El Senado aprobó este jueves el polémico Proyecto del Senado 1, que busca establecer la “Ley Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, y que se ha dado a conocer popularmente conocida como ley de libertad religiosa.

La medida contó con el respaldo de la delegación de mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), así como de algunos senadores de las minorías. Se opusieron los dos legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), la senadora Ada Álvarez Conde, del Partido Popular Democrático (PPD) y el independiente Eliezer Molina Pérez. El senador popular Javier Hernández emitió un voto de abstención.

El presidente del senado Thomás Rivera Schatz, autor de la medida, aseguró que, contrario a las expresiones en contra, el proyecto no quita derechos a nadie, y agregó que, con el mismo, cumplen una promesa de campaña hecha a sectores que reclamaban que se protegiera su derecho a la libertad religiosa.

“El proyecto deja, claramente, que en una circunstancia donde no haya ningún otro remedio va a prevalecer siempre el deseo de servir y de atender la necesidad de un ciudadano. ¿Qué más cristiano que eso?”, afirmó.

“Puerto Rico comienza a tomar la ruta correcta de los principios, de los valores, de la sensatez, de la prudencia, de la justicia en todos los sectores, y este es uno de los proyectos que mueve esa agenda que tenemos… Muy pronto se convertirá en ley, por fin, el derecho a la libertad religiosa”, aseguró Rivera Schatz.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, coautora de la medida, sostuvo que, aunque sus críticos aseguran que permitiría discriminar, el proyecto hace “todo lo contrario” y, “al amparo de la libertad religiosa promueve el respeto a la dignidad humana, partiendo de la pluralidad religiosa”.

Insistió en que la medida, en su artículo 16, establece que no se podrá discriminar a ninguna persona.

“Nadie se va a quedar sin recibir los servicios por parte del gobierno. Más claro, imposible. Pero, en la medida que se pueda garantizar el ofrecimiento de esos servicios, y a la misma vez garantizar un acomodo razonable de aquella persona que lo pida al amparo de la libertad religiosa, se deben hacer ambas cosas”, afirmó.

El senador independiente Eliezer Molina Pérez, con un nudo en la garganta, contó la trágica experiencia que vivió en su familia “muy religiosa”, donde a un primo suyo ya fallecido, que era gay, su tío y sus primos lo golpeaban hasta sangrar “ejerciendo su libertad religiosa”. Agregó que, más allá de argumentos, la medida se trataba de “querer complacer unos sectores en busca de votos, y mientras eso ocurre, el que no piense como usted, pase al olvido”.

Dirigiéndose al sector de las gradas donde estaban miembros de la comunidad LGBTQ+ les dijo que podían contar con él y agregó que “les pido disculpas por todo el discrimen que tienen que soportar, y las agresiones, por culpa de la ignorancia de un sector que lamentablemente nos gobierna”.

Por su parte, la portavoz del PIP, María de Lourdes Santiago, alertó que la medida abría la puerta al discrimen, incluso en servicio esenciales como los servicios de salud, algo que ya ocurre, pero al menos “hoy existe la posibilidad de atender este asunto por la vía jurídica”.

“Pero en el momento que se apruebe el Proyecto del Senado número 1, repito, es la legalización absoluta del discrimen”, afirmó.

Alertó además sobre “los elementos de vaguedad” de la medida, desde el punto de vista legal, y sostuvo que termina estableciendo una “declaración explícita de que va a haber un sector con el privilegio de no cumplir con lo que dice la ley, una vez aleguen que así se lo requiere su creencia religiosa”. Indicó que el proyecto llega “al extremo de que se crea una causa de acción contra personas, trabajadores y trabajadoras públicas, si no acceden a la petición que haga una persona de ser eximido de una disposición legal o de permitir no dar un servicio”.

“Lejos de abonar a la convivencia de distintas expresiones de fe, es un proyecto que permite, y que, en algunos casos, como relaté en las escuelas, obliga a la identificación y a la segregación por creencias religiosas. Es un proyecto que permite, que fomenta, que promueve la distinción a base de creencias individuales y no de la creencia firme en que los derechos humanos nos deben cobijar a todos y a todas. La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño se opone a esta legalización del discrimen, se opone a la erradicación de la razón en el proceso legislativo, se opone a la erradicación del conocimiento y la sabiduría en nuestras escuelas, y le vota en contra”, insistió.

