El Senado aprobó por descargue esta noche, sin vistas publicas, un proyecto de ley que busca eliminar el impuesto a los derivados del pretróleo crudo (la crudita).

La medida, Proyecto del Senado 776, del senador independiente, José Vargas Vidot, obtuvo 26 votos a favor. Solo hubo un voto abstenido, de la portavoz del Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Veve.

Antes de llevarse a votación se había bajado por descargue, otra medida del portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau (PS1383) a los mismos fines de eliminar el impuesto conocido como la crudita, pero se sustituyó por el de Vargas Vidot, que se había radicado primero, en 2022.

Sin embargo, al proyecto de Vargas Vidot se le hicieron enmiendas en sala para incluir partes de exposición de motivos y artículos del proyecto de Aponte Dalmau para establecer que se liquiden los recaudos del impuesto a la crudita. La medida impide a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reprogramar el recaudo del arbitrio para el repago de la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

“En este Senado hoy, por un consenso de forma muy bondadosa, estamos atendiendo un reclamo que hace tiempo el pueblo viene pidiendo, invocando y por la forma en que se ha articulado el proyecto, se impide a la Junta reestablecer ese control, esa imposición y se suspende el origen del acceso, se suspende el cobro de parte de Hacienda del arbitrio”, destacó Vargas Vidot.

Aponte Dalmau dijo por su parte, que uno de los artículos del proyecto de ley ordena liquidar el repago de la deuda y otro artículo, impediría a la JSF “atender bajo su discreción, querer establecer, reprogramar estatutariamente a su discreción contribuciones que ya se habían aprobado mediante legislación”. El senador popular también dijo que “el artículo 8 le ordenaría al Secretario de Hacienda suspender inmediatamente el cobro del arbitrio”.

Según dispone la pieza legislativa “no se justifica el cobro del impuesto establecido mediante la Ley 1-2015 puesto que la deuda que se garantizaba por esos ingresos, será satisfecha totalmente por el privatizador” de las carreteras y autopistas mediante la reciente Alianza Público Privada. La pieza legislativa eliminaría el aumento en el arbitrio de $9.50 dólares por barril de crudo que se había dispuesto mediante la Ley 1-2015.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón elogió el acuerdo fraternal al que llegaron Vargas Vidot y Aponte Dalmau para la aprobación de la medida.

“Sin embargo, hubiera preferido que se celebrara una vista pública en la que pudiéramos precisar el importe del que estamos hablando, cuáles son las sumas precisas y sobre todo, cuál es el fin al que se ha estado destinando aquella parte de estas contribuciones que en conjunto conocemos como la crudita. Hay versiones encontradas en la opinion pública y me parece que una vista hubiera sido importante para que la medida se procesara con aboluta transparencia”, argumentó la legisladora.

Dijo asimismo, que “se ha incorporado al 776 una de las cláusulas del 1383, que me parece muy importante que es la declaración de este cuerpo de que la Junta de Control Fiscal no posee la capacidad jurídica para reprogramar a su discreción fondos públicos provenientes de contribuciones aprobadas por el gobierno de Puerto Rico”.

Santiago Negrón indicó que “hay que recordar que esa reprogramación la asumió también el Ejecutivo en lo que me parece también una acción más allá de las capacidades del Ejecutivo”.

“El gobernador (Pedro Pierluisi) ya había anticipado que la eliminación de la crudita era su plan b y que él prefería su plan de alivio contributivo. Tratándose de cantidades aparentemente similares las que están en juego, cerca $500 millones, me parecería una sabia determinación del señor gobernador preferir la eliminación de la crudita, que creo yo se encontraría con poca o ninguna oposición en el país, distinto a las propuestas de reforma contributiva cuyo trámite accidentado ya hemos visto y sería la manera más justa de llevar un alivio inmediato a la gente, sobre todo, a la gente más pobre. El efecto cascada que tiene el precio de la gasolina es algo que todos pagamos”, sostuvo la senadora del PIP.

“Lo que queremos es que un arbitrio que, a todas luces, cuando se formalice, que todavía no se ha formalizado el contrato para pagar la deuda, pues entonces se le haga justicia a la ciudadanía”, expresó por su parte, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz.