El gobernador Ricardo Rosselló Nevares tendrá ya mismo para vetar o firmar los proyectos que reestructuran el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y el que reforma los sistemas de retiro de los empleados gubernamentales y judiciales.

Esta legislación fue aprobada hoy, último día de la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa.

En el caso del Proyecto del Senado 603, que trata sobre estos tres tipos de pensionados, el cuerpo legislativo concurrió con las enmiendas que le hizo la Cámara; la votación fue de 19 a favor y ocho en contra de las minorías. 

La pieza legislativa establece la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, y que el Fondo General acogerá los pagos que los tres sistemas no puedan realizar a través del sistema “pay as you go”.

Según el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero, el proyecto “no tiene reducción en las pensiones”.

Sobre esta medida no hubo debate. 

Asimismo, el Senado también concurrió con el Proyecto de la Cámara 1164, que trata del BGF, al contar con 19 votos a favor y ocho en contra, también de las minorías de los partidos Popular Democrático (PPD) e Independentista Puertorriqueño (PIP), y del senador independiente José Vargas Vidot. 

Esta medida “le da gerencia” a los acuerdos a los que llegaron los acreedores y el BGF, según el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz.

De esta forma se crea la “Ley para la Reestructuración de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico”, al establecer el marco legal a través del Título VI de la federal Ley PROMESA, lo que sucede luego de que el Gobierno anunciara el acuerdo de reestructuración de la deuda con los bonistas del BGF.

“Los acuerdos se quedan… sin cambio alguno… se protegió a los gobiernos municipales… y nadie tiene inmunidad total aquí”, dijo Rivera Schatz durante el debate en el hemiciclo senatorial.

El portavoz del PPD, Eduardo Bhatia, arremetió contra la medida al indicar, entre otras cosas, que no se ha auditado esa deuda. 

“Si no lo han auditado, ¿cómo saben ustedes que esa deuda es válida?… Eso no se hace”, apuntó Bhatia, quien subrayó que la medida provocará un “desfase total en las finanzas de los municipios”. 

En su turno, además, el senador popular Cirilo Tirado preguntó si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) avala la medida, pero en el hemiciclo no hubo respuesta específica sobre el particular.

El pipiolo Juan Dalmau y Vargas Vidot también tuvieron argumentos en contra de la medida del BGF.

Durante la sesión extraordinaria de ayer, también se le dio paso a otras piezas legislativas que pasarán a la consideración de La Fortaleza.

La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron en el comité de conferencia el Proyecto de la Cámara 1142 que establece el pago por derechos de licencia para máquinas operadas con monedas.

Por ejemplo, aumentó de $2,500 a $3,000 la licencia por cada pantalla de juego electrónico manipulado. La medida debería generar $69 millones, dinero con el que cuenta el presupuesto actual. 

Además, los senadores concurrieron con la versión cameral de la Resolución Concurrente 21 del Senado que expresa el rechazo de la Asamblea Legislativa a la reducción de jornada laboral recomendada por la JSF.

En el Senado, también se aprobó el Proyecto de Cámara 1162 que determina que los integrantes de la Comisión de la Igualdad, constituida después del plebiscito de status del pasado 11 de junio, no recibirán remuneración por sus servicios. 

Los senadores confirmaron los nombramientos de George Joyner como integrante de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), con la abstención del senador Romero.

Para la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se aprobaron los nombramientos de Erroll Davis y Rafael Díaz Granados; para la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Ricardo Pallens; y como presidente de la junta de directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Eduardo Arosemena.