El secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, solicitó esta mañana tiempo adicional indefinido para expresarse en torno a dos proyectos de ley del Senado con que se busca retrotraer el estado de derecho laboral al vigente antes de la llamada Reforma Laboral del 2017.

Sin embargo, su representante en una vista pública esta mañana en el Senado proclamó que ninguna jurisdicción en Estados Unidos les reconoce tantos derechos a los trabajadores como Puerto Rico y argumentó que, si los trabajadores abandonan la isla, no es por falta de beneficios, sino de salarios adecuados.

“Es la jurisdicción con mayores beneficios”, dijo Naihomy Rivera Álamo, procuradora del Trabajo, en una vista pública de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado.

Rivera Álamo se refirió en su aseveración a beneficios como acumulación de días de enfermedad, vacaciones, horas para ingerir alimentos y licencias de maternidad y paternidad. La funcionaria acudió a la audiencia en sustitución de Rivera Santiago, quien se excusó con la presidenta de la comisión, Ana Irma Rivera Lassén, al sostener que a esa misma hora participaría de otra vista pública en el Senado.

Sin embargo, este medio corroboró que Rivera Santiago tampoco se presentó a esa otra audiencia de la Comisión de Gobierno.

“Si se van, no es por falta de beneficios. Antes de la Reforma laboral la tasa de participación laboral era igual o peor. Algo está pasando… no es por falta de beneficios, es por salarios”, insistió Rivera Álamo.

En su ponencia escrita, Rivera Santiago sí argumentó que está “inmerso” en un proceso de consulta con patronos y sindicatos en torno a posibles cambios a la Ley 4-2017 (Reforma Laboral), pero Rivera Álamo, a preguntas de la senadora María de Lourdes Santiago, no pudo precisar con qué gremios o patronos se ha reunido su jefe, cuándo comenzaron esas reuniones o cuándo finalizarían.

Sí dio a entrever que su jefe no se expresaría públicamente en torno a posibles cambios a la Ley 4-2017 porque su participación en el diálogo es similar a su rol como mediador en una negociación colectiva y que ese rol estaría en peligro si se expresa.

En la vista pública se atenderían hoy dos medidas: los proyectos del Senado 91 y 123.

El PS91 es de la autoría de la senadora Santiago y, en apretada síntesis, mejora los beneficios laborales en áreas como horas extra y su método para calcularlo, en la confección de la semana laboral, en la acumulación de vacaciones y días de enfermedad, en el pago del bono, en el pago sin justa causa y en el periodo probatorio.

El PS 123, de la autoría Rivera Lassén y Rafael Bernabe, contiene lineamentos muy similares.

Rivera Álamo indicó que el DTRH no cuenta con estudios que revelen la efectividad de los cambios introducidos al esto de derecho laboral con la Ley 4-2017 y solo se refirió a unos informes que presenta la agencia en ambos cuerpos legislativos sobre cómo se ha comportado estadísticamente el campo laboral en cada año fiscal. Sin embargo, en la ponencia de Rivera Santiago el funcionario afirmó que la Ley 4-2017 respondió a un “llamado” del sector privado que argumentó que las leyes entonces vigentes no incentivaban la creación de empleos y no les permitían “innovar, crecer y competir” y que las leyes entonces vigentes no eran compatibles con los estados con que Puerto Rico “compite por talento e inversión”.

Luego Rivera Álamo trató de aclarar que Rivera Santiago se refería con esa aseveración a la Exposición de Motivos de uno de los proyectos en discusión y que no era la postura oficial de la agencia.

Sin embargo, en la misma ponencia Rivera Santiago dijo que el DTRH respalda evaluar enmiendas a la Ley 4-2017, pero que se necesita primero una serie de estudios económicos, aunque los beneficios marginales “no deben operar en detrimento” de los esfuerzos de creación de empleos.

“Nuestra preocupación obedece al hecho de que, al legislarse beneficios sin tomar en consideración su razonabilidad y el impacto económico que pueda representar, a la larga se comprometa más aun la estabilidad del mercado laboral y, por ende, los trabajadores actuales y la posibilidad de crear nuevos empleos…”, lee la ponencia de Rivera Santiago.

Rivera Lassén, Rafael Bernabe y María de Lourdes Santiago criticaron enérgicamente el que el DTRH no asumiera una postura concreta en cuanto a los proyectos en discusión, por lo que Rivera Lassén le dio cinco días a la agencia para que se pronuncie sobre ambas medidas. También exigió que Rivera Santiago conteste en o antes del viernes qué día estaría disponible para deponer la semana que viene entre el 13, el 14 y el 16 de abril.

El 13 de abril Rivera Santiago está citado a una vista pública en la Cámara donde también se discute la derogación de la Reforma Laboral.

A preguntas de Bernabe, Rivera Álamo dijo desconocer si la aprobación de la Ley 4-2017 se hizo con el beneficio de estudios económicos. Eso llevó al senador de Movimiento Victoria Ciudadana a cuestionar si el DTRH ha perdido su norte, que debe ser, según dijo, la defensa de los trabajadores. Esa aseveración fue secundada en su turno de preguntas por Rivera Lassén.

“Si la eliminación de esos derechos no estuvo basada en ningún estudio, me parece que el primer paso es regresar a esos derechos y entonces realizar el estudio”, dijo Bernabe, quien objetó el uso de la frase “sector privado”. A su juicio, quienes solicitaron el proyecto que se convirtió en la Ley 4-2017 fueron “los patronos”.

Rivera Álamo argumentó que economías como las de Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido reconocen derechos laborales superiores “pero sus economías están fortalecidas”. Acto seguido, señaló que en Estados Unidos “Las pocas (jurisdicciones) que dan algo” establecen categorías entre patronos como actividad económica y número de empleos y que esa práctica se debe implementar en la isla.

“Es increíble cómo se llegan a conclusiones sobre le necesidad de quitarles derechos a los trabajadores para ponernos a competir con las jurisdicciones ‘de las pocas que dan algo’”, intervino Rivera Lassén

A preguntas de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, Rivera Álamo no pudo afirmar si el estado de derecho laboral actual protege de manera más eficaz los derechos laborales y tampoco pudo afirmar si la creación de empleos está atada a la reducción de beneficios.

“No puedo decir que los números (laborales) cambiaron por la reforma”, dijo Rivera Álamo.

“Esto es una ponencia penosa. Hay cuatro generalidades que puede decir una persona y no reflejan el conocimiento que se supone que tenga el DTRH. La respuesta a dos propuestas legislativas es que reactivemos una comisión asesora… esto le falta la seriedad del Ejecutivo”, dijo Santiago.

La senadora hizo referencia a cómo en la ponencia de Rivera Santiago se le recuerda al Senado que, con la aprobación de una ley en el 2018 se creó una Comisión Asesora sobre Legislación Laboral. El ente tendría representación tanto del sector laboral, como el patronal, además de funcionarios del Ejecutivo. Los dos gobernadores del pasado cuatrienio nunca nombraron los representantes del sector gubernamental y la comisión nunca fue creada.