El Senado aprobó hoy de forma unánime (23 votos) y sin debate, un proyecto de ley que dispone que mujeres en estado de embarazo, imputadas y convictas de ciertos delitos, en lugar de ser enviadas a prisión sean referidas a algún tipo de restricción domiciliaria hasta seis meses después del alumbramiento.

La medida, que recibió enmiendas y pasa a discusión a la Cámara de Representantes, ordena al tribunal a diferir la ejecución de la pena hasta tanto la madre dé a luz a la criatura y culmine el término de seis meses.

El Proyecto del Senado 1183 que propone enmendar el Código Penal y el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación (CDR), añade la definición de madre confinada y establece los derechos de una madre confinada bajo la jurisdicción del DCR.

Según la pieza legislativa, actualmente, el Artículo 70 del Código Penal de Puerto Rico otorga potestad al tribunal para diferir una sentencia “[cuando se trata de una mujer en estado de embarazo o no hubieren transcurrido seis (6) meses desde el alumbramiento”. Sin embargo, esta opción queda a discreción del tribunal y en la práctica hay mujeres embarazadas cumpliendo su sentencia dentro de una institución correccional o en uno de sus programas alternativos.

La medida legislativa establece como excepción los casos de convicción por los delitos de agresión sexual, y/o actos lascivos donde la víctima sea menor de 16 años, maltrato a menores, pornografía infantil y/o secuestro de menores.

“Hay un estudio de base que dice que cerca del 48% de las personas que son confinadas sus hijos van a seguir la misma trayectoria. No es justo ni humanitario que una mujer siendo arrestada desde el mismo momento de ser arrestada, que hay una Regla 6, una mera causa probable pase el embarazo en una cárcel”, expresó el senador independiente José “Chaco” Vargas Vidot, uno de los autores de la medida.

El salubrista, que comenzó a promover la legislación desde el pasado cuatrienio, sostuvo que el propósito de la ley es que haya una restricción domiciliaria para que la mujer pueda tener su bebé en un hogar y pueda pasar con el bebé seis meses adicionales.

“Yo hubiera preferido más tiempo como en otros países, que se habla hasta de dos años”, agregó el legislador.

Dijo que a partir de los seis meses la mujer convicta deberá cumplir la pena como le fue impuesta, sea en prisión o en sentencia suspendida. Vargas Vidot añadió que impulsará, posiblemente en otra medida, que el tiempo que la embarazada transcurra en restricción domiciliaria se le abone a la pena dictada por el tribunal.

La senadora Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), también autora de la pieza de ley, dijo que la medida coloca a Puerto Rico “en los sitios en el mundo donde se reconoce que las mujeres embarazadas necesitan unas condiciones distintas cuando están privadas de su libertad”. Agregó que espera que el proyecto se apruebe en la Cámara y que se convierta en ley.

“Me parece que es un proyecto importante que permite que las mujeres embarazadas con su bebé recién nacido sean candidatas a arresto domiciliario y no estar sometidas a las condiciones opresivas de la cárcel. Es una medida en beneficio de las madres, pero sobre todo, de los niños y las niñas. Recordemos que hasta hace poco tiempo, existió un espacio aquí en Puerta de Tierra, que recibía a las mujeres embarazadas y que fue cerrado como parte de las instituciones que han desaparecido”, dijo por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Me parece un acierto en el camino a la rehabilitación y un reconocimiento de las circunstancias particularísimas de las mujeres y personas gestantes convictas de delito”, agregó.

La medida, que no fue evaluada en vistas públicas, recibió un informe positivo de la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico, que lidera el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

Además de Vargas Vidot y Rivera Lassén, figuran como autores, la senadora Joan Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad; Thomas Rivera Schatz, del Partido Nuevo Progresista y Rafael Bernabe Riefkhol, del MVC.

Otras medidas

El Senado también aprobó hoy en reconsideración, un proyecto que propone enmendar la Ley 22 de Vehículos y Tránsito para extender de 30 a 60 días el término para que un ciudadano pueda someter documentos para impugnar multas administrativas impuestas por oficiales del orden público por alegadas violaciones a las disposiciones esta ley.

Además, recibió el visto bueno en la sesión senatorial, la Resolución Conjunta de la Cámara 575 que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a trabajar en conjunto con la Puerto Rico Innovation and Technology Service (Prits) para incorporar y mantener un espacio en la aplicación de CESCO Digital de modo que los ciudadanos puedan someter querellas digitales, con la opción de adjuntar evidencia fotográfica y ubicación GPS. Esta opción será para problemas como señalización deficiente, desperfectos en las carreteras, semáforos dañados y cualquier situación que presente un riesgo a la seguridad vial.