martínez.

Igualmente, fueron ratificados tres proyectos, del senador William Villafañe para que en los delitos de maltrato de menores, de violencia de género y maltrato de personas de edad avanzada se considera como agravante el que se cometa durante un período de cuarentena o toque de queda.

Se aprobó, además, una resolución de la senadora Migdalia Padilla para que se empiece a evaluar el presupuesto del gobierno central para el próximo año fiscal, se comiencen a hacer los ajustes necesarios y la acción que deba tomar la Asamblea Legislativa.

También se incluyó a última hora una medida que propone compensar la semana de espera de los beneficios de desempleo.