El Senado aprobó esta tarde a viva voz la medida legislativa que le ordena al secretario del Departamento de Educación (DE) a realizar, en un término máximo de dos años, un plan de viabilidad para la instalación de acondicionadores de aire en todas las aulas de las escuelas públicas.

“Nuestros estudiantes y maestros ameritan ambientes educativos resilientes y aptos para desarrollar una dinámica educativa holística. En esa dirección es importante aunar esfuerzos en áreas de impulsar un mejor sistema educativo”, lee el informe de la Comisión de Educación del Senado, firmado por su presidenta, la senadora Ada García Montes.

El contenido de la medida -que sufrió enmiendas- es similar al Proyecto de la Cámara 1040, que fue vetado por el gobernador Pedro Pierluisi en agosto. La medida, en ese caso, establecía un período de cinco años para el desarrollo del plan de viabilidad para la instalación de acondicionadores de aire.

Durante una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 1842, la secretaria interina del Departamento de Educación, Yanira Raíces, estimó en $1,000 millones la inversión necesaria para colocar acondicionadores de aires en los cerca de 33,000 salones del sistema de enseñanza público. Entonces, anticipó, que esa no era la opción que consideraba la agencia para atender de forma inmediata el impacto de los episodios de calor que afectan el entorno educativo.

Uno de los primeros retos que enfrentó Raíces, designada al cargo hace cuatro meses, fue buscar medidas para paliar el calor en las escuelas y su impacto en el proceso educativo.

Aval con enmiendas

Durante la sesión, también fue aprobado a viva voz el Proyecto de la Cámara 1651, una medida similar al Proyecto de la Cámara 1244, que luego se convirtió en la “Reforma Laboral 2022″ (Ley 41 de 2022) que fue anulada por la jueza federal Laura Taylor Swain luego que el gobierno no precisara el impacto fiscal del estatuto, en cumplimiento con los requerimientos de la Ley Promesa.

Este miércoles, en una misiva enviada al liderato legislativo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) expresó su preocupación ante la insistencia de la Asamblea Legislativa de darle paso al P de la C 1651 a pesar de que su contenido es prácticamente igual al de la Ley 41.

“Para evitar perturbaciones e incertidumbre similares en los mercados laborales, la Junta de Supervisión insta a la Legislatura a colaborar con la Junta de Supervisión para analizar plenamente el impacto de esta medida…el proyecto de ley es directamente inconsistente con el Plan Fiscal Certificado”, lee parte de la carta.

El ente fiscal alega, además, que revertir el estado de derecho vigente, desalentaría nuevas contrataciones y reduciría la flexibilidad del mercado laboral en contravención directa del Plan Fiscal, lo que, a su vez, impactaría negativamente la tasa de participación de la fuerza laboral. Igualmente, aumentaría “la carga” de asistencia pública del gobierno.

“Instamos a la Legislatura a adoptar un enfoque diferente esta vez. Específicamente, alentamos a la Legislatura a colaborar con la Junta de Supervisión antes de aprobar el proyecto de ley y entregarlo al gobernador”, concluye la misiva.

La medida, entre otras cosas, amplía a 15 días la licencia por vacaciones y reduce a 700 -en el caso de empresas privadas grandes- la acumulación de horas necesarias para tener derecho al bono de Navidad.

Al momento de esta publicación la medida no había sido llevada a votación final en el Senado.

Dan paso a nombramientos

El Senado mantuvo en suspenso -una vez más- la designación de Yanira Raíces como secretaria de Educación; y de Ciení Rodríguez a la dirección del Departamento de la Familia, pero le dio paso a 35 nombramientos, 17 de estos a la judicatura.

Entre las designaciones atendidas no se incluyó tampoco la nominación del expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Francisco Rosado Colomer, y la exprocuradora de las Mujeres Lersy Boria, ambos al Tribunal de Apelaciones.

Rosado Colomer renunció, en julio, a la CEE, luego que la Asamblea Legislativa dejó sin atender, precisamente, su nominación en ascenso al foro apelativo. El nombramiento de Rosado Colomer como juez superior termina en diciembre, razón principal por la que no quiso quedarse al mando de la CEE cuando ya habría comenzado el período de radicación de candidaturas, establecido por el Código Electoral.

Boria, por su parte, fue procuradora de las Mujeres y renunció sorpresivamente en agosto de 2022, e inmediatamente comenzó a trabajar como subsecretaria del Departamento de Estado.