El Senado le dio el visto bueno esta tarde a una medida de la Cámara que busca enmendar la Ley de Armas para establecer como parte de los requisitos para expedir una licencia de portar armas de fuego que se entreviste a la pareja o expareja de la parte peticionaria.

La medida, Proyecto de la Cámara 1671, recibió 18 votos a favor, seis en contra y uno abstenido. Se opusieron los senadores populares Javier Aponte Dalmau, Marieli González Huertas, Albert Torres Berríos y Héctor Santiago Torres; el novoprogresista Carmelo Ríos Santiago y la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve. Se abstuvo el senador popular Rubén Soto Rivera.

La pieza legislativa recibió enmiendas por lo que regresa a la Cámara de Representantes. El proyecto es de la representante novoprogresista Wanda del Valle Correa.

La medida dice en su exposición de motivos que el artículo 2.1 de la Ley 54, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, establece la facultad de suspender una licencia de portación de armas de fuego cuando el tribunal emita una orden de protección o así lo entienda y que tenga que ser entregada a un oficial del orden público.

“En el momento en que se activa esta disposición es porque ya existe una alegación de que la persona incurrió en violencia doméstica contra la parte solicitante (de la orden de protección)”, sostiene la pieza legislativa y agrega que es necesario establecer mecanismos de prevención para evitar que se utilicen armas de fuego en la comisión de actos constitutivos de violencia doméstica.

El Senado aprobó también hoy con múltiples enmiendas un proyecto que propone otorgarle al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático el deber de colaborar con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para garantizar que las agencias cumplan con las obligaciones dispuestas en la Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos.

La medida, Proyecto del Senado 1048, lleva la firma de senadores de todas las delegaciones políticas y busca actualizar definiciones y aclarar la política pública sobre el manejo de desperdicios o residuos sólidos.

Según se desprende de la exposición de motivos de la medida, en Puerto Rico se estableció como meta reducir el 35% del volumen de desperdicios sólidos que se depositan en los vertederos para el 2006. Tres décadas más tarde, el país no se acercó a la meta. No hay campañas educativas ni orientación a Ia ciudadanía sobre qué se puede reciclar y cómo se debe hacer.

“Presentamos el proyecto para reforzar la política de la Ley 70, aumentar la transparencia en los procesos que tienen los municipios para administrar el programa de reciclaje. Por otra parte, establece que el DRNA les prestará asistencia técnica a los gobiernos municipales. Consideramos recalcar que el cambio climático y la crisis de los vertederos requieren un verdadero compromiso de las instituciones, comunidades y empresas privadas”, sostuvo la senadora Ana Irma Rivera Lassén, una de las autoras de la medida.

El senador independiente, José “Chaco” Vargas Vidot, indicó por su parte, que la disposición de desperdicios sólidos es “un dolor de cabeza para los alcaldes y han tenido que destinar inmensas cantidades de su presupuesto para contratar compañías”.

Previo al inicio de los trabajos legislativos, el Senado realizó una sesión especial de cara al 8 de marzo, día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.