El Senado aprobó esta noche, con enmiendas y luego de tres horas de debate, el Proyecto 693 que prohíbe el aborto a partir de las 22 semanas.

El proyecto recibió 16 votos a favor, 9 en contra y uno abstenido.

“Asesinos, asesinos, asesinos son ustedes, en abortos clandestinos las que mueren son mujeres”, gritaron algunas mujeres de grupos a favor del aborto que observaban el debate desde las gradas.

La medida sufrió cambios a último momento que precisamente echaron abajo otras enmiendas negociadas poco antes de la votación.

El proyecto de ley recibió tres informes, uno a favor de la Comisión de Vida y Familia y dos en contra, de senadores de minoría.

Con un cambio de lenguaje, la propuesta legislativa requiere que el Departamento de Salud mantenga un registro de terminaciones de embarazo y entre las últimas enmiendas se eliminó la prohibición del aborto para mujeres víctimas de violación.

“El proyecto sí quita derechos porque cambia la reglamentación actual”, expresó en su turno la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén. La legisladora dijo que en Puerto Rico el aborto es legal desde 1902 y desde entonces se ha mantenido. Refutó una cita que utilizó la senadora Joanne Rodríguez Veve en el informe del proyecto de ley, de uno de los miembros de la Asamblea Constituyente sobre el derecho a la vida, resaltando que la cita estaba fuera de contexto y que al final de cuentas no había sido respaldada la enmienda de la cual era parte la cita.

Rivera Lassén agregó que en la última versión de la medida se incluyó una tabla de los nacimientos prematuros a partir de las 28 semanas, pero no precisa cuántos sobrevivieron.

“Este no es un proyecto que nos debe situar entre aborto sí o aborto no. Este es un proyecto de derechos que nos acerca cada vez, paradójicamente al pasado, que nos acerca a lo que hemos superado , que le ha costado la vida a muchísimas personas”, sostuvo el senador independiente José Vargas Vidot, quien presentó un informe de minoría en contra de la medida argumentó que la pieza legislativa “es inconstitucional”.

El salubrista, único médico en el cuerpo de senadores, también dijo que la medida mantuvo, con enmiendas, el registro de información a ser recopiladas por todo centro o clínica de terminación de embarazo sin disponer de su confidencialidad. “Esto pudiera convertirse, al igual que la presunción anteriormente discutida, en una carga onerosa para las mujeres en “etapa de viabilidad’ como para aquellas que se encuentran previo a este término ya que puede desalentar a ejercerlo, al menos de forma legal y salubre”, reclamó Vargas Vidot.

“Recordemos que las clínicas existen para ofrecer un espacio seguro, saludable y accesible para ejercer un derecho reconocido. Otro aspecto que guarda silencio la medida sobre si cumple este registro con las leyes federales”, agregó.

El legislador argumentó que los abortos después de las 22 semanas de gestación “son casos extraordinarios”, que corresponden a un riesgo mayor de salud a la persona gestante o al feto. “Asumir que las mujeres y personas gestantes abortan en etapas de gestación más avanzadas por mera liberalidad es falso, y es una visión violenta hacia las mujeres y personas gestantes, que atenta contra sus derechos. No existe una falta de regulación sobre los procesos de terminación de embarazos en Puerto Rico, incluyendo aquellos en gestaciones de 22 semanas o más”, dijo para subrayar que en la Isla “no existe una crisis de abortos o terminaciones de embarazos”.

“Nosotras no somos quiénes para decidir quién vive y quién muere... Lo que dejará de existir es la opción de matar al bebé”, reclamó la senadora Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad y presidenta de la Comisión de Vida y Familia, quien inició el debate de la medida. La legisladora, una de las autoras de la propuesta legislativa, dijo que con las enmiendas, la determinación de viabilidad le corresponderá al médico según su criterio profesional.

“Si Thomas Rivera Schatz, José Luis Dalmau y Joanne Rodríguez se creen que por los votos que los trajeron aquí tienen derecho sobre los cuerpos de las niñas, no lo tienen, ni sobre mi cuerpo ni sobre el de ninguna mujer”, sentenció por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago. “Con esta medida se quiere llegar a la puerta de la prohibición absoluta de que las mujeres decidan. Lo que decidamos hoy aquí va a decidir el futuro de muchas, muchas mujeres”, sostuvo.

La medida no toca el incesto, un asunto que fue traído en el debate por la senadora González Arroyo, quien aludió al caso hipotético “de Joana”, una adolescente violada por su padrastro desde los 10 años de edad. ”Pongámos el rostro de Joana a nuestras hijas y nietas y votemos en contra de este proyecto que ni siquiera debido entretener en este Senado”, sostuvo.

El senador Rafael Bernabe Riekhol, quien también asumió un turno en contra, dijo que “lo curioso es que los que se oponen al aborto, también se oponen a la educación sexual y no creen en los métodos anticonceptivos”.

“Debería ser obligación de la Rama Legislativa proteger y salvaguardar los derechos de todos y todas, y no la declaración constante de guerra a nuestra Carta de Derechos. Vivimos una apatía diaria al ejercicio de nuestros derechos, y peor aún, a la defensa de estos”, dice otro informe de minoría suscrito por las senadoras populares, Migdalia González Arroyo, Rosamar Trujillo Plumey y Elizabeth Rosa Vélez.

“Tal vez es por esa falta de reconocimiento o vínculo con nuestras libertades que se presentan medidas como el P. del S. 693. No obstante, como senadoras tenemos el deber constitucional de proteger a una de las poblaciones más discriminadas y vulnerables no solo en nuestro País, sino en el mundo, y nos referimos a las mujeres, incluyendo a nuestras niñas”, agrega el informe.

En el informe positivo, la Comisión de Vida y Familia indicó sin embargo, que se elimina de la medida “toda mención en el proyecto a la creación de un registro y se aclara la información a solicitarse, eliminando que se aneje documento alguno en donde pueda identificarse a la madre, y aclarando que la información solicitada es para propósitos estadísticos exclusivamente, refiriéndole al Departamento de Salud la creación de un reglamento que preserve la confidencialidad de dicha información”.

Alega, además, que el Proyecto sigue los precedentes de otros estados, que ya han legislado al amparo de esta etapa gestacional, y todos han sobrevivido los retos constitucionales en los tribunales.

“Nosotras no somos quiénes para decidir quién vive y quién muere... Lo que dejará de existir es la opción de matar al bebé”, reclamó la senadora Joanne Rodríguez Veve, quien inició el debate de la medida. Dijo que con las enmiendas, la determinación de viabilidad le corresponderá al médico según su criterio profesional.

La medida fue incluida en el calendario pasadas las 3:00 de la tarde y se comenzó a debatir en horas de la noche. Desde temprano en la tarde se congregaron en las gradas del Senado, grupos a favor y contra de la pieza legislativa.

En las vistas públicas se presentaron más de 40 memoriales explicativos, ponencias a favor y en contra, entre ellos, los del secretario de Salud, Carlos Mellado y de Justicia, Domingo Emanuelli, quienes expresaron reparos.

La polémica medida es de la autoría de Rodríguez Veve junto con el presidente del Senado y los senadores José Luis Dalmau Santiago, Thomas Rivera Schatz, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto, Albert Berríos y Kerem Riquelme.