Secretario designado de Justicia no ha visto limitadas sus funciones por retraso en confirmación
Reveló que se ha reunido con varios legisladores de cara al proceso.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 3 años.
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El secretario designado del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, aseguró hoy que no se ha visto limitado en sus funciones por el retraso en su confirmación al cargo ya que su nombramiento fue hecho mientras la legislatura estaba en receso.
Sin embargo, opinó que siempre es materia de urgencia atender estos nombramientos de los miembros del gabinete para demostrarle al pueblo el dinamismo del nuevo gobierno.
“Urgencia siempre hay número uno para la rama legislativa llevar a cabo su función de consentimiento, numero dos para que el gobernador pueda ver nombrado uno de sus miembros del gabinete, en este caso uno de los miembros de su gabinete constitucional y lo más importante es para que el pueblo puertorriqueño tenga una certeza de que el gobierno está corriendo ágilmente y que los nombramientos se están atendiendo rápidamente”, respondió Emanuelli.
Aseguró que ya hizo entrega de los documentos que le ha requerido la Comisión de Nombramientos del Senado, donde ha visto “celeridad” en el proceso.
También aseguró que se ha reunido con numerosos legisladores porque comprende la obligación que le confiere el sistema democrático para evaluar su capacidad para ocupar el cargo.
Mencionó que sostuvo reuniones con el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, con la vicepresidenta Marialy González Huertas, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Henry Newmann y las senadoras Ana Irma Rivera Lassén del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño. También tiene cita con el senador del MVC, Rafael Bernabe Riefkohl.
En otros temas, el funcionario indicó que no ha terminado con su evaluación del caso de un presunto fraude al programa federal de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) que involucra a dos alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola.
“Voy a evaluar ese caso nuevamente porque yo quiero tirar una sola línea que el trato que yo le dé al estudiante de determinado colegio privado sea el mismo trato que yo le de al estudiante de escuela púlica, al desempleado, al que vive en la casa más cara o el que vive en la casa más económica....tan pronto yo haga esa evaluación lo haré publicamente”, se reafirmó.
Sus expresiones fueron hechas al culminar una conferencia de prensa en la que anunció la radicación de una demanda contra la compañía Texas Armoring Corporation y su principal ejecutivo por nulidad y cobro de los indebido relacionado a la guagua blindada adquirida para el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.