El Senado aprobó hoy con 24 votos a favor y uno abstenido, una medida que suspende por cuarenta y cinco días el impuesto al arbitrio de la gasolina y el diésel, conocido como “la crudita”.

La resolución conjunta 240 es de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien a principios de mes propuso varias medidas para garantizar los suministros de combustible tras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

La medida ordena al Departamento de Hacienda suspender temporalmente el arbitrio a la gasolina y al “diesel” establecido en el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, como alternativa para atender los altos preciosen el combustible que enfrentan los puertorriqueños.

“La crudita le duele más al pobre que al rico porque le hace un impacto al bolsillo”, expresó en el debate de la medida el senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe Riefkhol, quien abogó por una reforma al sistema tributario del País.

El senador dijo que hay dos tipos de impuestos, los regresivos, que la mayoría son al consumo como lo es la crudita y el IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso) y los progresivos. “¿Y por qué se llaman regresivos? porque paga lo mismo el rico que el pobre”, reclamó el legislador del MVC.

“Debemos aspirar a reducir los impuestos regresivos o eliminarlos y aumentar la progresividad de nuestro sistema contributivo. Lo que necesitamos es una resconstrucción de todo nuestro sistema contributivo y la manera de reponerlo no es con otro impuesto al consumo. Como medida de emergencia estamos a favor de esta medida, pero nos debe llevar a meditar sobre esa transformación que necesitamos de nuestro sistema contributivo”, argumentó Bernabe Riefkhol.

“Yo estoy en contra de la crudita, pero no olvidemos que no es culpa de la crudita ni de la guerra que esté aumentando el costo del petróleo, las grandes petroleras aprovechan estas coyunturas para aumentar los precios y aumentar sus ganancias”, agregó el senador del MVC.

“A quién le amarga un dulce”, expresó, por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot, quien dijo que su voto era a favor. “Sin embargo, yo creo que la medida se queda pequeña. Esto es como si fueran a comprar un traje de adulto en una tienda de niños”, sostuvo.

El Presidente del Senado dijo a su vez, que la medida tiene el propósito aliviar el bolsillo de los consumidores, tras los aumentos los mercados mundiales causados por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

”La emergencia mundial que enfrentamos amerita la adopción de esta medida de suspensión de este impuesto temporeramente para poder mantener un control en el precio de la gasolina. La merma en ingresos de los impuestos suspendidos podrán ser compensados con recursos del sobrante de $800 millones en los ingresos que se ha anticipado para el presente año fiscal”, explicó Dalmau Santiago.

“Quienes aprobaron la crudita fueron ellos... A mí no me gustaría pagar la crudita, pero cómo cubro ese déficit”, reclamó por su parte, el portavoz alterno de la delegación novoprogresista, Carmelo Ríos Santiago, quien fue el único voto abstenido.

Por otro lado, el Senado también aprobó hoy un proyecto que busca enmendar el “Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, a fin de especificar y reafirmar la intención legislativa en cuanto a que la convicción de un contratista del gobierno por alguno de los delitos establecidos en la Ley conlleva la rescisión inmediata del contrato sin discreción alguna por la agencia pertinente.

La medida, Proyecto del Senado 299, de la senadora Migdalia González, dispone que el Gobierno, a través del Secretario de Justicia, tendrá el deber de reclamar indemnización al amparo del Artículo 5.2 de este Código por dichos actos, así como el sustentar por escrito los fundamentos específicos para la determinación de radicar o no dicha acción.

“Aquí en Puerto Rico el abuso de poder… ha ocasionado pérdidas de fondos públicos que han provocado que los servicios que se le brindan a nuestros ciudadanos se vean afectados. Personalmente creo que la corrupción es un asunto que va a la fibra del ser humano, sin embargo, es nuestra obligación revisar la legislación vigente para mejorar la intención. legislativa. La presente medida trata de aclarar y eliminar lo que podría ser una interpretación errónea de lo que es la intención legislativa”, dijo la senadora por el distrito de Mayagüez-Aguadilla.

También, se dio paso al Proyecto del Senado 357, del senador Ramón Ruíz Nieves, para enmendar la “Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA”, a fin de prohibir el beneficio económico de la contratación gubernamental a favor de personas que hayan declarado o admitido bajo juramento que han cometido delitos contra la integridad pública, de malversación de fondos públicos.

“Este proyecto establece que, si durante la vigencia de un contrato la parte contratada por el gobierno es encontrada culpable o se le ha otorgado inmunidad, el contrato será cancelado de inmediato ni podrá volver a tener contratos con el gobierno y la persona tendrá que devolver lo robado con sus bienes presentes y sus bienes futuros... El tiempo de las excusas terminó”, dijo la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve en un turno a favor de la medida.