La Administración de Servicios Generales (ASG) advirtió al Departamento de Seguridad Pública (DSP) sobre las posibles consecuencias de la cancelación tardía de la compra de la guagua blindada que, junto a La Fortaleza, tramitaron para el uso del renunciante gobernador, Ricardo Roselló.

La agencia recibió ayer una escueta comunicación en la que expresaban su intención de cancelar la adquisición de la Chevrolet Suburban 2018, adquirida por la Oficina del Gobernador en consulta con Seguridad Pública.

“En esta gestión, el gobierno de Puerto Rico ha desembolsado $224,100 hasta el presente. Existen, además, sumas adicionales pendientes de pago que reclama la empresa, como resultado de negociaciones y cambios de orden posteriores a la adquisición original. La solicitud del DSP de cancelar la transacción, en esta etapa, acarrea consecuencias fiscales y la posibilidad de perder fondos públicos invertidos para la compra de este vehículo. A esto se suma, que un trámite de cancelación de un contrato podría acarrear posibles consecuencias legales que ameritan un análisis responsable”, advirtió en declaraciones escritas la directora de Servicios Generales, Karla Mercado.

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La funcionaria indicó que, desde el pasado 3 de junio y por los siguientes seis meses, la ASG ha estado intentando obtener los detalles de esta compra en vías de velar por la correcta utilización de los recursos del gobierno. En una comunicación, cursada por el pasado administrador de la agencia, Ottmar Chávez Piñeiro, se le orientó al actual secretario de Seguridad Publica, Pedro Janer, sobre el proceso a seguir en caso de requerir la cancelación de la adquisición.

“En innumerables ocasiones, en reuniones sostenidas con el DSP se le ha solicitado el expediente oficial y posición de la agencia sobre esta compra. Lo anterior, con el propósito de que la Administración pueda estar en una posición informada sobre las gestiones y acuerdos alcanzados con la compañía Texas Armoring. El hermetismo y la limitada comunicación de parte del DSP, ha dificultado las funciones de la ASG sobre este proceso”, declaró Mercado.

Mercado indicó que aún esperan porque Seguridad Pública atienda sus requerimientos y provea copia certificada del expediente con todos los trámites y negociaciones realizadas

“La solicitud de cancelación recibida ayer no provee información suficiente para que en la ASG pueda llegar a una conclusión responsable. Hoy, cursamos respuesta al secretario del DSP advirtiéndole de las posibles consecuencias de su solicitud de cancelación y requiriéndole una vez más, que nos provea todos los documentos necesarios para poder realizar un análisis profundo y serio. Esto es esencial para que la ASG pueda colocar a la gobernadora, en posición de determinar la política pública en torno a este proceso, tomando en consideración la posible pérdida de fondos públicos y las potenciales consecuencias legales que podría enfrentar el Gobierno de Puerto Rico. Sin lugar a duda, la situación la resolveremos sin dilaciones adicionales a las provocadas”, puntualizó la también principal oficial de compras del gobierno.