El Senado confirmó esta noche, al cierre de la sesión ordinaria, varios nombramientos, algunos a la judicatura y extendió por un año, el interinato del comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NUMEAD), Nino Correa Filomeno.

La Resolución del Senado 816 extiende el nombramiento de Correa Filomeno como comisionado interino hasta que culmine la Sexta Sesión ordinaria el 30 de junio de 2024 o hasta que el gobernador Pedro Pierluisi “designe a una persona al cargo en propiedad y sea confirmada por el Senado de Puerto Rico, lo que ocurra primero”.

Para un nuevo término como jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia fueron confirmados: Lizardo William Mattei Román, Vivian Janet Torres Reyes, Ignadio Enrique Morales y Marta Isabel Dávila Román.

También fueron confirmados los nombramientos de Evyanne Martir Hernández, como jueza superior en ascenso y el de Arelys Maríe Ortiz Rivera, como jueza municipal del Tribunal de Primera Instancia.

Todos los nombramientos judiciales se aprobaron a viva voz, con excepción del de Víctor Javier Girona González para un primer término como juez superior que se aprobó, con división de cuerpo. El nominado recibió 12 votos a favor y 9 en contra, de la delegación novoprogresista.

Como fiscal auxiliar III Fueron confirmadas, Gretchen Pérez Catinchi, María Hernández Medina e Iris Alicea Martínez Juarbe y Roxan Rivera Carrión, fue confirmada como fiscal auxiliar II.

Igualmente, el Senado dio paso a la confirmación de Christian Trinidad de Jesús como comisionado en la Comisión de Practicaje de Puerto Rico en capacidad de representantes de la Autoridad de los Puertos por un término que vence el 30 de marzo de 2027.

Además fueron confirmados, Antonio Torres Miranda como comisionado asociado del Negociado de Energía; Ferdinand A. Ramos Soegaard como comisionado del Negociado de Telecomunicaciones y para un nuevo término como comisionado asociado del Negociado de Energía; Ana Miriam Silva Torres como miembro asociado la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales.

Antes de culminar los trabajos, se informó que el gobernador Pedro Pierluisi retiraba varios nombramientos.

Al cierre de la sesión, el Senado aprobó esta noche alrededor de 37 informes de medidas en conferencia, entre ellas, un proyecto sustitutivo que prohíbe a los establecimientos comerciales brindars plásticas desechables a sus clientes para el acarreo de sus artículos.

La medida define como bolsas plásticas desechables todo tipo de empaque flexible principalmente hecho de plástico (polietileno de alta densidad). La definición incluye las bolsas plásticas biodegradables y aquellas hechas de polipropileno o polietileno no tejido (non-woven).

La prohibición no aplica a los establecimientos de comida ni a las bolsas provistas en los puntos de compra clasificados como Duty-Free en las zonas francas de los aeropuertos y puertos dentro de los límites territoriales de Puerto Rico.

“Luego de un análisis exhaustivo, entendemos que el planeta sufre de los efectos nocivos del calentamiento global y la política pública establecida hace más de cinco años no es cónsona con las disposiciones de la Ley 33-2019, mejor conocida como “Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico”. Es por esto que, se enmienda este estatuto para prohibir cualquier tipo de bolsa reusable hechas de polipropileno o polietileno no tejido (non zuoven) y así garantizar la reducción de este material nocivo para el medio ambiente”, dice la medida en su exposición de motivos.

La pieza legislativa dispone que establecimientos comerciales permitirán a los clientes llevar con ellos bolsas reusables, así como cualquier tipo de bolsa para acarrear los artículos comerciales comprados en dichos establecimientos. Además, podrán, a opción del consumidor, continuar disponiendo de los artículos comprados en bolsas de papel.

Los infractores estarán sujetos a multas desde $500 a $5,000, las cuales serían aplicables, 18 meses después de entrar en vigor la ley. Las cantidades recaudadas ingresarán al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, adscrito al DRNA para sufragar sus investigaciones.

También fue aprobado el informe del comité de conferencia del Proyecto del Senado 893 que establece la “Carta de derechos de los y las Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico”; establecer la facultad de la Procuraduría del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento con las disposiciones de esta ley.