El Senado dejó sobre la mesa hoy los informes negativos de la Comisión de Nombramientos en torno a cinco nombramientos del gobernador Pedro Pierluisi, entre ellos el del abogado Hiram Torres Montalvo como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y de Nanette Martínez Ortiz para el cargo de Principal Ejecutiva del Puerto Rico de Innovación e Informática (PRITS, en inglés).

El presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago dijo que se daban por recibidos los informes, que fueron incluidos en el orden de los asuntos, pero no serían considerados en la sesión de hoy.

“Estamos anunciando que los informes negativos de unas designaciones del señor gobernador no se atenderán en el día de hoy. Eso significa que hasta que este cuerpo no tome acción sobre los mismos (los nominados) continúan en sus cargos” dijo el líder legislativo, quien dijo a entender que los nombramientos podrían ser considerados en la sesión del próximo lunes 24 de abril.

La Comisión de Nombramientos, que preside el propio Dalmau Santiago, no recomendó la confirmación de los nominados, pero los informes podrían llevarse a votación del pleno senatorial.

GFR-Media supo que Torres Montalvo no tiene los votos para ser confirmado, mientras que Martínez Ortiz parecía tener al menos 14 votos, el mínimo para pasar el cedazo de la Cámara Alta. La delegación popular, integrada por 12 senadores, no estaba completa, pues el senador Albert Torres Berríos, a quien el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), le radicará cargos mañana martes en el Tribunal de San Juan, no se presentó hoy a la sesión legislativa.

Mientras se determinaba el curso de acción sobre los nombramientos, se observaba muy activo en el hemiciclo, en conversación con la delegación novoprogresista, al asesor de la Fortaleza en asuntos legislativos, Carlos Rivera Justiniano.

“Ella (la nominada al PRITS) tiene posibilidades”, dijo una fuente ligada al proceso. Martínez Ortiz fue vista hoy por los pasillos senatoriales.

“Estamos preparados para votarle en contra a los informes y a favor de los nombramientos”, dijo el senador novoprogresista, William Villafañe Ramos.

El legislador indicó que mientras no sean derrotados, los nominados pueden seguir en los puestos hasta el 30 de junio cuando finaliza la presente sesión ordinaria. “Los informes de la Comisión son una recomendación y el gobernador tiene la potestad de dejarlos en receso, hasta que sean rechazados, retirados o hasta que la sesión termine”, sostuvo Villafañe Ramos.

También recibieron informes negativos, Ricardo Solá del Valle como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito de Convenciones, en representación del sector artístico, cultural y deportivo; Manuel Rivera Flores, como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito de Convenciones en representación del sector de mercadeo, turismo y hoteles y Víctor Roberto Segarra Hernansaiz como miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico.

El Portavoz de la mayoría popular indicó que hubo algunos de estos nominados que “no entregaron todos los documentos” requeridos a la Comisión de Nombramientos como parte del proceso de confirmación.

El pasado viernes, luego que trascendieron los informes negativos de los cinco nominados, el gobernador Pierluisi acusó al Partido Popular Democrático (PPD), de tener una agenda de obstrucción en contra de su administración de gobierno.

“La agenda de obstrucción de la delegación del PPD en el Senado es obvia, siguen maltratando a personas que he designado para puestos de importancia en el Gobierno en ánimo de desestabilizar mi administración. No lo lograrán, pues estoy seguro de que continuaré contando con gente buena, capacitada y comprometida para seguir echando hacia delante a Puerto Rico”, sostuvo Pierluisi a través de su oficial de prensa, Sheila Angleró.

El nombramiento de Torres Montalvo al DACO no fue llevado a vistas públicas y el informe que deniega su confirmación alude a alegadas motivaciones políticos partidistas durante su desempeño en la agencia y además, se ampara en un caso que entabló el nominado en febrero de 2016 ante el Tribunal Supremo impugnando la entonces designación de Maite Oronoz como presidenta del alto foro judicial. Torres Montalvo alegaba que la Constitución de Puerto Rico no dispone un mecanismo para la selección del Juez Presidente, pero el Supremo le falló en contra y calificó de frívolos sus argumentos.

En torno al nombramiento de Martínez Ortiz al PRITS el informe negativo dice que al concluir la vista pública en que fue evaluada la designación, persisten dudas sobre los contratos otorgados por el PRITS y las cuantías que se han desembolsado en los últimos años, así como el manejo, de los ataques cibernéticos ocurridos en dependencias públicas.

Dice también que la implementación del marbete electrónico programado en primera instancia para entrar en vigor en el verano del 2022 se mantiene en suspenso, bajo una nueva promesa de implementación para el verano de este año. “Se ilustra con esto la falta de efectividad y eficiencia de PRITS en la implantación de servicios para el pueblo, lo que denota una falta de compromiso y de sentido de urgencia a la hora de proveer mecanismos que faciliten el acceso a los servicios públicos de la ciudadanía. En segundo plano, se encuentra el asunto de la seguridad cibernética ampliamente discutida en la vista pública de la designada. Recientemente otra dependencia publica fue objeto de un ataque cibernético, en este caso la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados”, sostiene el informe.

Añade que este ataque, distinto a otros ya ocurridos, tuvo consecuencias al verse afectadas cuentas de bancos con retiros no autorizados y la potencial apropiación de información personal y sensitiva de los abonados de la AAA. “Este nuevo ataque cibernético resalta la fragilidad en la cual se encuentran las dependencias públicas, a pesar de que el Estado cuenta con una oficina dedicada a atender y a proteger toda información almacenada en los sistemas de información del país. Ante la falta de información clara y certera sobre el manejo de la dependencia pública y de lo anteriormente señalado, incluyendo lo relacionado a las entidades receptoras de los recursos públicos para la prestación de servicios contratados, no es posible dar paso a la confirmación de la designada”, concluye.