El director del “task force” médico Segundo Rodríguez y el exjefe de la Administración de Transporte Marítimo, Juan Maldonado, serán citados a las vistas investigativas de la Cámara de Representantes sobre la compra irregular de pruebas rápidas del COVID-19, mediante un contrato de $38 millones, que tuvo que ser cancelado porque los kits no llegaban y tampoco tenían el aval de la Administración Federal de Drogas (FDA, en inglés).

“Vamos a citar a todas las personas, sin excepción de nadie, que nosotros entendamos que deben acudir a testificar y ayudarnos a esclarecer todas estas denuncias”, dijo en entrevista con Primera Hora, Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud, que conduce la investigación legislativa.

El legislador indicó que la exsecretaria auxiliar de Administración del Departamento de Salud, Adil Rosa, quien evalúa un ofrecimiento de inmunidad que le hizo anoche la comisión cameral, declaró que el doctor Rodríguez le ordenó que comprara un millón de pruebas rápidas a la compañía Apex, a un costo de $38 millones, a pesar de que había ofertas más baratas.

Según la funcionaria, que declara bajo juramento, Rodríguez le pidió que tramitara la cotización que le había sometido por email, Juan Maldonado de Apex, el pasado 26 de marzo.

De acuerdo con Rosa, el doctor Rodríguez le dijo que llamara al laboratorio Quest para que las primeras 500 pruebas fueran entregadas no en Salud, sino en las oficinas del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), por encima de las directrices de la entonces secretaria interina, Concepción Quiñones de Longo.

Morales dijo, además, que el doctor Juan Salgado, también integrante del “task force” -y mencionado en los testimonios bajo juramento sobre la cuestionable compra-, igualmente será citado a comparecer a las vistas camerales.

El legislador indicó que la fecha de estas citaciones va a depender del giro que tome mañana la investigación legislativa, pues Rosa, quien está citada para las 9:00 a.m., tiene que responder a un ofrecimiento de inmunidad legislativa que le hizo la Comisión de Salud.

Ésta entró en contradicciones en su testimonio anoche ya que en la misma silla, en el salón de audiencias 1, del Sótano de Capitolio, la analista “de compras” de Salud, Mariel Rivera había declarado poco antes que la entonces secretaria auxiliar de Administración le instruyó a evaluar solamente la cotización de Maldonado para la compra de ventiladores y pruebas rápidas.

Rosa alegó que la agencia había considerado otras cotizaciones, pero Morales la confrontó con los documentos, cuyas fechas, eran con posterioridad a la transacción con Apex, que se concretó en “fast track” el pasado 26 de marzo. Trascendió que una de las ofertas, que no fue considerada, era “mucho más barata”, pues ofrecía unas 500 mil pruebas a razón de $10 cada una.

El presidente de la Comisión de Salud explicó que si Rosa acepta continuar declarando con inmunidad, antes de otorgarle el privilegio para no autoincriminarse, la Comisión tiene que determinar qué ella les ofrece para esclarecer el alegado esquema irregular.

“Luego de nosotros escuchar lo que ella nos puede ofrecer, está en nuestra comisión determinar si merece que nosotros le otorguemos una inmunidad”, indicó para agregar, que si esa fuera la decisión, la Cámara en pleno tiene que autorizarlo.

Morales sostuvo que, si luego de escuchar a Rosa deniegan la oferta de inmunidad o si la funcionaria la rechazara, las vistas continúan mañana con su interrogatorio.

El legislador también dijo que el testimonio de la jefa de Compras de Salud, Diana Meléndez, quien ayer fue excusada y está pendiente, “es muy importante” para esclarecer los hechos.

Morales, por otra parte, rechazó las expresiones del jefe de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, Jorge Dávila, quien dijo que la investigación cameral “está amañada” y que busca favorecer a Pedro Pierluisi en la contienda primarista de la Palma.

En las vistas de ayer salió a relucir otro correo electrónico a la exjefa de Personal del Departamento de Salud, Mabel Cabeza, con fecha del 23 de marzo, de otro suplidor de pruebas rápidas que indica era referido por Dávila.

“Entiendo que ella puede aportar muchísimo más a esta investigación, muchísimo más de lo que ha hecho hasta ahora”, indicó Morales.

Subrayo que la abortada compra de estos rapid kits “no es la única” objeto de evaluación en la Comisión.

“Yo tengo otras órdenes compra que voy a estar cuestionando y van a ver las razones por las cuales hago los cuestionamientos”, dijo el legislador sin entrar en detalles.

“Son órdenes de compra con las que tengo serias dudas por la manera y forma en que se trabajaron”, afirmó el legislador novoprogresista.

Sobre la citación de Maldonado, dijo que éste deberá aclarar por qué el contrato de las pruebas aparece endosado por otra persona (Aaron Vick). “Vamos a ver eso y otras cosas que podían conllevar análisis para ver si se pudo haber cometido delito o no”, indicó.

Añadió que las vistas podrían prolongarse por varias semanas y dijo que la comisión legislativa está brindando información a las autoridades federales y al Departamento de Justicia.

Quiere “aclarar”

Horas después de que la Cámara expresó que citaría a Rodríguez Quilichini a las vistas investigativas sobre el intento de compra de pruebas rápidas de coronavirus a una empresa sin experiencia y con vínculos al Partido Nuevo Progresista, el también rector del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) indicó que “solicitó” que fuera citado.

“Le pido respetuosamente a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y a su presidente Hon. Juan Oscar Morales que se me brinde el espacio pertinente y se me cite para participar de las Vistas Públicas que se realizan para investigar la compra de pruebas de Covid-19, efectuadas por el Departamento de Salud. Considero meritorio aclarar la información que se ha divulgado recientemente”, expuso.

Tras las declaraciones en las vistas, que lo vinculan como parte responsable de la elección de la compañía, estudiantes y profesores del RCM han solicitado su renuncia. Asimismo, le han retirado la confianza.

“Se ha querido dar la impresión de que hubo una intención de lucro como resultado de esta transacción, y una intervención indebida en el proceso. Eso es completamente falso. La única motivación en la recomendación de la adquisición de pruebas ha sido que se adquieran con prontitud para que todas las personas que den positivo puedan ser aisladas y romper así la cadena de contagio”, aseguró el coordinador del task force médico.

El galeno cambió de tono recientemente ya que tras haber catalogado como un “chisme” la controversia de la adquisición de pruebas para detectar el coronavirus a sobreprecio y a empresas sin experiencia en el campo de la salud, pidió que se canalicen los señalamientos de posibles irregularidades a las agencias investigativas correspondientes.

“La responsabilidad de garantizar el funcionamiento de las pruebas, determinar si el costo era razonable y si la entidad vendedora contaba con el peritaje para cumplir con los requisitos legales y procesales para hacer este trámite le correspondía a la entonces Secretaria del Departamento de Salud. Esa responsabilidad es indelegable”, añadió.

Rodríguez Quilichini reiteró que no conoce a Juan Maldonado.

“Si alguien desea contradecir esta verdad que lo haga bajo juramento y no con alegaciones difamatorias. Lo digo antes y me reafirmo: Si alguien tiene información que demuestre la comisión de alguna actuación indebida, debe canalizarla con las autoridades pertinentes para que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias. Repudio contundentemente cualquier acción que se haya realizado contraria a la salud de la ciudadanía”, expuso el cirujano oncológico.