El senador Hernández, que trató infructuosamente de introducir enmiendas para dar protección a diversos grupos contra el discrimen, alertó que la protección de la libertad religiosa no podía hacerse “so pena de discriminar a aquellos que piensan distinto a nosotros”.

“Esta medida, so pretexto de nuestras creencias religiosas, utiliza el lenguaje, y lo abre para discriminación”, indicó.

Agregó que, en lo que respecta a las vacunas, la medida trae el riesgo de que “se ponen las creencias religiosas por encima de las políticas de salud pública colectivas y de servicios al público”.

También abordó la falta de claridad en cuanto al tema del “acomodo razonable” a quien lo reclame alegando su libertad religiosa. “Ajá, ¿y con qué se come eso? ¿Cómo lo vamos a atender? ¿Cuáles son las guías? Porque el diablo está en los detalles”, cuestionó, agregando que “si alguien discrimina o viola esta ley” lo terminaríamos pagando todos y no la persona que discriminó.

Además de establecer la “Ley Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, el PS 1 también busca enmendar el artículo 5 de la ley 25 de septiembre de 1983, conocida como la Ley de las Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Preescolares y Estudiantes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para que se reconozca que la excepción por libertad religiosa no podrá ser dejada sin efecto a menos que medie el consentimiento informado de los padres; que las protecciones constitucionales de libertad religiosa no serán condicionadas a recibir ayuda estatal o federal para cursar estudios en las escuelas o colegios privados de Puerto Rico; que el estado no podrá imponer sanciones que incluyan multas o cárcel a ningún padre, madre o tutor(a) legal que, a base de su libertad religiosa decida no vacunar a sus hijos (as).

También añade un nuevo artículo 5ª a la Ley 25 de septiembre de 1983, para que se requiera que en el proceso de vacunación de todo estudiante a ser admitido(a) o matriculado(a) en una escuela o Centro de Tratamiento Social, se le provea al padre, madre o tutor(a) legal la data que contenga los compuestos de cada una de las vacunas, los beneficios, los efectos secundarios y efectos adversos a corto, mediano y largo plazo para que el padre, madre o tutor(a) legal pueda decidir qué vacuna o vacunas su hijo(a) va a recibir y para otros asuntos relacionados; y derogar la Ley de Libertad Religiosa de los Estudiantes del Sistema Público de Enseñanza y para otros asuntos relacionados.

Además del PS 1, el senado aprobó sobre una quincena de medidas legislativas, entre ellas el PS 350, que busca establecer la “Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de edad en Puerto Rico”, que prohibiría las cirugías y tratamientos de afirmación de género en menores de 21 años.

Rechazo de comunidad LGBTQ+

De inmediato, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció la aprobación de la medida, que consideraron daría “licencia para discriminar” bajo el pretexto de la libertad religiosa.

“Parece mentira que el Senado aprobara una medida tan discriminatoria, cruel e inhumana. Esta medida abre la puerta para que los servidores públicos usen la excusa de su libertad religiosa para que se puedan negar a atender a ciudadanos que van a buscar servicios al gobierno. Como si fuera poco, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales. Esto es inaudito“, refutó Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

Por su parte, Ivana Fred Millán, directora de la Federación, condenó que “senadores y senadoras del PNP se les olvida que tienen personas LGBTQ+ que son miembros de su partido y de sus familias, que les dieron sus votos, que trabajaron para que ellos salieran electos”.

“No sé con qué cara mirarán a sus familiares, correligionarios y amigos que son de la comunidad LGBTQ+”, sentenció.

A su vez, Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación, sostuvo que el eliminar la identidad de género como una categoría protegida de discrimen en la medida le echa “sal a la herida”, pues pone “en un mayor estado de vulnerabilidad a las personas trans en Puerto Rico, abriendo, de par en par, las puertas al discrimen legalizado”.

“Exhortamos a la Cámara de Representantes a que no dé paso a un proyecto que abre la puerta al discrimen, al odio y la exclusión. Exigimos vistas públicas camerales para que los y las representantes puedan conocer los alcances peligrosos de esta medida. En sus manos está que las garantías de igualdad y dignidad, prometidas por nuestra Constitución, se cumplan”, recabaron los portavoces.