El Senado aprobó esta noche, con 19 votos a favor y 8 en contra, una versión enmendada del Proyecto de la Cámara 1003, que habilita el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) y que incluye una emisión de bonos de más de $7 mil millones, pagaderos a 30 años.

La medida, que regresa a la Cámara, recibió una veintena de páginas de enmiendas de la mayoría popular y algunas de la minoría novoprogresista. La pieza legislativa fue aprobada después de un debate de más de dos horas.

“Estas enmiendas no son otra cosa que una tarjeta de Navidad, no habrá dinero para pagarlas. Por por más bello que sea el documento no tiene posibilidades de que sea realidad”, expresó el senador independiente, José Vargas Vidot, quien pidió sin éxito, que las enmiendas se llevaran a votación antes de comenzar el debate.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau abrió el debate defendiendo la medida legislativa y en riposta a Vargas Vidot. “Esto no es la carta de Santa Clós ni la tarjeta de Navidad, ¿pero podemos pagar?”, replicó Dalmau Santiago

“Llegamos a un cero recortes y todavía no hay consenso porque para algunos aquí nunca va a ser suficiente”, dijo el líder legislativo, quien reclamó que “el solo bajar la deuda de $72 mil millones a $14 mil millones ya es un acuerdo para el País”. Dalmau Santiago dijo que aunque la medida fue enmendada en el Senado, había un acuerdo de concurrencia con la Cámara.

“El Presidente del Senado dijo que quién se atrevía a votar en contra de este proyecto, pues aquí estoy yo en contra. No confío y llevo días estudiando las diferentes versiones. ¿Por qué cada día que tenemos que resolver un problema fiscal miramos hacia las pensiones? ¿Por qué cada vez que tenemos que cuadra algo tenemos que mirar al dinerito de los más vulnerables? Las malas decisiones no son culpa de ellos”, cuestionó el senador novoprogresista Henry Neumann.

“No confío ni en la Junta, en el tribunal, en la legislatura de Estados Unidos, que nos tiene como ciudadanos de segunda clase y no hace nada por eso”, indicó Neumann.

Vargas Vidot cuestionó el trámite rápido de la medida y lo comparó con la aprobación del proyecto que dio pie a la aprobación de los bonos de Cofina. “Si se sabe que vamos a quebrar con esto nuevamente por qué apoyarlo. Este plan tiene repagos de intereses de más del 5 por ciento”, inquirió el senador independiente, quien consignó su voto en contra.

“La pobreza de esos que están allá arriba (los pensionados en las gradas) y para muchos de los que nos ven representa la jauja para algunos. Todos se llevan su parte y participan del esquema de puertas giratorias por eso esa deuda extra constitucional no se audita y es un negocio redondo. Es la condena a la pobreza de los que todavía están trabajando. La negociación de Cofina nos endeudó por 800 mil millones al año y con el PC 1003 pasaremos de mil millones al año”, expresó la senadora del Partido Independentista (PIP), María de Lourdes Santiago.

Agregó que con el P.C. 1003 “va a morir por la mano legislativa, no del tribunal la Ley de Retiro Digno”.

También se expresó en contra la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve. “La información que se ha dado es incorrecta”, dijo para agregar que analizó el documento del PAD y le garantiza a los bonistas una recuperación de entre 75 y 88 por ciento de la inversión. “Estoy hablando del Plan de Ajuste no de la lista de sueños. Estoy hablando de la realidad”, sostuvo la legisladora.

“No solo esto es la tarjeta de Navidad con la cartita a los Reyes Magos, es la cartita que se le pone al ratoncito cuando se caen los dientes de leche”, dijo la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén.

Defender la Ley de Retiro Digno es el deber de esta Legislatura y no es lo que dice el proyecto”, sostuvo Rivera Lass

Por su parte, el senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez dijo que con la emisión de bonos se está renegociando la deuda. “Se trata de un intercambio. Es para sustituir la deuda original de $33 mil millones. No va a entrar dinero nuevo a Hacienda”, explicó el senador.

Las enmiendas incluyen una cláusula específica dirigida a evitar recortes a las pensiones del 100% de los retirados. “Esta protección estaría establecida en la presente legislación y en cualquier legislación futura”, precisa la medida.

Incluye una asignación fija de $500 millones de presupuesto para la Universidad de Puerto Rico por un periodo de cinco años, congelando los recortes programados. “Esta meta tiene el prop6sito de conservar la capacidad de la UPR para llevar a cabo su vital misión educativa y asegurando los recursos necesarios para garantizar la acreditación de todos sus programas y lograr un acceso justo para aquellos estudiantes que tengan necesidades económicas”, sostiene la pieza legislativa enmendada, que también crea el Fondo Fiduciario de Becas Universitarias.

La iniciativa busca crear un fideicomiso de inversión para preservar el capital que se otorgaría para las becas de los estudiantes de la UPR, según la disponibilidad de los fondos.

Otra de las enmiendas, busca proteger la totalidad de las aportaciones a los planes médicos de los empleados del gobierno central, evitando los recortes propuestos. Según la medida, beneficiaría a a más de 60 mil trabajadores y tiene el propósito de identificar los fondos que eviten la reducción de las aportaciones a los planes de salud de los empleados públicos del gobierno central para sus seguros m6dicos.

En torno a la situación fiscal de los municipios, la pieza legislativa enmendada dispone que se asignarán “los fondos necesarios para los municipios” a fin de otorgarles estabilidad fiscal y la continuidad de los servicios esenciales que ofrecen. Específicamente, la legislatura propone que las partidas no utilizadas para el pago de las obligaciones de deuda municipal luego de la adopción del plan de ajuste, reviertan a los municipios.

Igualmente, endosa la creación de un fondo especial para combatir la pobreza y la desigualdad social, que sería legislado próximamente.

Además, según la disponibilidad de fondos, se establece la meta de extender y/o facilitar el acceso a cubiertas médicas a unos 225,000 ciudadanos que hoy carecen de planes médicos.