El contrato que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) firmó con una empresa que se dedicará a procesar los permisos que concede la agencia de manera electrónica “tiene unas cláusulas que entendemos que como están redactadas no atienden adecuadamente los intereses del pueblo de Puerto Rico”, alertó este martes el secretario Rafael Machargo, durante las vistas de transición.

El contrato con la firma XUVO es por $1 y lo firmó el exsecretario interino del DRNA, Armando Otero Pagán. El mismo contiene unas cláusulas que estipula que la empresa le cobrará al ciudadano que solicite los permisos por el servicio brindado. No se informó cuánto será esta cuota, aunque Machargo comentó que el cargo sería diferente por cada licencia o servicio solicitado.

Precisó que la empresa proyecta ganar unos $3 millones anuales al proveer estos servicios, cuya finalidad es agilizar el proceso de permisos.

Pero, lo más importante que destacó el titular, es que el acuerdo contiene una penalidad excesiva si el gobierno desea cancelarlo o por incumplimiento de contrato.

“Hay que pagar una penalidad de $50,000 por mes de vigencia que le quede a ese contrato. Eso podría ascender a una suma millonaria”, denunció, al explicar que el contrato incluye que el DRNA debe colaborar para que el trámite de los permisos se dé.

Dijo que si se protesta esa cláusula, entonces, el gobierno terminaría pagando $75,000 mensuales.

“Cuando asumí secretaría me causó preocupación”, explicó Machargo, al señalar que ha solicitado asesoría de otras agencias para atender la controversia.

“Hemos entrado en diálogos con el suplidor. Yo le he dicho que me preocupa esa cláusula… La cláusula como está no protege los intereses del pueblo de Puerto Rico”, añadió.

Ya el Departamento de Justicia recomendó renegociar este contrato. Por tal razón, es que esta otorgación de permisos de manera electrónica no se ha puesto en vigor, dijo.

Machargo también indicó que la agencia Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS) evaluó ese contrato, pero que no hay evidencia de que el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, le haya dado el visto bueno.

De hecho, Machargo reveló que PRITS firmó el mismo contrato para que la empresa en controversia provea el servicio de permisos electrónicos a otras agencias de gobierno.