El Senado aprobó este lunes el proyecto de ley que crearía un nuevo marco regulatorio para la concesión de subsidios por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y que establecería los mecanismos para que las entidades públicas comiencen a saldar la deuda de $270 millones que arrastran por concepto de electricidad.

El Proyecto del Senado 1256, de la autoría del senador popular Ramón Luis Nieves, crearía la “Ley para la Reforma de Subsidios del Servicio Eléctrico y Pago de Atrasos de Energía Eléctrica por Agencias y Corporaciones Públicas”. La pieza legislativa fue avalada en votación 16-9, y ahora pasaría ante la consideración de la Cámara de Representantes. 

"El Senado comenzó el camino para que la Legislatura asuma su responsabilidad por los subsidios energéticos que se crearon, y que han sido mal administrados por décadas. Luego de un intenso proceso legislativo de un año, aprobamos un importante paso que atiende la precaria situación fiscal por la que atraviesa la AEE, y a su vez, alivia a los clientes no subsidiados de la obligación de financiar los llamados subsidios legislados", expresó Nieves, quien preside la Comisión senatorial de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua, que evaluó la medida.

La legislación provee mayores herramientas de fiscalización, y establece que, en adelante, todo subsidio o ayuda que se legisle para subvencionar el servicio de energía eléctrica deberá tener una fuente de repago que no sea la propia AEE o sus abonados. 

“Durante décadas, la Asamblea Legislativa aprobó subsidios para beneficiar sectores tales como el industrial, el turístico, residentes de residenciales públicos e iglesias y entidades sin fines de lucro sin establecer parámetros claros en cuanto a su duración, resultados y fiscalización y, sobre todo, sin considerar sus efectos a largo plazo tanto en las finanzas de la AEE como en los abonados no subsidiados”, destacó el senador por San Juan.

El proyecto, entre otras cosas, enmienda la “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico” para revisar los créditos e incentivos otorgados a los negocios exentos acogidos a algún beneficio contributivo.

Asimismo, dispone para la terminación del subsidio de las hospederías para el año fiscal 2021, y crea un período de transición durante el cual estos negocios recibirán créditos contributivos por la compra de equipo de mayor eficiencia energética.

La medida deroga la ley que concede un descuento de 11% en el gasto de electricidad de ciertas industrias, que tiene un costo anual de unos $6 millones, y también elimina la “Ley Especial de Justicia Tarifaria de Utilidades para Residenciales Públicos”, y se le ordena a la AEE y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a crear tarifas fijas atadas a un consumo moderado de los recursos. El exceso de esa cantidad se pagaría a base de la tarifa regular de las corporaciones públicas.

Respecto a las deudas de los abonados de los residenciales públicos, la legislación flexibiliza los planes de pago, y prohíbe que la Administración de Vivienda Publica inicie procesos de desahucios judiciales antes de realizar un proceso administrativo.

El proyecto de ley no elimina el subsidio que disfrutan las iglesias y organizaciones de beneficencia social, pero ordena a la AEE a crear una tarifa especial para las instituciones de ese tipo que presten servicios gratuitos directamente a la comunidad. 

Asimismo, dispone para que se revise el proceso para solicitar créditos por el uso de equipo para preservar la vida. 

La pieza, además, ordena a las agencias y corporaciones públicas a establecer planes de pago para abonar al pago de sus deudas con la AEE, y mandata incluir en sus presupuestos anuales las partidas necesarias para cumplir con esas obligaciones.

Los subsidios energéticos le costaron a la AEE en el 2013 cerca de $82 millones, y esa cifra no incluye el impacto de los subsidios industriales, cuyo costo supera los $30 millones anuales y la deuda de $25 millones con la AEE de los clientes de los residenciales públicos.

Durante el debate legislativo, el senador Larry Seilhamer, portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), cuestionó si la medida podrá verdaderamente atajar la crisis financiera de la AEE, y si representará igualmente un alivio para los abonados de la corporación pública.

“Con este proyecto, lo que tenemos que preguntarnos es si realmente se atiende el problema económico de la AEE y si se va a traducir en una reducción significativa en el costo del kilovatio-hora a favor del abonado. Además, si tendrá un impacto negativo en el desarrollo económico en la Isla, ya que hay bandera levantada de varios sectores que se verán seriamente afectados, y a su vez, cuál es el impacto que tendrá en las familias más necesitadas”, puntualizó Seilhamer.