El Senado aprobó hoy, martes, una medida que establece como política pública el promover la adquisición de vehículos eléctricos en Puerto Rico, y que, entre otras cosas, propone fomentar la instalación de estaciones de cargadores eléctricos públicos en los 78 municipios, en busca de “desincentivar la adquisición de vehículos que utilizan combustibles fósiles”.

El Proyecto del Senado (PS) 1069, de los senadores José Luis Dalmau Santiago y Elizabeth Rosa Vélez, –con la coautoría de Gretchen Hau, Rosamar Trujillo y Ramón Ruiz Nieves–, que crea la “Ley para Fomentar la Adquisición de un Vehículo Eléctrico en Puerto Rico”, fue avalado con 25 votos a favor y uno en contra.

En el hemiciclo senatorial, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, consignó su voto en contra de la propuesta, por entender que “puede ser el inicio del tránsito por una carretera muy peligrosa”.

La senadora mostró preocupación ante “el enorme costo ambiental que va a representar eventualmente la disposición de las baterías de estos automóviles”, lo cual señaló es un tema de discusión mundial. “En Puerto Rico no sabemos qué hacer todavía con la basura regular, y este tema ni siquiera comienza a discutirse”, agregó.

Por otro lado, criticó el alto costo de los autos eléctricos, que tienen un costo promedio de $60,000 en comparación con vehículos similares, que pueden rondar los $48,000, según un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés). Según Santiago, recobrar el costo de la inversión le podría tomar a un consumidor hasta 15 años, “y eso no es la vida promedio de un automóvil”.

“Me preocupa, por lo tanto, que la aprobación de esta medida sea la zapata para la aprobación de incentivos para la compra de vehículos que están inaccesibles para la mayoría de la gente, en un país en que hasta el gobernador (Pedro Pierluisi) se manifiesta despectivamente hacia la gente que no puede tener vehículos buenos, bonitos, a la moda”, lamentó.

Su comentario se refiere a las expresiones que hiciera el mandatario en 2021, cuando pidió al secretario de Hacienda, Francisco Parés, eliminar las tasas de arbitrios a los autos más costosos o de lujo. “Hasta para el turismo que nos llega: el que viaja se da cuenta. Si tú ves los carros todos ‘estartalados, ¿qué es lo que tú piensas? ‘Cuidado que les va mal, esto está terrible aquí’”, sostuvo Pierluisi en ese momento.

Según la exposición de motivos del PS 1069 –radicado el 26 de octubre de 2022–, en Puerto Rico existen unos 39 conectores en 27 localidades.

El proyecto ordena a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Negociado de Energía presentar en un término de 180 días –a partir de la aprobación del estatuto– un informe que “acredite en detalle el cumplimiento con lo ordenado en esta ley”. Además, a estas les competerá la creación de campañas “sobre las ventajas medioambientales y los incentivos contributivos disponibles para la adquisición de estos vehículos”.

Los autos eléctricos cuya adquisición dicha pieza legislativa pretende impulsar son: “Electric Vehicle” (EV), “Plug-in Hybrid Electric Vehicle” (PHEV) y “Battery Electric Vehicule” (BEV).

En septiembre del año pasado, el gobierno federal anunció un plan para que Puerto Rico y una treintena de estados creen una red nacional de carga de vehículos eléctricos. Tal aprobación resultó en la liberación de $4.9 millones para construir infraestructura de carga para autos eléctricos en las vías del país.

Mientras, tan reciente como en abril, la administración de Joe Biden se trazó la meta de lograr que, para 2032, el 67% de los vehículos vendidos en el país sean eléctricos.

El PS 1069 pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes, que hoy decretó un receso hasta la próxima semana, tal y como lo hizo el Senado.